En agosto de 2001, un equipo de investigadores excavó cuatro sepulturas en el cementerio El Marañón, en Coiba. Buscaban a Floyd Britton. Habían pasado más de treinta años desde su muerte. Cuando volvieron a excavar en 2002, encontraron huesos deteriorados por la humedad, las raíces y la acidez del suelo. En Panamá, una familia tuvo que esperar a que unos científicos removieran la tierra para intentar esclarecer lo que el Estado debió explicar el día en que murió un hombre bajo su custodia.
Britton tenía 32 años cuando murió en Coiba el 29 de noviembre de 1969. La autopsia oficial atribuyó su muerte a un infarto. En 2002, la Comisión de la Verdad concluyó que había muerto a consecuencia de las torturas. El caso de Cecilio Hazlewood Mitchell, de 26 años, deja otra lección. Murió en el mismo penal en octubre de 1977. La necropsia identificó un traumatismo craneoencefálico. La investigación recibió un sobreseimiento provisional en 1979. Años después, la Comisión concluyó que había muerto a manos de agentes del Estado. En un caso hubo que cuestionar la explicación médica. En el otro, la lesión estaba documentada y aun así quedó pendiente determinar responsabilidades individuales.
El aislamiento también afectaba a quienes aguardaban juicio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró que, a fines de octubre de 1977, 248 de los 729 internos de Coiba esperaban instrucción y juicio. Encontró presos que desconocían el estado de su causa y hasta la fecha en que terminaba su condena. La violencia en la isla tampoco terminó con la dictadura. El Registro Judicial recoge los homicidios de Ricardo Alexis Powell, Walter Murillo y Rafael Córdoba Chavarría el 28 de enero de 1998, en Playa Brava. Son episodios distintos. Todos forman parte de la historia que conocía el Estado panameño cuando decidió volver a trasladar detenidos a Coiba.
Lo que un fallo resuelve y lo que la custodia exige
En junio de 2026, el Gobierno confirmó el traslado de 29 detenidos a instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval en Coiba. El 28 de octubre, el Pleno de la Corte Suprema declaró legal el traslado de Rolando Alexis Lee Delgado desde Nueva Esperanza a la Base Aeronaval Teniente Nelson Tenas. Eso es lo que resolvió el Pleno, según el Edicto 1613, fijado el 12 de noviembre. Al día siguiente del fallo, el Estado seguía teniendo exactamente el mismo deber de proteger la vida de Lee. También lo tiene hoy.
El artículo 23 de la Constitución panameña permite acudir al hábeas corpus cuando el lugar o las condiciones de detención ponen en peligro la integridad de la persona o lesionan su derecho de defensa. En una isla, ese examen exige respuestas concretas. ¿Quién atiende una urgencia de madrugada? ¿Cuánto tiempo transcurre entre la indicación médica y la llegada al hospital? ¿Cómo comunica el detenido un deterioro de salud a su familia o a su abogado? En Vélez Loor vs. Panamá, la Corte Interamericana recordó que el encierro impide procurarse por cuenta propia hasta el agua potable y que corresponde al Estado garantizar atención médica adecuada. La distancia a tierra firme es una condición que la autoridad conoce antes de ordenar el traslado.
Los dos días que Colón merece ver esclarecidos
Gabriel Alveo tenía también 32 años. Según la queja presentada ante la Defensoría del Pueblo, el penal de Nueva Esperanza avisó al hospital el 13 de octubre de 2026 que lo trasladaría. Llegó el 15 de octubre y murió horas después. Su familia relató que ingresó con desnutrición severa y sangrado intestinal. Cuando su hermana preguntó por la tardanza, le dijeron que faltaban vehículo y custodios. Esa respuesta abre la investigación. ¿A qué hora se consideró urgente el traslado? ¿Quién recibió el aviso? ¿Qué atención obtuvo Gabriel mientras esperaba? ¿Habría cambiado el desenlace una intervención oportuna? La última pregunta corresponde a los peritos. Las anteriores tienen respuesta en los expedientes, las bitácoras y los testimonios de quienes estuvieron de turno.
El 11 de noviembre, 25 organizaciones denunciaron al menos diez muertes en dos meses en Nueva Esperanza, La Joya y La Joyita. Las atribuyeron a la insuficiencia de alimentos y a demoras en la atención médica. Dos días después, el Ministerio de Gobierno anunció una auditoría y una intervención sanitaria. Su comunicado incluyó un dato que merece seguimiento público. El propio Ministerio dijo haber dejado sin efecto medidas de los cuatro meses anteriores porque afectaban la continuidad de los servicios penitenciarios. Corresponde publicar cuáles eran, quién las ordenó, a qué centros alcanzaron y cuándo se advirtieron sus consecuencias. Esos documentos permitirían examinar si alguna medida guardó relación con los daños denunciados.
Cuándo cabe hablar de crímenes de lesa humanidad
Una sola muerte evitable puede generar responsabilidad penal. El artículo 25 del Código Penal panameño permite atribuir un resultado a quien tenía el deber jurídico de impedirlo y podía hacerlo. En una muerte bajo custodia importa determinar qué sabía cada funcionario, qué medios tenía a su alcance y si su actuación habría evitado el resultado. Esa investigación tiene valor propio, cualquiera que sea la conclusión sobre las demás muertes.
La hipótesis de lesa humanidad exige dar un paso más. El artículo 441 del Código Penal contempla, entre otras conductas, el homicidio agravado y el exterminio cometidos de manera generalizada y sistemática contra una población civil. La norma alcanza también a quien conoce esos hechos y, disponiendo de medios para impedirlos, los deja ocurrir. El Estatuto de Roma utiliza la fórmula generalizado o sistemático y exige que el acto forme parte de un ataque contra una población civil, conforme a una política estatal u organizativa y con conocimiento del ataque. La privación deliberada de alimentos o medicinas puede integrar el exterminio cuando se imponen condiciones encaminadas a destruir parte de la población y la conducta forma parte de una matanza. La cifra denunciada justifica investigar si hubo decisiones comunes. Por sí sola no acredita esos elementos.
Por eso importa cómo investigue el Ministerio Público. Un contrato de alimentación dice cuánto se compró. Para saber qué comió un interno hay que seguir la entrega hasta el pabellón y escuchar a quienes recibieron la ración. Una orden de traslado dice que alguien la emitió. Para saber si el enfermo recibió auxilio hay que cotejar la hora de salida con la de ingreso al hospital. Y para establecer si hubo una práctica común hay que averiguar si la misma orden produjo privaciones semejantes en varios centros y quién decidió mantenerla después de recibir las advertencias. La regla 71 de las Reglas Nelson Mandela exige comunicar cada fallecimiento a una autoridad independiente del penal y preservar las pruebas.
La familia de Gabriel Alveo ya hizo su parte. Dio un nombre, señaló dos fechas y contó la explicación que recibió. Ahora le toca al Estado mostrar qué hizo por él entre el 13 y el 15 de octubre. Y mientras esclarece cómo murieron quienes estaban bajo su custodia, tiene una obligación que puede cumplir desde hoy en Coiba, en Colón y en cada penal del país. Atender a tiempo a quienes todavía pueden salvarse.
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19 de noviembre de 2026
