1. ¡UNA ASAMBLEA CON PANTALONES!
Paraguay acaba de protagonizar un acontecimiento político que debería provocar una profunda reflexión en Panamá. Cuarenta y cuatro senadores votaron por destituir al presidente Santiago Peña. Ni el cargo, ni las influencias, ni las lealtades partidarias impidieron que el Congreso ejerciera sus atribuciones. ¡Qué contraste con aquellos parlamentos donde abundan los discursos sobre independencia, pero escasean las decisiones que incomodan al poder!

2. ¡71 DIPUTADOS Y TODAVÍA ESPERAMOS!
Panamá tiene una Asamblea Nacional de 71 diputados para una población de poco más de cuatro millones de habitantes. Paraguay, con una población mayor, cuenta con 45 senadores, de los cuales 44 votaron por destituir al presidente. Claro que Paraguay también tiene 80 diputados, pero la comparación deja una pregunta. ¿De qué sirve tener 71 representantes si la ciudadanía sigue reclamando una fiscalización más firme? Los pantalones no vienen incluidos con la credencial legislativa.

3. CUARENTA Y CUATRO Y NINGUNO SE RAJÓ
En Paraguay, los 44 senadores presentes respaldaron la destitución. En Panamá sería interesante observar cuántos diputados estarían dispuestos a enfrentar una decisión semejante sin consultar primero sus conveniencias partidarias. Porque una cosa es declararse independiente ante las cámaras y otra demostrarlo cuando el poder comienza a incomodarse.

4. COIBA, LA ISLA DEL OLVIDO
Mientras América Latina observa el debate constitucional paraguayo, Panamá mantiene sus propios cuestionamientos sobre la utilización de Coiba como centro de reclusión. La geografía no puede emplearse para debilitar el derecho de defensa, el contacto familiar ni el control judicial. Los detenidos no pierden su condición humana por encontrarse rodeados de agua. ¡Ni la Constitución deja de regir cuando termina la carretera!

5. SINDICALISTAS BAJO LA LUPA
En Panamá, organizaciones sindicales han denunciado persecuciones, detenciones y actuaciones estatales contra sus dirigentes. Toda investigación penal debe individualizar conductas y respetar garantías. Protestar contra una política pública no constituye, por sí solo, un delito. Una democracia debe poder soportar el desacuerdo sin transformar automáticamente al disidente en sospechoso.

6. EDUCADORES, PERO NO SUMISOS
Los docentes panameños han denunciado represalias y hostigamientos relacionados con su participación en protestas. En un país donde enseñar pensamiento crítico figura entre los objetivos educativos, resulta paradójico que quienes lo ejercen terminen enfrentando cuestionamientos por manifestarse. ¡Parece que algunos prefieren maestros que enseñen ciudadanía, pero que jamás la practiquen!

7. LAS BATAS BLANCAS TAMBIÉN TIENEN DERECHOS
Los profesionales de la medicina no están por encima de la ley, pero tampoco por debajo de ella. Las denuncias de procedimientos arbitrarios y afectaciones al debido proceso merecen una evaluación rigurosa. Una acusación no equivale a culpabilidad y la exposición pública jamás debería sustituir la investigación técnica.

8. EL BANCO QUE HIZO TEMBLAR EL PALACIO
La crisis de Ueno Bank puso bajo escrutinio los vínculos entre el poder político, los fondos públicos y el sistema financiero paraguayo. El resultado fue la destitución de un presidente y la apertura de actuaciones penales. En Panamá también corresponde exigir transparencia cuando se manejan recursos públicos. Porque el dinero del Estado pertenece a los ciudadanos, no a los gobernantes de turno.

9. FISCALIZAR NO ES PEDIR PERMISO
Los diputados no fueron elegidos para convertirse en espectadores del Ejecutivo. Su responsabilidad incluye exigir explicaciones, investigar irregularidades y controlar el uso de los fondos públicos. Una Asamblea que renuncia a incomodar al poder corre el riesgo de perder su razón de ser. ¡Para aplaudir decisiones no se necesitan 71 curules!

10. EL PODER NO TIENE ESCRITURA DE PROPIEDAD
Santiago Peña llegó a la Presidencia mediante el voto popular y fue separado mediante un procedimiento constitucional. Su responsabilidad penal tendrá que ser determinada con todas las garantías. La lección no consiste en celebrar condenas anticipadas, sino en recordar que ningún cargo público convierte a su ocupante en dueño del Estado.

11. LA CONSTITUCIÓN NO TIENE FAVORITOS
El debido proceso que merece un expresidente es exactamente el mismo que corresponde al sindicalista, al educador, al médico y a cualquier ciudadano. No existen garantías de primera clase para gobernantes y garantías de segunda para gobernados. Cuando la Constitución se aplica selectivamente, deja de funcionar como límite efectivo al poder.

12. ¡LOS PANTALONES NO SE COMPRAN CON PRESUPUESTO!
Una Asamblea puede disponer de edificios, asesores, vehículos, dietas y toda clase de privilegios. Nada de eso garantiza independencia. Paraguay acaba de colocar sobre la mesa una discusión que Panamá debería asumir con seriedad. La fortaleza de un parlamento no depende únicamente del número de sus integrantes, sino de su disposición a ejercer las facultades constitucionales.

LA ÚLTIMA CALENTURA
Paraguay tiene 45 senadores y 44 participaron en la destitución de un presidente. Panamá tiene 71 diputados. La diferencia no está solamente en los números.
Porque para ejercer autoridad no basta con tener una silla en la Asamblea. Hace falta tener pantalones para sentarse en ella sin arrodillarse ante el poder.

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