Una investigación penal puede terminar legítimamente sin acusación. Lo que exige explicación es que el Estado intente cerrarla mediante un criterio de oportunidad cuya fundamentación resulta cuestionada judicialmente y, después de reabrirla, disponga su archivo. En el caso de Osvaldo Andrade, la discusión debe concentrarse en la coherencia de esas decisiones, la valoración de los elementos técnicos y la respuesta ofrecida a la víctima.

La resolución de archivo del 21 de agosto de 2025 contiene un antecedente particularmente relevante. Según su propio relato, mediante la Resolución No.108 del 17 de diciembre de 2024 se aplicó un criterio de oportunidad considerando que Andrade era responsable del hecho y que había sufrido un daño físico y moral grave. El documento también reconoce que se citó el artículo 275 del Código Procesal Penal, relativo al archivo, aunque se pretendía invocar el artículo 212, numeral 1, sobre el criterio de oportunidad.

No se trata solamente de revisar una cita equivocada. El problema alcanza la comprensión de la figura jurídica y la identificación de la persona respecto de la cual podía aplicarse.

El artículo 212, numeral 1, contempla el daño grave sufrido por el autor o partícipe del delito cuando ese sufrimiento hace innecesaria y desproporcionada una pena. Esta causal exige identificar al eventual destinatario de la sanción y explicar por qué las consecuencias que padeció justifican prescindir de ella.

Andrade comparecía como lesionado por un atropello. Considerarlo responsable de la dinámica del accidente no lo convertía automáticamente en autor de un delito. Si la conclusión fiscal era que su propia conducta explicaba las lesiones y que el conductor no había infringido un deber penalmente relevante, correspondía fundamentar esa conclusión. El daño sufrido por la víctima no podía utilizarse como si fuera el daño personal sufrido por el conductor investigado.

La diferencia es sustancial: una cosa es atribuir causalmente un accidente a determinada conducta y otra, jurídicamente distinta, identificar una conducta delictiva y justificar que se prescinda de perseguir a su autor.

Según la resolución de archivo, el juez de garantías cuestionó la motivación del criterio de oportunidad y señaló que el supuesto invocado correspondía al indiciado lesionado, no a la víctima. Dispuso entonces la reapertura de la investigación. Este antecedente merece atención porque muestra que la objeción al fundamento inicial trascendió la inconformidad de la querella y fue examinada judicialmente.

Conviene precisar también las fechas. Entre el criterio de oportunidad del 17 de diciembre de 2024 y el archivo del 21 de agosto de 2025 transcurrieron aproximadamente ocho meses. Durante ese período hubo actuaciones y controversias probatorias. La crítica debe examinar su contenido y utilidad, sin presentar las decisiones como si hubieran ocurrido de manera inmediata.

La reapertura tampoco obligaba al Ministerio Público a formular una acusación. Su deber era investigar objetivamente y adoptar una decisión suficientemente fundada. El artículo 275 permite el archivo cuando se estima que el hecho no constituye delito y contempla su revisión judicial a solicitud de la víctima.

Por tanto, la pregunta central es qué aportó la investigación reabierta y cómo esos elementos permitieron sostener la conclusión final. Una nueva fundamentación puede corregir una decisión anterior; cambiar de figura procesal, por sí solo, no demuestra que se hayan resuelto los problemas de la investigación.

En este punto adquiere importancia la controversia pericial.

La resolución relata que, el 10 de abril de 2025, la Fiscalía rechazó dos informes aportados por la querella. También indica que, en la audiencia del 30 de abril, el juez dejó sin efecto esa decisión por afectación de la igualdad de las partes. Posteriormente, el documento fiscal reproduce y analiza contenidos de esos informes.

Sería inexacto afirmar que nunca fueron considerados. El examen debe establecer si sus objeciones recibieron respuestas suficientes, pertinentes y técnicamente sustentadas.

El valor de una pericia depende de la calidad de sus datos, de la metodología empleada y de la correspondencia entre sus premisas y sus conclusiones. La procedencia institucional de un informe no lo vuelve incuestionable; su carácter particular tampoco lo convierte automáticamente en correcto.

En el caso Andrade, la resolución recoge limitaciones del análisis accidentológico. Entre ellas, la ausencia de un cálculo de velocidad mediante huellas de frenado y la falta de análisis de la maniobra de rebase denunciada, por no contar con determinadas referencias en la recreación.

Estas limitaciones no prueban que el conductor haya cometido un delito. Sí obligan a explicar qué pudo establecerse mediante otros elementos, con qué grado de sustento y por qué las cuestiones pendientes no impedían concluir que el hecho carecía de relevancia penal.

Desde la dogmática del delito culposo, el atropello y las lesiones no bastan para afirmar responsabilidad penal. Debe examinarse si existió una infracción del deber objetivo de cuidado, si se creó un riesgo jurídicamente desaprobado y si ese riesgo se concretó en el resultado.

El análisis exige considerar las condiciones de visibilidad, la velocidad que pueda acreditarse, las posibilidades de advertencia y reacción, la trayectoria de los involucrados y las circunstancias de la vía. Una posible imprudencia del peatón debe valorarse dentro de ese conjunto. Su existencia no elimina automáticamente la necesidad de examinar la conducta del conductor.

También es necesario distinguir entre una explicación exclusiva del resultado y la concurrencia de conductas relevantes. Atribuir una imprudencia al lesionado no sustituye la demostración de que el conductor actuó conforme al cuidado exigible o de que el resultado no le era penalmente imputable.

El perito contribuye a esclarecer esas cuestiones. La conclusión jurídica corresponde a la autoridad competente, que debe explicar por qué los datos técnicos sustentan su decisión. Una resolución no satisface esa exigencia únicamente por transcribir extensamente un informe.

La condición policial del conductor introduce otra cuestión que debía delimitarse. El artículo 212 excluye el criterio de oportunidad cuando el delito es cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo o por razón de este. Determinar si esa restricción resultaba aplicable exigía esclarecer la relación del desplazamiento con las funciones públicas. La sola condición de policía no resuelve el punto, pero tampoco permite omitirlo.

En cuanto a la aseguradora, el expediente merece un examen igualmente preciso. La resolución registra que Seguros SURA remitió una copia autenticada de la póliza mediante nota del 15 de julio de 2024. Esa actuación acredita una intervención documental vinculada al seguro. No demuestra una relación indebida con los fiscales.

El eventual interés económico de una aseguradora en el resultado de un siniestro es distinto de un conflicto de interés del funcionario que investiga. Para sostener este último deben acreditarse circunstancias concretas: relaciones comerciales, beneficios personales, intereses en el resultado u otros vínculos capaces de comprometer la objetividad.

El artículo 74 del Código Procesal Penal contempla impedimentos y recusaciones por conflictos de intereses o motivos graves que afecten la objetividad fiscal. La norma ofrece un mecanismo para examinar vínculos acreditados; no convierte una sospecha en prueba.

Por eso, atribuir el archivo a un supuesto acuerdo entre fiscales y aseguradoras excedería lo que permiten afirmar los documentos examinados. Lo procedente es conocer las comunicaciones incorporadas a la investigación, las posiciones asumidas sobre cobertura y reparación y cualquier circunstancia concreta que pudiera revelar un conflicto.

El archivo penal tampoco permite concluir, sin estudiar las vías de responsabilidad y las condiciones de la póliza, que desapareció toda posibilidad de indemnización. La responsabilidad penal, la obligación de reparar y la cobertura aseguradora requieren análisis diferenciados.

El cuestionamiento más sólido del caso Andrade está en las decisiones documentadas. Primero, una aplicación del criterio de oportunidad cuya motivación fue objetada judicialmente. Después, una controversia sobre los informes de la querella que también requirió intervención judicial. Finalmente, un archivo que debe explicar de manera suficiente cómo se resolvieron las cuestiones técnicas relevantes.

Estos antecedentes no acreditan por sí solos corrupción ni responsabilidad penal del conductor. Justifican un escrutinio riguroso de la actuación institucional.

La víctima tiene derecho a una respuesta fundada, aunque esa respuesta no coincida con su pretensión. El investigado conserva el derecho a que no se le atribuya un delito sin sustento. Ambas exigencias se cumplen mediante una investigación objetiva y una motivación que permita comprender y controlar la decisión.

En el caso Andrade, el Estado debe poder explicar por qué intentó aplicar inicialmente el criterio de oportunidad, cómo corrigió la fundamentación cuestionada y qué elementos permitieron concluir después que el hecho no constituía delito. La autoridad de una decisión se sostiene en la calidad de sus razones y en su capacidad para responder las objeciones relevantes.