Hace 123 años, mientras el pueblo colonense contribuía decisivamente a consolidar la separación de Panamá de Colombia, también se movían intereses contrarios a la naciente República. Había quienes defendían la soberanía y quienes anteponían sus conveniencias al destino nacional.
La historia de 1903 nos recuerda que no todos estaban del mismo lado de la patria.
Ciento veintitrés años después, los protagonistas han cambiado, pero las contradicciones parecen conservar una sorprendente vigencia.
El pasado 5 de noviembre, mientras Colón celebraba su contribución histórica al nacimiento de la República, alguien tuvo la ocurrencia de entregar la bandera provincial a Cobre Panamá, empresa vinculada al proyecto minero cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
¡Vaya manera de rendirle homenaje a la patria!
¿Quién, en su sano juicio, se atrevería a convertir una celebración de soberanía nacional en un escenario de reconocimiento público a una empresa asociada a uno de los conflictos sociales, ambientales y constitucionales más dolorosos de nuestra historia reciente?
¿Tan corta es nuestra memoria?
La lucha nacional contra el contrato minero de 2023 no fue una simple manifestación callejera. Fue un levantamiento ciudadano de enormes proporciones, marcado por enfrentamientos, detenciones, personas heridas y cuatro vidas perdidas.
Agustín Rodríguez Morales, Tomás Milton Cedeño García, Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodríguez Mendoza.
No son números de una estadística ni personajes secundarios de una controversia política. Son nombres de personas que perdieron la vida durante aquel período de movilización nacional.
Dos murieron atropellados en incidentes relacionados con el contexto de las protestas y otros dos fueron asesinados a tiros en Chame, mientras participaban en una manifestación.
Detrás de aquellos nombres quedaron familias, hogares de luto y una sociedad profundamente estremecida.
Hubo docentes que abandonaron sus aulas para defender sus convicciones, ciudadanos que resultaron lesionados, manifestantes detenidos y personas que denunciaron graves afectaciones físicas durante aquellas jornadas.
Y después de semejante tragedia, ¿a quién se le ocurrió que era apropiado entregar la bandera de Colón a Cobre Panamá?
¿Pensaron siquiera en las familias que enterraron a sus seres queridos?
¿En los maestros que marcharon? ¿En los ciudadanos que sacrificaron su tranquilidad y su integridad física? ¿En las generaciones que salieron a las calles convencidas de que estaban defendiendo el patrimonio natural de Panamá?
No se trata de atribuir a la empresa responsabilidad penal por aquellas muertes. Se trata de recordar el contexto histórico y humano de un conflicto que nadie tiene derecho a trivializar.
Porque la sangre derramada no desaparece con un discurso, ni las heridas de un pueblo se borran con una ceremonia protocolar.
Aquel conflicto también estuvo marcado por profundos cuestionamientos ambientales sobre la minería a cielo abierto, la destrucción de cobertura boscosa, la afectación de ecosistemas y los riesgos para las fuentes de agua, los animales y la biodiversidad.
Un país que vio a sus ciudadanos movilizarse masivamente para exigir la protección de sus recursos naturales merece algo más que actos oficiales donde se pretende normalizar, mediante honores patrióticos, aquello que provocó semejante confrontación nacional.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023. Aquello no fue una consigna de manifestantes ni un discurso electoral. Fue una decisión del máximo tribunal constitucional del país.
Sin embargo, apenas tres años después, alguien encontró apropiado colocar una bandera provincial en manos de una empresa que sigue representando para buena parte de la ciudadanía aquel doloroso episodio.
En 1903, la consolidación de la separación de Colombia exigió decisiones valientes frente a intereses enfrentados y lealtades divididas.
Hoy, la comparación resulta inevitable.
Los traidores de nuestra reflexión histórica eran quienes estaban dispuestos a sacrificar los intereses de la patria por sus conveniencias. Los de hoy no necesitan conspirar a escondidas ni transportar mensajes secretos. Basta con que utilicen los símbolos colectivos para rendir honores que contradicen la memoria y las convicciones de buena parte del pueblo.
¿Quién propuso semejante designación? ¿Quién la aprobó? ¿Qué méritos extraordinarios se valoraron? ¿Qué autoridad asumió la responsabilidad de otorgar la bandera de Colón a Cobre Panamá?
Porque aquí nadie puede esconderse detrás de una junta de festejos, una comisión organizadora o una decisión protocolar.
Y mientras nuestros jóvenes deportistas recibían merecidamente el Pabellón Nacional por sus triunfos internacionales, una empresa minera recibió también una distinción representativa de nuestra provincia.
¡Qué contraste tan vergonzoso!
Colón tiene educadores, médicos, científicos, bomberos, deportistas, trabajadores y ciudadanos que han dedicado su existencia al engrandecimiento de esta tierra.
¿Acaso se habían agotado los colonenses merecedores de semejante homenaje?
El 5 de noviembre no es una vitrina empresarial ni una oportunidad para rehabilitar imágenes corporativas mediante el uso de los símbolos patrióticos.
Es la fecha en que honramos a quienes contribuyeron decisivamente a consolidar nuestra existencia como República.
Y esa memoria merece respeto.
No se puede invocar la soberanía de 1903 mientras se ignora el significado de la movilización nacional de 2023.
No se puede hablar de patriotismo mientras se desprecia la sensibilidad de quienes perdieron familiares, resultaron heridos o dedicaron meses de lucha a defender sus convicciones.
Mucho menos se puede pretender que todos los colonenses aplaudamos semejante decisión.
Quienes dispusieron esa distinción tienen una explicación pendiente con la provincia.
Porque la bandera de Colón no pertenece a los funcionarios de turno, a los organizadores de ceremonias ni a los intereses empresariales. Pertenece a su pueblo.
Hace 123 años, nuestra historia quedó marcada por quienes contribuyeron a consolidar la República. También nos recuerda que los intereses particulares pueden enfrentarse al destino colectivo.
Hoy corresponde preguntarnos si quienes administran nuestros honores públicos comprenden siquiera el peso de esa historia.
Ayer alguien decidió homenajear a Cobre Panamá.
Pero nadie puede obligarnos a olvidar a Agustín, Tomás, Abdiel e Iván.
Esa es la contradicción que deberán explicar quienes tomaron la decisión.
Porque los pueblos pueden perdonar muchos errores, pero jamás deberían acostumbrarse a que sus símbolos sean utilizados para honrar aquello contra lo que ayer lucharon.
Y que no se equivoquen quienes confunden una tarima oficial con el tribunal de la historia.
La patria no se vende, la memoria no se negocia y la dignidad de Colón no se entrega como una cortesía protocolar.