La destitución del presidente paraguayo Santiago Peña ha provocado una sacudida política que trasciende las fronteras de aquel país. El Senado lo separó del cargo mediante 44 votos, en medio de la crisis financiera de Ueno Bank, y posteriormente las autoridades ordenaron su detención domiciliaria mientras avanzan las investigaciones penales.
La defensa del exmandatario cuestionó el procedimiento y las garantías de su juzgamiento. Ese debate es legítimo. Porque ninguna mayoría parlamentaria, por contundente que sea, puede convertir el debido proceso en un simple requisito decorativo.
Pero lo verdaderamente interesante comienza cuando observamos las reacciones desde Panamá.
Aquí, donde tanto se invoca la Constitución en los discursos oficiales, existen denuncias de persecución sindical, represalias contra educadores, detenciones de dirigentes sociales y actuaciones estatales que han motivado reclamaciones ante organismos internacionales.
No son simples rumores de oposición. La Internacional de la Educación presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo por presuntas represalias contra docentes y dirigentes sindicales. La propia CIDH ha recogido denuncias sobre detenciones arbitrarias de sindicalistas, uso excesivo de la fuerza y congelamiento de cuentas de organizaciones sindicales.
¿Con qué autoridad moral se exige respeto a las garantías constitucionales en Paraguay mientras en Panamá permanecen sin respuesta satisfactoria graves denuncias sobre esas mismas garantías?
Y no termina allí.
En nuestro país, la Asociación Médica Nacional también ha denunciado detenciones y exposiciones públicas de profesionales de la medicina, cuestionando actuaciones penales que, según el gremio, se realizan sin investigaciones técnicas previas suficientes.
A ello se suma una realidad que debería estremecer la conciencia democrática de cualquier gobernante. El retorno de la isla de Coiba como lugar de reclusión.
Las autoridades justifican los traslados por razones de seguridad y la Corte Suprema ha avalado determinadas medidas. Sin embargo, el aislamiento geográfico, las dificultades para mantener contacto con familiares y abogados y el control efectivo de las condiciones de detención siguen siendo cuestiones de enorme trascendencia constitucional.
Una isla no puede convertirse en un espacio donde la distancia geográfica debilite el ejercicio de los derechos fundamentales. Menos aún puede utilizarse la privación de libertad como mecanismo de escarmiento contra quienes contradicen al poder. Cualquier denuncia de esa naturaleza exige investigación y garantías, no indiferencia.
No puede existir una Constitución para los presidentes y otra para los trabajadores.
No puede reclamarse tiempo suficiente para defender a un mandatario extranjero y minimizar las denuncias de indefensión cuando quienes comparecen ante nuestros tribunales son sindicalistas, educadores, médicos o ciudadanos que cuestionan decisiones gubernamentales.
El presidente José Raúl Mulino ha expresado preocupación por las garantías de defensa de Santiago Peña, especialmente después de que se le negara una prórroga de 72 horas para preparar sus descargos.
El principio que invoca es jurídicamente correcto. Pero su credibilidad exige coherencia.
La defensa del Estado de derecho no puede convertirse en una manifestación selectiva de solidaridad presidencial.
¿Dónde está esa misma preocupación por los educadores que denuncian represalias laborales? ¿Por los dirigentes sindicales sometidos a investigaciones penales? ¿Por los médicos que reclaman garantías profesionales y procesales? ¿Por las personas privadas de libertad que denuncian condiciones incompatibles con la dignidad humana?
La potestad estatal para investigar y sancionar delitos no está en discusión. Lo que debe examinarse es si cada actuación respeta la legalidad, la proporcionalidad, la independencia judicial y la presunción de inocencia.
En Paraguay se discute la suerte de un presidente destituido. En Panamá está pendiente una discusión igualmente fundamental sobre la relación entre el poder político, la protesta social y las libertades públicas.
El verdadero peligro para una democracia no comienza cuando se investiga a un presidente. Comienza cuando las instituciones dejan de ser garantías frente al poder y pasan a ser percibidas como instrumentos para silenciar a quienes lo contradicen.
Paraguay merece un procedimiento justo. Santiago Peña también.
Pero los panameños merecen exactamente lo mismo, sin importar su oficio, su condición social, sus ideas o su posición frente al Gobierno.
La Constitución no es un documento de cortesía diplomática. Es un límite obligatorio al ejercicio del poder.
Y quien reclama garantías constitucionales para un presidente extranjero tiene, antes que nada, la obligación de respetarlas en su propia casa.

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