ISLA DE LAS PREGUNTAS
¡Ave María, qué novelón! Coiba volvió a ocupar los titulares. Lo que antes fue una colonia penal y después un símbolo de conservación ambiental vuelve a generar controversias penitenciarias. Y mientras las autoridades hablan de seguridad, las preguntas sobre las condiciones de reclusión siguen esperando respuestas.
BOLETO DE IDA
Dicen que trasladar detenidos a una isla permite reforzar la seguridad. Puede ser. Pero también convendría explicar cómo se garantizan las visitas familiares, las entrevistas reservadas con abogados y la comparecencia ante los tribunales. Porque la distancia geográfica no puede convertirse en distancia constitucional.
LA CORTE HABLÓ
El Pleno de la Corte Suprema declaró legal el traslado del exalcalde de Colón a Coiba. La decisión corresponde a un hábeas corpus correctivo y contó con un voto razonado. Ahora sería interesante conocer el alcance preciso de los argumentos judiciales. Una decisión sobre la legalidad del traslado no elimina las obligaciones permanentes del Estado respecto de las condiciones de detención.
EL JUEZ Y LA LANCHA
En septiembre, un juez de garantías impuso una multa al director del Servicio Nacional Aeronaval por no garantizar la comparecencia de un detenido desde Coiba a una audiencia en Colón. ¡Vaya asunto! El problema dejó de ser solamente cómo llegar a la isla y pasó a ser cómo garantizar que los procesos judiciales no queden varados en el mar.
PELIGROSIDAD POR DECRETO
Coiba recibió inicialmente a detenidos catalogados por las autoridades como de alta peligrosidad. Posteriormente fueron trasladadas personas investigadas por presuntos delitos contra la administración pública. La pregunta jurídica es inevitable. ¿Qué criterios técnicos e individuales se utilizan para determinar quién debe permanecer allí? Porque una clasificación penitenciaria exige fundamentos, no simples etiquetas.
LA PRESUNCIÓN NO SE AHOGA
Conviene recordar algo elemental. Una persona sometida a detención provisional no es una persona condenada. La prisión preventiva asegura fines procesales y no constituye una pena anticipada. Ni la gravedad de una investigación ni la notoriedad pública de un imputado autorizan a desconocer esa diferencia.
VISITAS A CONTROL REMOTO
Familiares de privados de libertad denunciaron dificultades para visitar a sus parientes en Coiba, y también se formularon quejas sobre el acceso de los defensores. La seguridad penitenciaria puede justificar controles, pero corresponde explicar cuáles son las alternativas efectivas para garantizar la comunicación y la defensa.
COIBA NO ES UN LIMBO JURÍDICO
El mar podrá separar la isla del continente, pero no separa a sus ocupantes de la Constitución. Toda restricción adicional debe tener fundamento legal, justificación y mecanismos de control. Y eso vale para cualquier privado de libertad, tenga apellido conocido o sea un ciudadano anónimo.
EL SECRETO MEJOR CUSTODIADO
Sería saludable que las autoridades publicaran información verificable sobre capacidad, atención médica, alimentación, acceso a defensa, visitas y mecanismos de supervisión. La seguridad puede exigir reserva sobre aspectos operativos, pero no convierte toda la gestión penitenciaria en información inaccesible.
TERMÓMETRO DIGITAL PANAMÁ
La justicia no termina donde comienza el mar.
