Colón parece una ciudad tomada. Retenes por todas partes, patrullas, motocicletas, bicicletas policiales, cámaras de vigilancia y agentes recorriendo incesantemente las mismas calles. Un despliegue policial desproporcionado en apariencia para un casco urbano de apenas 16 calles, donde la presencia de uniformados contrasta con la escasa actividad comercial.
La llamada Teoría Argüelles merece ser examinada no solamente por sus resultados en materia de seguridad, sino por sus posibles consecuencias sobre una economía urbana que lleva años agonizando. Porque una cosa es perseguir delincuentes y otra muy distinta es convertir la vida cotidiana de los ciudadanos en una sucesión interminable de controles policiales.
Basta recorrer la avenida Bolívar para comprobar que son pocos los establecimientos comerciales que todavía mantienen sus puertas abiertas. La avenida del Frente parece un desierto. La avenida Central presenta un panorama igualmente desolador. Si sumamos los negocios que sobreviven en estas tres arterias, el resultado es una actividad comercial extraordinariamente reducida para una ciudad que alguna vez fue referencia económica del país.
Y precisamente sobre esos pocos establecimientos, sobre los escasos comensales que todavía frecuentan restaurantes, cantinas y bares, y sobre los ciudadanos que se resisten a abandonar el centro urbano, recae el peso de una presencia policial que parece no conocer límites.
La pregunta resulta inevitable. ¿Qué pretende conseguir Argüelles con semejante despliegue? ¿Recuperar la seguridad o terminar de vaciar las calles?
Porque, observando sus efectos sobre la vida cotidiana, pareciera que la estrategia consiste en abrumar a los pocos consumidores que todavía acuden al centro de Colón hasta empujarlos hacia Colón 2000, el Duty Free y otros espacios comerciales alejados del casco urbano.
No afirmamos que exista una decisión deliberada de favorecer determinados establecimientos. Pero la percepción que genera esta política obliga a formular una pregunta incómoda. ¿Por qué una ciudad comercialmente deprimida necesita una presión policial tan visible precisamente donde sobreviven sus últimos negocios?
Los pocos turistas extranjeros que todavía pernoctan en la ciudad, muchos de ellos cubanos, también se encuentran con esta realidad. En lugar de una ciudad acogedora, con movimiento nocturno y oportunidades de consumo, encuentran calles semivacías, controles frecuentes y una presencia policial que puede transmitir la sensación de estar en una zona de conflicto.
¿Quién recomendaría visitar una ciudad con semejante ambiente? ¿Qué inversionista se entusiasmaría con abrir un restaurante, un hotel o un establecimiento de entretenimiento donde la actividad comercial parece estar en retirada?
Y lo más desconcertante es que, pese a la cantidad de vehículos, motocicletas, bicicletas, cámaras y rondas policiales, todavía no se conoce un balance público suficientemente detallado que permita evaluar la eficacia de semejante despliegue dentro de un perímetro tan reducido.
La seguridad no se mide por la cantidad de retenes ni por el número de conductores obligados a detenerse. Se mide por los delitos que se evitan, los delincuentes que se capturan y la tranquilidad que recuperan los ciudadanos.
Mientras tanto, el alcalde Diógenes Galván guarda un silencio que resulta difícil de comprender. El gobernador Julio Hernández tampoco parece dispuesto a encabezar un debate público sobre el impacto económico y social de esta estrategia.
Ambos proyectan la imagen de autoridades civiles subordinadas a las decisiones del mando policial, cuando deberían exigir explicaciones, defender el comercio y procurar que la seguridad no termine convirtiéndose en un obstáculo adicional para la recuperación de Colón.
Una ciudad no puede tener alcalde y gobernador solamente para los actos protocolares, las fotografías y los discursos patrióticos. Su autoridad debe sentirse especialmente cuando están comprometidos el libre tránsito, la actividad económica y el bienestar de sus habitantes.
Colón ya ha sufrido suficiente abandono. Sus avenidas comerciales se han ido apagando, los inversionistas escasean, los establecimientos cierran y la vida nocturna prácticamente desaparece. Lo último que necesita es una política policial que, en lugar de estimular la recuperación de sus espacios públicos, contribuya a profundizar la sensación de encierro.
Nadie discute la necesidad de enfrentar la delincuencia. Lo que se cuestiona es una concepción de seguridad que parece privilegiar la exhibición permanente de fuerza sobre la inteligencia policial, la investigación criminal y la convivencia ciudadana.
Argüelles debería explicar cuántos delitos se han reducido, cuántas estructuras criminales han sido desarticuladas, cuánto cuesta mantener semejante dispositivo y qué medidas se han adoptado para evitar perjuicios a los comerciantes.
También debería explicar por qué los ciudadanos que todavía apuestan por consumir y permanecer en el centro urbano deben soportar las incomodidades de una ciudad aparentemente sitiada.
Porque si el resultado práctico de la Teoría Argüelles es que los pocos clientes terminen marchándose hacia Colón 2000 o el Duty Free, mientras las avenidas Bolívar, Central y del Frente continúan vaciándose, estaremos ante una contradicción que exige respuestas urgentes.
La ciudad necesita policías que combatan delincuentes, no una estrategia que haga sentir a comerciantes, conductores, comensales y visitantes como si fueran el problema.
Al paso que vamos, Argüelles podrá terminar exhibiendo una ciudad sin tránsito, sin turistas, sin bares, sin restaurantes y sin comercios.
Eso sí, con suficientes patrullas para vigilar los locales cerrados.