¿Puede un jurista escribir una cosa en sus libros y resolver exactamente lo contrario cuando se convierte en juez?
¡Claro que puede! Lo que no puede es pretender que nadie se dé cuenta.
Ningún proceso es igual a otro. Eso lo sabemos. Pero tampoco puede utilizarse esa verdad elemental como excusa para justificar cualquier contradicción.
Porque una cosa es distinguir jurídicamente dos casos y otra muy distinta es cambiar de criterio según el lado del escritorio donde uno se encuentre.
En los libros, las garantías son sagradas. En el estrado, a veces parecen negociables.
En las conferencias se habla apasionadamente del debido proceso, del principio de confianza, de la imputación objetiva y de los límites de la responsabilidad penal.
Se escriben páginas enteras explicando que nadie debe responder penalmente por el simple hecho de ocupar un cargo, que la culpabilidad no se presume y que el Derecho Penal no puede construirse sobre responsabilidades automáticas.
¡Magnífico!
Pero cuando llega el momento de aplicar esos principios a un expediente concreto, algunos razonamientos académicos parecen sufrir una conveniente pérdida de memoria.
Entonces aparecen las explicaciones de siempre: que los hechos son diferentes, que las circunstancias cambiaron, que cada proceso tiene sus particularidades.
Perfecto. Pero explique cuáles son esas diferencias y por qué justifican una conclusión distinta.
Porque la independencia judicial no es una licencia para la incoherencia.
Y la sana crítica no significa que el juez pueda criticar sanamente sus propios libros mientras decide lo contrario sin ofrecer razones suficientes.
Un jurista tiene todo el derecho a cambiar de pensamiento. Incluso tiene derecho a equivocarse.
Lo que no tiene es derecho a exigir respeto intelectual para sus teorías mientras pretende que sus contradicciones judiciales queden fuera de todo cuestionamiento.
La toga no borra lo publicado.
El cargo no elimina la obligación de motivar.
Y una resolución judicial no adquiere coherencia simplemente porque termine con la expresión «Administrando justicia en nombre de la República».
La pregunta es sencilla:
¿Estamos frente a una verdadera distinción jurídica o ante una doctrina que se aplica cuando conviene y se abandona cuando incomoda?
Porque escribir sobre garantías procesales es relativamente fácil.
Defenderlas desde una cátedra resulta elegante.
Lo verdaderamente difícil es respetarlas cuando llega la hora de decidir.
Y allí es donde se conoce al jurista.
No por lo brillante de sus libros, sino por la consistencia de sus decisiones.

AL FINAL, EL PAPEL AGUANTA TODO. LO QUE NO DEBERÍA AGUANTARLO TODO ES EL DERECHO.

Miguel Ángel Rodríguez