¡Increíble, pero cierto! Apenas ayer, desde este espacio, nos hicimos eco de denuncias sobre presuntos malos tratos, favoritismos y actuaciones arbitrarias atribuidas a una coordinadora.
¡Y LEJOS DE MEJORAR, SEGÚN NUEVAS QUEJAS, LA SITUACIÓN SE HABRÍA AGRAVADO!
Al parecer, la denuncia pública no produjo la reflexión que cabría esperar de cualquier funcionario investido de autoridad. Por el contrario, los nuevos señalamientos describen un ambiente laboral cada vez más tenso.
Cuentan que la coordinadora habría manifestado que poco le importa que la denuncien, porque supuestamente cuenta con unas poderosas «madrinas» en OMESSPA que le aceptarían absolutamente todo.
¡Hasta los presuntos malos tratos y favoritismos hacia sus amiguchas!
Y, como si semejante actitud no fuera suficientemente preocupante, también se le atribuye haber expresado que los demás trabajadores tienen que aguantarse la situación, porque ella es quien decide quién está bien y quién está mal.
¿PERO QUÉ CLASE DE FUNCIONARIUCHA ES ESTA?
¿Estamos frente a una coordinación institucional o ante un territorio donde supuestamente mandan las amistades, los padrinazgos y los caprichos personales?
¿Quién supervisa a quienes tienen la responsabilidad de dirigir y coordinar al personal?
¿Acaso las denuncias de los trabajadores no merecen una investigación seria, objetiva e independiente?
¡Y PENSAR QUE QUIERE SER JUEZA DE GARANTÍAS!
Que contradicción más grave!
Según se comenta, esta misma coordinadora tendría aspiraciones de convertirse en jueza de garantías.
¡Vaya aspiración!
Quien pretende ejercer una función judicial debe demostrar independencia, imparcialidad, prudencia, equilibrio emocional y profundo respeto por la dignidad humana.
Una jueza de garantías no debería aspirar a administrar justicia según amistades, simpatías, antipatías o influencias personales.
¿CÓMO SE ASPIRA A GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS SI EXISTEN CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PROPIOS COMPAÑEROS DE TRABAJO?
Desde luego, las denuncias deben investigarse y la funcionaria señalada tiene derecho a ofrecer su versión. Pero la gravedad de los señalamientos exige respuestas institucionales, no indiferencia.
¿Y LAS AUTORIDADES DE OMESSPA?
También corresponde preguntar si quienes tienen responsabilidades de supervisión conocen estas denuncias y qué actuaciones han adelantado para esclarecerlas.
Porque el silencio institucional, frente a señalamientos reiterados, no contribuye a recuperar la confianza de los trabajadores.
¡QUE NADIE CONFUNDA UN CARGO CON UNA CORONA, NI UNA AMISTAD CON UNA LICENCIA PARA HACER LO QUE LE VENGA EN GANA!
Los auxiliares merecen respeto, igualdad de trato y condiciones laborales libres de arbitrariedades.
Y si después de una denuncia pública aparecen nuevas situaciones de hostilidad, corresponde investigar si existe alguna forma de represalia.
¡AYER LO DENUNCIAMOS, HOY LA SITUACIÓN PRESUNTAMENTE EMPEORÓ Y MAÑANA SEGUIREMOS EXIGIENDO RESPUESTAS!
Porque quien aspira a administrar justicia debe comenzar por demostrar que comprende el valor de los derechos y las garantías de los demás.