101 condenas anunciadas, 92 detenciones provisionales y 306 personas vinculadas a procesos. La Fiscalía Superior de Colón, dirigida por Dilsa Donado, exhibe números, pero sigue pendiente una discusión mucho más incómoda sobre la reutilización de testigos protegidos, la mala praxis investigativa, los jueces complacientes y las redes de influencia que pueden contaminar la administración de justicia.
La Fiscalía Superior de Colón parece tener motivos para celebrar. Ha divulgado cifras de condenas por homicidio y tentativa de homicidio que, presentadas convenientemente, proyectan una imagen de eficacia institucional.
Setenta y cinco condenas en la jurisdicción ordinaria y otras veintiséis en la jurisdicción penal de adolescentes. Un total de 101 sentencias condenatorias que seguramente lucen muy bien en cualquier informe de gestión.
Pero la justicia no es una vitrina de trofeos, ni las condenas son medallas que deban colgarse del pecho de quienes ejercen la persecución penal.
La pregunta no es solamente cuántas condenas se consiguieron, sino cómo se consiguieron.
Y allí comienza la parte de la historia que difícilmente aparece en los comunicados institucionales.
TESTIGOS PROTEGIDOS QUE PARECEN TENER DEMASIADAS HISTORIAS QUE CONTAR
Uno de los aspectos que merece un escrutinio especialmente riguroso es la reutilización de testigos protegidos en diferentes investigaciones.
La figura del testigo protegido no puede convertirse en una patente de credibilidad automática ni en un instrumento que dispense al Ministerio Público de su obligación de investigar.
Cuando una misma persona aparece declarando en distintos expedientes, corresponde examinar con especial cuidado qué conoce realmente, cómo obtuvo la información, qué beneficios ha recibido y cuáles son las corroboraciones independientes de sus afirmaciones.
¿Estamos frente a testigos que aportan información verificable o ante declaraciones que terminan adquiriendo valor simplemente porque provienen de una fuente presentada bajo reserva?
No afirmamos que todos esos testimonios sean falsos. Lo que cuestionamos es cualquier práctica que pretenda convertirlos en verdades incuestionables.
Un testigo protegido no es un testigo infalible. Y una declaración repetida mil veces no se convierte, por repetición, en prueba verdadera.
LA MALA PRAXIS NO DESAPARECE CON UNA SENTENCIA CONDENATORIA
También incomoda la posibilidad de que investigaciones deficientes terminen presentándose como ejemplos de eficiencia.
Una investigación penal no puede construirse seleccionando únicamente aquello que favorece la acusación y relegando todo lo que pueda demostrar la inocencia del investigado.
La objetividad no es una cortesía que la Fiscalía concede cuando le resulta conveniente. Es una obligación jurídica.
Las irregularidades en diligencias, las contradicciones testimoniales, las deficiencias en la preservación de evidencias y las restricciones indebidas al ejercicio de la defensa no pueden tratarse como simples molestias procesales.
Son cuestiones que comprometen la legitimidad de la persecución penal y que deben examinarse en cada caso.
La mala praxis no se convierte en buena práctica porque el expediente termine con una condena.
Y si una investigación fue desarrollada con vulneración de garantías fundamentales, ninguna campaña de relaciones públicas debería utilizarse para maquillar sus deficiencias.
JUECES DE GARANTÍAS O JUECES DE COMPLACENCIAS
El otro gran problema que debe discutirse es la independencia judicial.
En Colón, como en cualquier jurisdicción del país, resulta legítimo cuestionar aquellas decisiones en las que el control judicial parece insuficiente frente a las pretensiones del Ministerio Público.
La expresión jueces genuflexos resulta dura, pero refleja una preocupación que merece ser debatida sin hipocresías.
Un juez no está para inclinar la cabeza ante una solicitud fiscal, ni para convertir una audiencia de garantías en una ceremonia de aprobación de lo que pide la acusación.
Está para exigir fundamentos, controlar la legalidad y proteger los derechos constitucionales, incluso cuando hacerlo resulte impopular.
Si el fiscal acusa y el juez simplemente asiente, desaparece el verdadero control jurisdiccional.
Por supuesto, una resolución favorable a la Fiscalía no demuestra subordinación. Pero cuando se cuestiona una decisión por falta de motivación, insuficiente examen de las pruebas o ausencia de control efectivo, la respuesta debe encontrarse en sus fundamentos jurídicos y no en la autoridad de quien la dicta.
La independencia judicial no se presume intocable. Se demuestra todos los días, en cada audiencia y en cada resolución.
LAS REDES DE INFLUENCIA Y EL PELIGRO DE UNA JUSTICIA ENTRE CONOCIDOS
Otro asunto que no debe quedar escondido detrás de los comunicados oficiales es la posible influencia de redes de relaciones personales y profesionales en el funcionamiento de la justicia.
La cercanía entre funcionarios, las relaciones de confianza y los eventuales conflictos de interés no constituyen automáticamente conductas ilícitas.
Sin embargo, cuando esos vínculos pueden afectar la objetividad de una investigación o la apariencia de imparcialidad de una decisión, dejan de ser asuntos estrictamente privados y pasan a exigir transparencia institucional.
La justicia no puede funcionar como un círculo de amistades donde unos investigan, otros respaldan y nadie cuestiona.
No estamos afirmando que exista una red criminal o una estructura de manipulación judicial. Estamos señalando que cualquier indicio concreto de interferencia indebida debe investigarse, sin importar los cargos ni las relaciones personales de quienes puedan estar involucrados.
El Ministerio Público debe perseguir delitos, no proteger amistades. Y los jueces deben administrar justicia, no administrar complacencias.
DILSA DONADO Y LAS PREGUNTAS QUE NO CABEN EN UN COMUNICADO
La fiscal superior Dilsa Donado, como responsable de la dirección institucional de la Fiscalía en Colón, tiene ante sí preguntas que no pueden responderse con una simple suma de condenas.
¿Cuántos de los homicidios registrados durante 2026 han sido esclarecidos?
¿Cuántas de las 101 condenas anunciadas corresponden a hechos cometidos durante este mismo año?
¿Cuántas investigaciones permanecen sin resultados
¿Qué mecanismos existen para examinar la participación reiterada de testigos protegidos en diferentes expedientes?
¿Cómo se supervisan las prácticas investigativas y los posibles conflictos de interés?
¿Cuántas actuaciones fiscales han sido declaradas ilegales o han dado lugar a exclusiones probatorias?
Estas preguntas no constituyen ataques personales. Son exigencias legítimas de rendición de cuentas a una institución que ejerce uno de los poderes más delicados del Estado.
El poder de investigar, acusar y solicitar la privación de libertad de una persona exige algo más que buenos números.
Exige rigor, independencia, transparencia y respeto absoluto por la legalidad.
MENOS AUTOBOMBO Y MÁS JUSTICIA
Nadie pretende restar importancia a las condenas legítimamente obtenidas contra responsables de homicidios.
Las víctimas merecen justicia y la sociedad tiene derecho a exigir una respuesta penal eficaz.
Pero precisamente por la gravedad de esos delitos, la persecución penal no puede convertirse en un espectáculo de estadísticas.
La ciudadanía no necesita fiscales obsesionados con anunciar resultados, ni jueces cuya independencia pueda ponerse razonablemente en duda por la insuficiencia de sus decisiones.
Necesita investigaciones que resistan el contradictorio, pruebas que soporten el escrutinio de la defensa y sentencias que se sostengan por su fundamento jurídico, no por la presión institucional.
Porque una justicia que condena sin garantías no es más fuerte. Es una justicia que compromete su propia legitimidad.
La Fiscalía Superior de Colón puede continuar publicando cifras. Está en su derecho.
Pero también debe aceptar que esas cifras sean examinadas con severidad.
Que se cuestione la utilización de testigos protegidos.
Que se denuncie y documente la mala praxis.
Que se exija independencia a los jueces.
Y que se investigue cualquier interferencia indebida en los procesos penales.
Las estadísticas sirven para medir resultados. No para extender certificados de pureza institucional.
Colón no necesita una justicia que se felicite a sí misma mientras deja preguntas esenciales sin contestar.
Necesita una justicia que no tema ser fiscalizada, que no confunda autoridad con arbitrariedad y que comprenda que ninguna condena legítima necesita apoyarse en actuaciones irregulares.
Porque cuando la justicia se pone de rodillas ante cualquier poder, el primero que pierde es el ciudadano.
Y cuando una Fiscalía pretende que sus números hablen por ella, la sociedad tiene derecho a exigir que también hablen sus expedientes.

TERMÓMETRO DIGITAL PANAMÁ

Las condenas se cuentan. La legalidad se demuestra. Y la independencia judicial no admite rodilleras.