En el proceso penal, las oportunidades tienen un momento y los errores tienen consecuencias. La tentación comienza cuando alguien pretende que el calendario sea obligatorio para la defensa y orientativo para la acusación. Una justicia con semejante reloj tendría una puntualidad admirable: siempre llegaría a tiempo quien lo administra.
El episodio que motiva esta reflexión corresponde a una causa por violencia psicológica en Colón. Según el cuestionamiento formulado, se ofreció a un profesional distinto de la perito que realizó la evaluación y, después de superada la oportunidad de corrección, se intentó modificar ese ofrecimiento.
La palabra elegida para explicar semejante operación merece atención: subsanación. Tiene una elegancia extraordinaria. Pronunciada con suficiente solemnidad, podría hacer parecer que cambiar a una persona equivale a corregir una tilde.
Pero el expediente necesita algo más que buena dicción.
Un apellido mal escrito puede ser un error material cuando los demás datos identifican inequívocamente a la misma profesional. Ofrecer a una persona y después solicitar que comparezca otra plantea un problema diferente. Para resolverlo deben examinarse la acusación, el informe, la información entregada a la defensa y el momento de la solicitud.
La diferencia importa porque una perito tiene intervención, conocimientos y conclusiones propios. La defensa necesita saber quién entrevistó, qué instrumentos utilizó, cómo los aplicó y sobre qué antecedentes construyó su opinión. Compartir profesión o membrete institucional no convierte a dos especialistas en repuestos de oficina.
Incluso si la defensa conocía el informe, todavía corresponde establecer a quién se anunció para sustentarlo y qué posibilidades reales existieron de preparar su contradicción. El conocimiento de un documento y el ofrecimiento de una persona como medio de prueba son cuestiones relacionadas que requieren un examen propio.
Los artículos 340, 342, 345, 346 y 347 del Código Procesal Penal organizan el anuncio probatorio, el traslado a la defensa, las correcciones, la revelación de evidencias y la discusión de admisibilidad. Esa secuencia permite preparar la defensa y resolver las controversias en oportunidades determinadas.
Sería una curiosa innovación convertir cada objeción defensiva en una nueva oportunidad para reparar la acusación. El defensor estudiaría, descubriría el defecto y, como premio, entregaría gratuitamente las instrucciones para corregirlo. Además de defender a su cliente, terminaría contratado de oficio como corrector del Ministerio Público.
La jurisprudencia ofrece referencias concretas. En el fallo de 24 de octubre de 2022, entrada 63335-2022, el Pleno distinguió las correcciones de la acusación de la incorporación de pruebas que debieron anunciarse oportunamente. En aquel asunto se incorporaron tres testimonios sin la debida notificación a la defensa, con vulneración del debido proceso.
También resulta ilustrativa la sentencia de 15 de junio de 2023, entrada 42249-2023. En un supuesto distinto, el Pleno cuestionó que se ampliara una nulidad parcial durante una fase posterior de la audiencia. Ese criterio favoreció al Ministerio Público. Conviene recordarlo: “las garantías procesales conservan su significado cuando cambia la parte que las invoca”.
Ninguno de esos fallos permite decidir este episodio sin examinar sus particularidades. Sí obligan a tomar en serio la oportunidad procesal, la naturaleza del cambio y sus consecuencias para la defensa.
El juez debe exigir una explicación jurídica concreta. Si existe una rectificación admisible, corresponde justificarla. Si se pretende introducir una modificación sustancial fuera de oportunidad, corresponde identificar la norma que supuestamente la autoriza. El nombre que la parte coloque a su solicitud no sustituye ese análisis.
La investigación de la violencia psicológica merece especial cuidado. Las personas afectadas necesitan una respuesta seria, y quienes enfrentan una acusación tienen derecho a defenderse eficazmente. Una preparación probatoria deficiente perjudica la calidad de la justicia que todos necesitan.
Un error tampoco demuestra, por sí mismo, mala fe. La crítica más sólida identifica qué se hizo, cuándo se hizo y por qué resulta objetable. Atribuir intenciones sin acreditarlas debilitaría precisamente el rigor que aquí se reclama.
La Fiscalía dispone del poder de acusar. Ese poder exige preparación, objetividad y respeto por las reglas que reclama a los demás.
La subsanación tiene una función jurídica. Convertirla en una máquina para retroceder el tiempo sería una contribución extraordinaria a la ciencia, pero una pésima noticia para el debido proceso.
La libertad ajena merece una acusación revisada antes de presentarse. No puede quedar esperando la próxima edición del borrador.