En Colón, al ciudadano le piden paciencia mientras le consumen el combustible, le interrumpen la jornada y le repiten la verificación. A las autoridades debemos exigirles algo mucho más incómodo: resultados, respeto y explicaciones.
La discusión sobre los retenes tiene una dimensión que los informes policiales deberían medir: cuánto le cuesta a la población una estrategia que interrumpe su circulación. Cada minuto de espera afecta al trabajador, al transportista, al comerciante y a la familia que intenta regresar a casa.
Colón ha conocido oficiales con disposición para ganarse la confianza ciudadana. En ese reconocimiento incluyo a Carlos Rumbo, Mauricio Nelson, Luis de León, Porfirio Justavino y Aldo Macre. Lo que reivindico es su apertura al contacto con la comunidad: escuchar, recibir información útil y hacer sentir al ciudadano parte de la lucha contra la delincuencia.
Hay antecedentes públicos de esa orientación. Durante la transición entre Porfirio Justavino y Carlos Rumbo, la propia Policía informó sobre una rendición de cuentas a la comunidad y un llamado a mantener el apoyo ciudadano al nuevo jefe. Aldo Macre también destacó públicamente la importancia de las informaciones aportadas por la población.
Esa relación tiene valor. El vecino que confía puede advertir riesgos, aportar datos de calidad y colaborar con una investigación. Ganarse esa confianza exige criterio, constancia y respeto.
A mi juicio, la ortodoxia del retén que defiende Hermógenes Argüelles representa un retroceso frente a esa manera de ejercer la autoridad. Una conducción policial que convierte el control reiterado en respuesta habitual debe explicar la necesidad de cada intervención y la carga que impone al ciudadano.
¿Cuántas veces debe verificarse al mismo conductor? ¿Qué cambia entre una revisión y la siguiente? ¿Qué resultado adicional produce repetir el procedimiento?
Las autoridades han reportado capturas de personas requeridas y recuperación de armas. Esos resultados deben reconocerse y evaluarse. También deben explicar qué controles los produjeron, cuánto tiempo consumieron y si podían alcanzarse con una afectación menor a la población.
Califico de represiva una orientación que normaliza restricciones innecesarias y recibe la inconformidad ciudadana como un estorbo. Las intervenciones sobre reuniones pacíficas también deben justificarse: congregarse, expresarse y cuestionar a la autoridad son ejercicios de ciudadanía. Los artículos 27 y 38 de la Constitución protegen la circulación y la reunión, dentro de sus respectivos límites.
La factura económica tampoco puede esconderse. El precio máximo de la gasolina de 95 octanos en Colón pasó de B/.1.279 por litro, durante el período del 4 al 18 de septiembre, a B/.1.421 para el período del 16 al 30 de octubre de 2026. Entre ambos períodos, comprar cincuenta litros representa B/.7.10 adicionales.
Hagamos un cálculo ilustrativo: un vehículo que consuma un litro por hora mientras espera con el motor encendido y acumule treinta minutos diarios durante veintidós días gastaría once litros, equivalentes a B/.15.63 al precio indicado. Su conductor también habría perdido once horas. Este es un escenario hipotético, no una medición de las demoras en Colón.
Once horas tienen valor. Pueden representar carreras que un transportista deja de realizar, entregas demoradas o tiempo que una familia pierde. La institución contabiliza verificaciones; el ciudadano absorbe el costo.
Frente a ese malestar, el abogado y dirigente social Luis “Negrito” Castro, junto con transportistas y ciudadanos, impulsó una petición para regular los retenes. La prensa documentó en julio de 2026 la entrega al gobernador Julio Hernández de una nota acompañada de cinco mil firmas recogidas durante tres días.
Gobernador: ¿qué hizo con ellas?
¿Qué respuesta recibieron los firmantes? ¿Qué decisiones promovió? ¿Qué cambios consiguió? La ciudadanía merece conocer el recorrido de aquella petición y sus resultados.
Recibir un memorial es apenas el comienzo del trabajo. La presencia pública, las entrevistas y los anuncios deben corresponder a una gestión verificable. La taquilla política se vuelve obscena cuando pretende ocupar el lugar de los resultados.
El micrófono amplifica la voz; también puede dejar al descubierto la pobreza de una gestión cuando terminan las declaraciones y empiezan las preguntas concretas.
La responsabilidad alcanza a diputados, representantes y alcalde. ¿Qué han llevado a los períodos de incidencias? ¿Qué informes han solicitado? ¿Qué seguimiento han dado a las reclamaciones?
El alcalde Diógenes Galván sí cuestionó públicamente los retenes y anunció gestiones ante el ministro de Seguridad. Corresponde reconocerlo. También corresponde exigirle que explique qué consiguió después. Una declaración no agota la responsabilidad de un alcalde.
La docilidad de las autoridades civiles frente a decisiones policiales merece reproche. Cada restricción innecesaria que toleran la paga el ciudadano. Fiscalizar, exigir razones y obtener correcciones forman parte del compromiso político que deben asumir con Colón.
Elegimos mal cuando aceptamos que pedir el voto sea el momento de mayor compromiso de nuestros representantes. Las autoridades electas deben responder por la confianza recibida; las designadas, por la capacidad que prometen al aceptar el cargo.
Luis “Negrito” Castro y quienes firmaron pusieron una reclamación sobre la mesa. Ahora corresponde poner las respuestas sobre esa misma mesa.
Colón está pagando gasolina, tiempo y salarios públicos. Tiene derecho a exigir que quienes cobran por gobernar hagan un trabajo que se pueda ver, medir y defender sin esconderse detrás de un micrófono.
