Tres minutos. Apenas ciento ochenta segundos.
Ese fue el tiempo concedido a cada una de las organizaciones que acudieron a exponer sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su visita a Panamá, en un encuentro que tuvo como sede el Parlamento Latinoamericano, conocido como Parlatino.
Tres minutos para intentar condensar preocupaciones acumuladas durante meses. Tres minutos para explicar situaciones que comprometen derechos fundamentales. Tres minutos para que las voces de quienes denuncian vulneraciones encontraran un espacio ante una instancia internacional de protección de los derechos humanos.
Y, sin embargo, aquellos ciento ochenta segundos no fueron desperdiciados.
Las organizaciones lograron trasladar sus denuncias sobre lo que consideran graves afrentas contra la libertad sindical, la libertad personal y las garantías fundamentales de dirigentes sindicales en Panamá.
Detrás de cada intervención había situaciones que difícilmente pueden explicarse en tan reducido espacio de tiempo. Detenciones, procesos penales, restricciones de libertad y cuestionamientos sobre el tratamiento institucional de la actividad sindical formaron parte de las preocupaciones expuestas.
La libertad sindical no constituye una concesión graciosa del Estado. Es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de Panamá, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Del mismo modo, la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa no desaparecen por la condición de dirigente sindical de quien enfrenta una investigación penal.
La persecución de conductas delictivas corresponde legítimamente a las autoridades competentes. Pero esa potestad debe ejercerse dentro de los límites constitucionales y convencionales, sin convertir la actividad sindical legítima en motivo de sanción.
Precisamente por ello, las denuncias presentadas merecen un examen serio, objetivo e independiente, sin anticipar conclusiones sobre su veracidad ni sobre la responsabilidad de las autoridades señaladas.
Tres minutos pueden parecer insignificantes para quienes administran una agenda institucional. Para quienes buscan protección internacional, pueden representar una oportunidad extraordinaria de ser escuchados.
Lo importante ahora será determinar qué seguimiento recibirán esas exposiciones, si se incorporarán elementos documentales y si las preocupaciones planteadas podrán ser examinadas mediante los mecanismos correspondientes del sistema interamericano.
Porque escuchar es importante, pero la verdadera trascendencia de estos encuentros depende de lo que ocurra después.
No se trata solamente de abrir las puertas de un recinto internacional. Se trata de garantizar que las denuncias puedan ser conocidas, documentadas y evaluadas con la seriedad que requieren.
Fueron tres minutos de esperanza.
Tres minutos para recordar que los derechos humanos no son privilegios reservados a quienes cuentan con poder político, económico o institucional.
Tres minutos para reivindicar que ninguna persona debe quedar privada de las garantías que le reconoce el ordenamiento jurídico.
Y tres minutos para demostrar que, aun cuando el tiempo resulta insuficiente, la defensa de los derechos fundamentales puede encontrar la manera de hacerse escuchar.
Porque la dignidad humana no puede medirse con un cronómetro.
Termómetro Digital Panamá
