Son pocos, poquísimos, los cambios que ha realizado el gobierno de José Raúl Mulino que permitan hablar de una verdadera renovación de la administración pública. Sin embargo, entre las contadas excepciones, el relevo en el Ministerio de Educación parece haber introducido cierto refrescamiento institucional y, sobre todo, un ambiente diferente al que dejó la controvertida gestión de Lucy Molinar.
El ministro Ventura Vega, sin que todavía pueda hablarse de una transformación profunda del sistema educativo, ha mostrado una disposición distinta frente a los conflictos. Su acercamiento a las organizaciones magisteriales, la apertura al diálogo y la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos como la mediación constituyen señales que merecen reconocerse.
Eso no significa que la crisis esté superada. Todavía permanece una considerable cantidad de educadores separados de sus cargos, incluso en situaciones en las que se invocan decisiones favorables de la justicia constitucional cuyo cumplimiento debe examinarse. Mientras esas controversias no encuentren una solución efectiva, cualquier intento de reconciliación institucional seguirá siendo incompleto.
Pero hay una diferencia sustancial entre un funcionario que busca conversar para resolver y otro que parece encontrar en la confrontación su principal instrumento de gestión.
Al presidente Mulino se le advirtió reiteradamente sobre el perfil conflictivo de Lucy Molinar. Se cuestionó su idoneidad para conducir una cartera tan delicada y se le señaló que su estilo terminaría profundizando las diferencias con el sector docente.
Sin embargo, el mandatario insistió en mantenerla. La obstinación política terminó imponiéndose sobre la prudencia administrativa, hasta que la propia crisis de gestión desembocó en su salida del ministerio.
Y ahora resulta que aquello que parecía imposible comienza a encontrar otros caminos mediante la conversación.
El problema del gobierno de Mulino no parece ser únicamente la falta de funcionarios capaces, sino su resistencia a reconocer cuándo determinados nombramientos se han convertido en obstáculos para la propia administración.
Lo ocurrido en Educación debería servirle de lección. Pero, aparentemente, esa lección todavía no llega a Colón.
En nuestra provincia, la Junta Técnica continúa siendo, en términos generales, una estructura burocrática incapaz de responder satisfactoriamente a las necesidades de la población. Directores regionales distanciados de la realidad, funcionarios cuya gestión resulta prácticamente invisible y una coordinación institucional que difícilmente puede exhibir resultados colectivos contundentes.
Naturalmente, existen excepciones que sería injusto desconocer. Las direcciones regionales del Ministerio de Obras Públicas, ACODECO del IDAAN y de la Autoridad del Tránsito, entre otras, han mostrado actuaciones y resultados que merecen distinguirse de la mediocridad generalizada.
Pero esas excepciones no pueden utilizarse para maquillar el funcionamiento de una estructura provincial que necesita una revisión profunda.
Y si hablamos de responsabilidades, necesariamente debemos comenzar por la cabeza.
El gobernador Julio Hernández representa, a nuestro juicio, uno de los ejemplos más visibles de una gestión que privilegia la exposición pública (taquillaje) sobre los resultados concretos.
Mucha aparición, mucha declaración, mucha presencia ceremonial, pero escasa evidencia de una conducción efectiva de la Junta Técnica que permita identificar soluciones integrales a los problemas históricos de Colón.
Lo que menos se necesita en una provincia tan golpeada, es tener un gobernador dedicado a la taquilla, a las controversias estériles ni a cultivar protagonismos personales. Necesita una autoridad capaz de coordinar instituciones, exigir resultados, resolver conflictos y ejercer un liderazgo administrativo que vaya más allá de las fotografías y los discursos.
Porque gobernar no consiste en hablar más que los demás, sino en conseguir que las instituciones funcionen.
Lo preocupante es que el presidente Mulino parece repetir en Colón el mismo error que cometió con Educación. Mantener funcionarios cuestionados, resistirse a evaluar su desempeño y esperar que el tiempo resuelva aquello que exige decisiones políticas.
Ventura Vega, con todas las tareas pendientes y sin que corresponda extenderle todavía un certificado de eficiencia, está demostrando al menos que cambiar el método puede modificar el ambiente institucional.
En Colón, por el contrario, seguimos esperando que cambien el método, los resultados y, cuando corresponda, también a quienes ocupan los cargos.
Porque cuando la cabeza de una estructura administrativa funciona mal, no basta con pedirles eficiencia a sus subordinados. Hay que comenzar por revisar la cabeza.
Y en la Junta Técnica de Colón, esa revisión tiene nombre y apellido.
Julio Hernández.
Mientras el presidente Mulino no comprenda que la lealtad política jamás debe sustituir la capacidad administrativa, Colón seguirá padeciendo funcionarios que ocupan cargos, consumen presupuestos y acumulan fotografías, pero cuya gestión deja demasiadas preguntas y muy pocas respuestas.
Colon no necesita más funcionarios que aparenten gobernar. Necesita funcionarios que gobiernen.