Panamá parece estar recorriendo el camino inverso al que debería transitar una democracia comprometida con la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Mientras otros países latinoamericanos han desarrollado mecanismos de tutela constitucional con estructuras especializadas, nuestra justicia continúa sometiendo el amparo de garantías a un esquema jurisdiccional que merece una revisión profunda.
El problema no consiste únicamente en la cantidad de amparos rechazados, inadmitidos o denegados. La cuestión es mucho más grave y se encuentra en la propia concepción de la justicia constitucional, en los tribunales encargados de administrarla y en los criterios que utilizan para permitir o impedir el acceso del ciudadano a esta garantía.
En Panamá, el conocimiento de los amparos corresponde, según la autoridad demandada, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales superiores o a los juzgados de circuito, dentro de un sistema que atribuye esa competencia a los órganos judiciales que conocen asuntos civiles.
Y aquí surge nuestra primera crítica.
¿Tiene sentido que actuaciones de jueces penales, relacionadas con la libertad individual, el derecho de defensa, el debido proceso y otras garantías fundamentales, terminen sometidas al examen constitucional de magistrados cuya especialidad ordinaria es la jurisdicción civil?
No estamos cuestionando su investidura ni desconociendo sus conocimientos jurídicos. Estamos cuestionando un modelo de distribución de competencias que coloca en manos de tribunales no especializados en materia penal el control constitucional de decisiones adoptadas dentro de procesos penales.
En determinadas resoluciones pareciera advertirse una resistencia a examinar controversias provenientes de la jurisdicción penal, como si el amparo constituyera una carga adicional que debe despacharse mediante la aplicación rigurosa de los filtros de admisibilidad.
No afirmamos que esa sea la motivación de los magistrados. Pero la percepción existe y merece ser contrastada mediante el estudio de sus decisiones.
Lo que no puede aceptarse es que la especialidad del tribunal o la incomodidad que pueda generar una controversia penal terminen condicionando el acceso a la justicia constitucional.
La experiencia colombiana ofrece un contraste que Panamá debería estudiar.
Con la Constitución de 1991, Colombia desarrolló la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario de protección de derechos fundamentales. Los jueces de distintas jurisdicciones pueden conocer estas acciones y la Corte Constitucional, mediante la revisión eventual de sus decisiones, cumple una función esencial en la interpretación y unificación de la jurisprudencia constitucional.
No significa que Colombia haya eliminado todos los obstáculos procesales ni que toda tutela resulte favorable. Significa que construyó una estructura institucional orientada expresamente a la protección de los derechos fundamentales.
El modelo colombiano reconoce, además, la prevalencia del derecho sustancial, la celeridad y la eficacia como principios rectores de la tutela.
Panamá debería preguntarse cuánto de esa filosofía está realmente presente en la práctica de sus tribunales de amparo.
Porque aquí pareciera que algunos despachos han optado por una dirección diferente.
En lugar de procurar el examen de la posible lesión constitucional, pareciera que se busca primero el defecto procesal que permita rechazar la demanda.
Una insuficiencia en la exposición del concepto de infracción, una interpretación restrictiva de la definitividad, una discrepancia sobre el acto impugnable o una apreciación excesivamente rigurosa de la oportunidad procesal pueden convertirse en razones para cerrar las puertas del amparo.
Por supuesto que existen requisitos legales y jurisprudenciales que deben cumplirse. Nadie reclama que los tribunales admitan demandas manifiestamente improcedentes.
Lo cuestionable comienza cuando el formalismo se convierte en protagonista y el derecho fundamental presuntamente lesionado queda relegado a un segundo plano.
La justicia constitucional no debería convertirse en un concurso de habilidades procesales donde gana el tribunal que encuentra primero una razón para no conocer el reclamo.
Lo más preocupante es que Panamá ya había dado señales de avanzar hacia una interpretación más amplia y garantista del amparo.
La jurisprudencia constitucional, particularmente a partir de la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 21 de agosto de 2008, abrió la posibilidad de examinar actos capaces de lesionar, amenazar o menoscabar derechos fundamentales, superando una concepción excesivamente limitada de la tradicional orden de hacer o de no hacer.
Aquella evolución permitía pensar que el país avanzaba hacia una justicia constitucional más accesible y comprometida con la protección efectiva de los derechos humanos.
Sin embargo, diversos análisis doctrinales han advertido posteriores divergencias jurisprudenciales y el retorno de criterios restrictivos de admisibilidad.
Si los requisitos formales vuelven a imponerse sobre el examen razonable de las posibles violaciones constitucionales, no estaríamos frente a una evolución, sino ante un retroceso.
La comparación latinoamericana también obliga a mirar hacia Costa Rica, donde la Sala Constitucional constituye una estructura especializada para conocer, entre otros asuntos, recursos de amparo y hábeas corpus.
Son modelos distintos, con sus propias limitaciones, pero ambos plantean una reflexión necesaria.
¿Por qué Panamá continúa confiando la protección constitucional a un sistema de competencias distribuido entre tribunales cuya función ordinaria principal responde a otras especialidades?
¿No ha llegado el momento de discutir seriamente una jurisdicción constitucional especializada o, por lo menos, una reforma integral del procedimiento de amparo que privilegie el acceso efectivo a la tutela de los derechos?
La pregunta no debe incomodar a los magistrados. Debe comprometerlos.
Una justicia constitucional moderna no puede limitarse a custodiar los requisitos de entrada de sus propios tribunales. Su misión fundamental consiste en garantizar que los ciudadanos dispongan de un mecanismo sencillo, rápido y efectivo contra los actos que vulneren sus derechos.
Precisamente eso exige el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Y si Panamá pretende honrar ese compromiso, necesita examinar si su sistema de amparo está ofreciendo una protección real o si los obstáculos procesales están convirtiéndose en una barrera desproporcionada.
Tampoco ayuda la insuficiencia de estadísticas públicas desagregadas.
Durante 2025 se registraron 1,358 amparos ingresados y 1,261 resueltos. Pero esas cifras, por sí solas, no permiten conocer cuántos fueron admitidos, inadmitidos, concedidos o denegados después de examinar el fondo.
No podemos afirmar responsablemente un porcentaje nacional de rechazos sin disponer de esa información.
Lo que sí podemos exigir es transparencia, uniformidad jurisprudencial y una evaluación independiente del funcionamiento de la garantía.
Porque el problema no se resuelve contando expedientes.
Se resuelve determinando si el ciudadano que denuncia una violación constitucional consigue que su reclamación sea examinada con criterios compatibles con la finalidad protectora del amparo.
La Constitución no puede convertirse en un documento que proclama derechos mientras la práctica judicial multiplica los obstáculos para hacerlos valer.
Mucho menos puede admitirse que una decisión judicial presuntamente arbitraria permanezca al margen del control constitucional por una interpretación desproporcionada de los requisitos procesales.
No pretendemos que el amparo se convierta en una tercera instancia ni que sustituya los recursos ordinarios de la jurisdicción penal.
Lo que reclamamos es que la excepcionalidad del amparo no sea utilizada para desnaturalizar su finalidad.
Cuando existe una alegación seria, concreta y jurídicamente sustentada de violación de derechos fundamentales, la respuesta judicial debe ser compatible con la protección constitucional que justifica la existencia del mecanismo.
Panamá necesita discutir si debe mantener el modelo actual o avanzar hacia una justicia constitucional especializada, dotada de criterios uniformes, procedimientos eficaces y una verdadera vocación de tutela.
El país no puede conformarse con una justicia constitucional que parece avanzar en sus discursos mientras retrocede en sus criterios de admisibilidad.
Los magistrados tienen la obligación de aplicar la Constitución, pero también la responsabilidad institucional de evitar que las formalidades procesales terminen debilitando las garantías que están llamados a proteger.
Porque el amparo no fue concebido para facilitarle al tribunal una salida procesal.
Fue concebido para ofrecerle al ciudadano una respuesta frente al ejercicio arbitrario del poder.
Y cuando esa diferencia comienza a desdibujarse, el debate ya no es solamente jurídico.
Es un debate sobre la calidad de nuestra democracia, sobre la vigencia del Estado de derecho y sobre la confianza que los ciudadanos pueden depositar en sus instituciones.
Panamá necesita menos formalismo excluyente y más justicia constitucional efectiva.
Porque un amparo que se rechaza sin examinar una posible lesión fundamental puede dejar intacto el acto que precisamente debía ser sometido al control de la Constitución.
Y si ese fenómeno se convierte en una práctica sistemática, el país no estará fortaleciendo sus garantías.

Estará retrocediendo.