Panamá ha demostrado, a lo largo de su historia republicana, una extraordinaria capacidad para adaptarse a las exigencias del comercio internacional, desarrollar infraestructuras de importancia mundial y modernizar su economía. Sin embargo, esa vocación modernizadora no parece haber encontrado la misma correspondencia en la construcción de un sistema de administración de justicia verdaderamente sólido, independiente y eficiente.
Esta contradicción no puede explicarse únicamente por la falta de recursos económicos, las deficiencias administrativas o la resistencia de algunos operadores judiciales. Sus raíces podrían encontrarse en una concepción histórica del Estado en la que la justicia nunca llegó a ocupar el lugar que le corresponde como fundamento de la organización republicana.
Para comprender esta realidad, quizás sea necesario volver la mirada hacia nuestros orígenes.
La separación de Panamá de Colombia, en 1903, fue el resultado de una compleja convergencia de aspiraciones autonomistas, intereses económicos y propósitos geopolíticos. Sin desconocer el legítimo sentimiento independentista de numerosos panameños, tampoco puede ignorarse que la naciente República surgió bajo una marcada influencia de los intereses comerciales vinculados a la construcción del Canal y de las élites económicas que participaron en la organización del nuevo Estado.
El Tratado Hay-Bunau-Varilla, suscrito apenas quince días después de nuestra separación, constituye una expresión particularmente significativa de las condiciones bajo las cuales comenzó nuestra vida independiente.
Cabe preguntarse si aquella temprana vinculación entre poder económico y poder político contribuyó a establecer una cultura institucional en la que el Estado fue concebido, en buena medida, como un instrumento para administrar intereses antes que como una organización destinada a garantizar derechos.
No se trata de atribuir a nuestros primeros gobernantes todas las deficiencias que hoy padecemos, ni de desconocer los avances alcanzados durante más de un siglo de vida republicana. Se trata de examinar si determinadas concepciones del poder han logrado sobrevivir a las transformaciones políticas y constitucionales, condicionando nuestra relación con las instituciones públicas.
En ese contexto, la justicia parece haber sido una de las grandes asignaturas pendientes de la República.
Mientras otros sectores experimentaban profundas transformaciones, nuestros sistemas procesales conservaron durante décadas estructuras que progresivamente resultaban insuficientes frente a las exigencias de una sociedad moderna. La adopción del Sistema Penal Acusatorio, mediante la Ley 63 de 2008, cuya implementación nacional culminó en 2016, y la reciente entrada en vigor del Código Procesal Civil, adoptado mediante la Ley 402 de 2023, constituyen ejemplos de importantes esfuerzos de modernización.
Pero lo verdaderamente preocupante no es solamente el momento en que llegaron estas reformas, sino la ausencia de una reflexión suficientemente profunda sobre las razones que las hicieron necesarias.
Tengo la impresión de que, en Panamá, muchas de nuestras transformaciones jurídicas han respondido más a las tendencias reformistas que se extienden por la región que a una auténtica toma de conciencia sobre la necesidad de mejorar la administración de justicia.
Reformamos porque otros reforman. Incorporamos la oralidad porque se presenta como el modelo procesal moderno. Adoptamos nuevas estructuras, modificamos procedimientos y sustituimos códigos, pero no siempre asumimos con igual determinación los principios y valores que justifican esos cambios.
Naturalmente, sería injusto desconocer el trabajo de juristas, académicos y servidores judiciales que han promovido estas transformaciones con auténtica convicción. Sin embargo, el esfuerzo de quienes impulsan una reforma no significa necesariamente que exista una conciencia institucional generalizada sobre su importancia.
Y allí reside, precisamente, uno de nuestros mayores problemas, ya que, hemos confundido la modernización legislativa con la transformación de la justicia.
Un sistema procesal acusatorio no se consolida por el simple hecho de sustituir expedientes escritos por audiencias orales. Su verdadera eficacia depende de que jueces, fiscales y abogados comprendan la función que desempeñan dentro de un modelo construido sobre el respeto a las garantías fundamentales, la contradicción, la igualdad de las partes y la independencia judicial.
De igual manera, la oralidad en el proceso civil no representa por sí sola una garantía de justicia pronta y efectiva. Su éxito exige una transformación de las prácticas judiciales, de la gestión de los despachos y, fundamentalmente, de la mentalidad de quienes intervienen en la resolución de los conflictos.
De poco sirve incorporar instituciones modernas si continuamos interpretándolas y aplicándolas con los criterios del sistema que pretendíamos superar.
Esta realidad pone de manifiesto una deficiencia todavía más profunda: nuestra limitada cultura jurídica.
La cultura jurídica de una sociedad no se mide por la cantidad de abogados que posee, por el número de leyes que promulga ni por la solemnidad de sus tribunales. Se manifiesta, sobre todo, en la convicción colectiva de que el derecho constituye un límite efectivo al ejercicio del poder y una garantía indispensable para la convivencia democrática.
Una sociedad con verdadera cultura jurídica comprende que la independencia judicial no es una prerrogativa de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos; que el debido proceso no constituye un obstáculo para la justicia, sino una condición de su legitimidad; y que la ley debe imponerse por su autoridad normativa, no por la influencia económica o política de quienes pretenden beneficiarse de ella.
Cuando estas convicciones no se encuentran suficientemente arraigadas, las reformas terminan enfrentándose a una cultura institucional que se resiste a abandonar sus viejas prácticas.
Tampoco podemos excluir de esta reflexión a los propios abogados y demás operadores jurídicos. Sería demasiado cómodo atribuir exclusivamente a los gobernantes o a los sectores económicamente influyentes la responsabilidad por nuestras deficiencias institucionales. Quienes ejercemos el derecho también contribuimos, mediante nuestras actuaciones cotidianas, a fortalecer o debilitar la cultura jurídica del país.
La verdadera transformación de la justicia exige mucho más que voluntad legislativa. Requiere independencia institucional, formación jurídica permanente, responsabilidad profesional, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y, especialmente, una ciudadanía que comprenda que la calidad de la justicia determina también la calidad de su democracia.
El desarrollo económico y el fortalecimiento del Estado de derecho no deberían transitar por caminos separados. Una nación puede alcanzar importantes niveles de crecimiento material y, al mismo tiempo, mantener profundas debilidades institucionales. Pero difícilmente podrá hablarse de un desarrollo integral mientras la protección de los derechos y la solución de los conflictos continúen siendo preocupaciones secundarias.
Quizás haya llegado el momento de abandonar la idea de que modernizar la justicia consiste, fundamentalmente, en aprobar nuevos códigos.
El desafío pendiente es mucho más exigente y consiste en construir una cultura jurídica que trascienda las reformas legislativas y transforme nuestra manera de comprender el poder, las instituciones y los derechos.
Después de más de un siglo de vida republicana, deberíamos preguntarnos si hemos concedido a la justicia la importancia que merece o si, por el contrario, nos hemos conformado con adaptar periódicamente nuestras leyes a las tendencias de otros países, sin modificar las concepciones que explican buena parte de nuestras deficiencias.
Porque el verdadero atraso de nuestra justicia no está solamente en las reformas que llegaron tarde, sino en que todavía no terminamos de comprender por qué eran indispensables.