La seguridad constituye una de las razones fundamentales de la existencia del Estado. Cuando una comunidad teme transitar por sus calles, abrir sus negocios o permitir que sus hijos regresen solos a casa, queda comprometida su libertad. Por eso, la gestión de la seguridad en Colón debe examinarse desde la protección efectiva de la población, la capacidad de prevención y la responsabilidad de quienes ejercen autoridad.
Hermógenes Argüelles, jefe de la Zona Policial de Colón, y Julio Hernández, gobernador de la provincia, tienen responsabilidades distintas que deben someterse a evaluación pública. Sus cargos les confieren atribuciones y les imponen obligaciones cuyo cumplimiento la ciudadanía tiene derecho a conocer.
Mi cuestionamiento a ambos alcanza su manera de comparecer ante la comunidad. A mi juicio, en su actuación pública adquiere demasiado peso la aparición después de los acontecimientos, mientras queda insuficientemente explicada la labor anterior para prevenirlos. Esa desproporción entre exposición y rendición de cuentas merece una crítica firme. La presencia ante una cámara demuestra capacidad de comunicación; la capacidad de gobernar debe acreditarse mediante decisiones, seguimiento y resultados.
Cuando Argüelles aparece después de un hecho violento y anuncia que se investigará, comunica una obligación institucional que ya existía. El anuncio necesita acompañarse de explicaciones sobre las medidas preventivas, las alertas recibidas y las correcciones que correspondan. Existen datos cuya divulgación puede comprometer una investigación. Esa reserva debe proteger las diligencias y a las personas, sin convertirse en una respuesta genérica frente a toda pregunta sobre la gestión.
En el caso de Hernández, mi crítica apunta a una conducción que percibo excesivamente reactiva. Una gobernación debe preparar respuestas, coordinar instituciones y dar seguimiento a los riesgos antes de que estos desemboquen en una crisis. Comparecer cuando el problema ya se ha agravado puede ser necesario, pero deja pendiente la explicación de lo que se hizo previamente.
Una argumentación oficial queda vacía cuando carece de diagnóstico, medidas concretas, responsables y plazos. La población necesita saber qué cambiará después de escuchar al funcionario. Sin esa conexión entre palabra y actuación, la comparecencia termina consumiendo atención pública mientras la solución continúa pendiente.
El examen de las cifras permite precisar esta discusión. El cuadro compartido como estadística del pastor Cañas contabiliza 84 homicidios entre enero y septiembre de 2025 y 77 durante los mismos meses de 2026. La suma de sus registros mensuales coincide con ambos totales. Se trata de siete casos menos, equivalentes a una reducción aproximada del 8,3 % dentro de esa serie.
El desglose del pastor Cañas también muestra diferencias mensuales que merecen atención. Marzo pasa de cinco a nueve casos; abril, de cuatro a diez; y agosto figura con cero en 2025 y diez en 2026. Son aumentos interanuales en meses determinados, según ese cuadro, que coexisten con una disminución del acumulado. Su interpretación exige examinar las circunstancias de los hechos y la respuesta institucional, sin convertir esos incrementos parciales en prueba de un aumento general.
Hay, además, una discrepancia que debe quedar expresamente señalada. El informe preliminar del Ministerio Público correspondiente a enero-septiembre de 2026 registra 91 víctimas de homicidio en Colón para el período comparado de 2025 y 77 para 2026, una reducción aproximada del 15,4 %. Ambas referencias coinciden en el total de 2026, pero difieren por siete casos en la base de 2025.
La estadística atribuida al pastor Cañas no permite establecer por sí sola el origen de esa diferencia. Corresponde cotejar la fuente primaria, las fechas de actualización y el criterio de conteo antes de presentar las series como equivalentes. Mientras tanto, ambas deben identificarse por separado. Ninguna de las dos comparaciones respalda afirmar un crecimiento general de los homicidios durante esos nueve meses.

Reconocer la reducción es una exigencia de honestidad intelectual. Setenta y siete vidas perdidas siguen reclamando prevención y justicia. El acumulado tampoco describe por sí solo la distribución territorial de la violencia, el comportamiento de otros delitos o la tranquilidad cotidiana de la población. Corresponde determinar qué decisiones contribuyeron a los resultados y qué riesgos permanecen sin atender.
La estadística debe servir para evaluar la política pública. Una mejoría merece reconocimiento, pero necesita continuidad y explicación. Una variación desfavorable exige examinar sus causas y corregir las fallas que se acrediten. En ninguno de los dos supuestos basta atribuir automáticamente el resultado a quien ocupa el despacho.
Desde la dogmática constitucional, los artículos 17 y 18 ofrecen el punto de partida. La autoridad está vinculada con la protección de las personas y la efectividad de sus derechos. Los servidores públicos responden, además, por extralimitación y por omisión en el ejercicio de sus funciones. El cargo contiene una potestad jurídicamente orientada al servicio de la comunidad.
La omisión exige identificar un deber concreto. Es necesario establecer qué debía hacer el funcionario, qué información conocía, cuáles eran sus competencias y qué medios tenía disponibles. Un resultado dañoso no acredita automáticamente una omisión imputable. Pero la complejidad de la criminalidad tampoco puede convertirse en una explicación que cierre toda posibilidad de examinar decisiones, advertencias desatendidas o fallas de coordinación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que la responsabilidad estatal frente a actos de particulares no es ilimitada. En el deber de prevención importan el conocimiento de un riesgo real e inmediato y las posibilidades razonables de adoptar medidas para evitarlo. Este criterio permite evaluar la actuación estatal con exigencia, atendiendo a circunstancias comprobables.
Aplicado a Colón, ese examen debe alcanzar la planificación policial, la capacidad de respuesta, el aprovechamiento de los recursos y el seguimiento de riesgos. En la gobernación debe comprender la articulación institucional y la ejecución de compromisos. Cada autoridad debe responder dentro de su ámbito. La distribución de competencias tiene sentido cuando permite identificar obligaciones y comprobar su cumplimiento.
Existe un compromiso público que merece seguimiento. En septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad informó de una alianza con el gobernador y los alcaldes de Colón orientada a la prevención y la formación integral. Transcurrido más de un año, corresponde explicar qué programas se ejecutaron, a quiénes alcanzaron, qué recursos recibieron y cómo se evaluaron. Esa información permitiría valorar el trabajo realizado más allá de las ceremonias y las declaraciones.
La discusión sobre el padrinazgo también requiere precisión. Una amistad política no demuestra por sí misma protección indebida, y atribuir la permanencia de alguien a secretos comprometedores exige pruebas. El problema institucional aparece cuando la cercanía con el poder desplaza los criterios de mérito y desempeño. Si ello ocurre, la administración pierde capacidad de corregirse y convierte la lealtad personal en un obstáculo para exigir responsabilidades.
Por eso, la pregunta pertinente es qué evaluación sustenta la continuidad de cada funcionario. Qué objetivos recibió, qué resultados alcanzó, qué dificultades enfrentó y qué fallas corrigió. Quienes nombran, supervisan y mantienen a sus colaboradores también deben responder por sus decisiones. La conducción de la seguridad comprende una cadena de responsabilidades que llega hasta las autoridades nacionales.
Conviene distinguir la responsabilidad política, la administrativa y la penal. Una gestión puede merecer censura pública y justificar un relevo sin que exista un delito. Una infracción administrativa requiere determinar el deber incumplido y aplicar el procedimiento correspondiente. Una imputación penal demanda una conducta individual que reúna los elementos de un delito y evidencia que la sustente. La legalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso conservan plena vigencia frente a los funcionarios cuestionados.
Esa distinción fortalece la exigencia ciudadana. Permite reclamar consecuencias proporcionadas a los incumplimientos que se acrediten, sin convertir la indignación en una condena anticipada ni exigir una sentencia penal como condición para evaluar una mala gestión.
La dimensión económica merece igual seriedad. Afirmar que toda inversión está paralizada requiere evidencia. Corresponde investigar cómo la inseguridad afecta los horarios comerciales, los costos de protección, el empleo y las decisiones de emprender. Documentar esas consecuencias permitiría comprender mejor lo que soportan las familias y los pequeños negocios.
Colón necesita una evaluación pública de su política de seguridad, con indicadores comparables, compromisos verificables y seguimiento periódico. Las cifras del pastor Cañas y los registros del Ministerio Público aportan elementos para esa discusión, siempre que se expongan sus diferencias y se respete el alcance de cada fuente.
Las comparecencias de Argüelles y Hernández deberían permitir examinar su trabajo. Si existen avances, deben demostrarse y sostenerse. Si se acreditan fallas graves, corresponde corregirlas y adoptar las consecuencias pertinentes. Cada aparición ante las cámaras debería dejar a Colón algo más que una declaración. Debería dejar una respuesta que pueda verificarse.