El presidente José Raúl Mulino apareció finalmente en Colón, después de haber anunciado que no asistiría a los actos conmemorativos del 5 de noviembre. Según asistentes, permaneció apenas unos minutos en la tarima, sin que se haya establecido con precisión cuánto tiempo estuvo allí. Pero más allá de la brevedad de su presencia, la jornada dejó estampas que merecen atención, comenzando por el ambiente triste y desolador que algunos presentes describieron durante los actos iniciales.
El panorama institucional tampoco parecía particularmente cohesionado. Se observaba, según testimonios recogidos, un funcionariado disperso, distante de la comitiva principal, como si una barrera invisible separara a quienes ocupaban responsabilidades públicas. La escena recordó a algunos el efecto de una cebolla recién cortada, con todos procurando mantener distancia. No conocemos las razones de aquella disposición, pero sí la impresión de desconcierto que provocó entre quienes la presenciaron.
También llamó la atención la ausencia de buena parte de la representación legislativa colonense. Durante los actos observados los días 2, 3 y 5 de noviembre, la diputada Yamirelys Chong fue la única cuya participación pudo constatarse. El día 4 no hubo actos solemnes de esta naturaleza. De los restantes diputados no se reportó presencia durante las ceremonias observadas. Naturalmente, cada legislador decide cómo organizar su agenda, pero las ausencias plantean una interrogante política legítima. ¿Qué está ocurriendo entre el Ejecutivo y los diputados de Colón? ¿Se trató de compromisos particulares o existe algún distanciamiento que merezca explicación? Sin pruebas no corresponde atribuirles motivos, pero la coincidencia de las ausencias invita a preguntar.
Y durante el desfile apareció otra escena especialmente significativa. Según lo observado por asistentes, algunas delegaciones dirigían su saludo protocolar hacia una tarima ocupada por particulares cuya identidad y función institucional no resultaban claras para quienes presenciaban el acto. No había, en esos momentos, autoridades identificables que pudieran recibir y corresponder formalmente el saludo de los participantes.
La situación resulta aún más llamativa si se considera que se trataba de una tarima cuya instalación aparentaba ser costosa, aunque su valor real no ha sido acreditado. Una estructura destinada al ceremonial oficial, con delegaciones presentando sus respetos y sin una representación institucional claramente identificable para corresponderlos. El protocolo parecía continuar por inercia, aunque faltara una de sus piezas esenciales.
El episodio deja preguntas muy concretas. ¿Quiénes estaban autorizados para ocupar la tarima? ¿Qué autoridades debían permanecer allí durante el desfile? ¿Quién tenía la responsabilidad de organizar y supervisar el ceremonial? ¿Cuánto costó instalar aquella estructura y con cargo a qué presupuesto? Son datos que corresponde aclarar antes de establecer responsabilidades, pero la escena descrita evidencia la necesidad de examinar cómo se organizó el acto.
En cuanto a los proyectos para Colón, el presidente mencionó la ampliación de la Zona Libre, una propuesta que continúa necesitando explicaciones técnicas y financieras. No basta anunciar que podría autofinanciarse. Es necesario conocer su costo, alcance territorial, demanda comercial, cronograma y mecanismo de recuperación de la inversión. Particularmente, debe explicarse qué significa ampliar la Zona Libre cuando ya dispone de una extensión en France Field y cuáles serían los beneficios económicos adicionales para la provincia.
Algo semejante ocurre con la Casa Wilcox, inmueble histórico cuyo deterioro exige una respuesta urgente. Mulino habló de su recuperación, pero quedaron pendientes interrogantes sobre el presupuesto, el proyecto de intervención estructural, las fuentes de financiamiento y el calendario de ejecución. Una declaración presidencial puede expresar una intención; la recuperación efectiva de un patrimonio histórico requiere decisiones administrativas, estudios técnicos y recursos identificables.
Estas preguntas cobran mayor importancia ante las dificultades sociales y económicas de Colón. Según las cifras oficiales de septiembre de 2025, el desempleo provincial era del 11.4 % y alcanzaba el 27.5 % entre los jóvenes de 20 a 24 años. Durante los primeros nueve meses de 2026 se contabilizaron 77 víctimas de homicidio en la provincia. Son problemas que requieren políticas sostenidas y resultados medibles, independientemente de las ceremonias o de las agendas de las autoridades.
La Gobernación, la Junta Técnica y las instituciones encargadas de coordinar la presencia estatal en Colón tienen una responsabilidad concreta. Deben explicar cómo se ejecutan las decisiones gubernamentales, qué compromisos se han cumplido y cuáles siguen pendientes. Del mismo modo, quienes organizaron el desfile deben aclarar el funcionamiento del protocolo, la asignación de espacios oficiales y los recursos utilizados.
El 5 de noviembre recuerda la participación decisiva de Colón en los acontecimientos de 1903. Por eso, además de rendir homenaje al pasado, la celebración ofrece una oportunidad para examinar el presente de la provincia y el respeto institucional que se manifiesta en la organización de sus actos patrióticos.
Las delegaciones que desfilaron merecían encontrar una representación oficial reconocible que correspondiera sus saludos. Los ciudadanos merecen saber quiénes ocupaban aquella tarima y cuánto costó. Y los colonenses merecen conocer, con cifras y plazos verificables, el contenido real de los proyectos anunciados para su provincia.
Las ceremonias terminan, las comitivas se retiran y las tarimas se desmontan. Las preguntas sobre la gestión pública, los recursos utilizados y las necesidades de Colón permanecen.

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