Las advertencias sobre presuntas negociaciones irregulares con apartamentos de Altos de los Lagos no comenzaron ayer. Una revisión de publicaciones oficiales y hemerográficas permite rastrear señalamientos desde 2018, reconocimientos públicos de irregularidades y referencias a denuncias presentadas ante la Fiscalía. Lo que esta investigación documental no pudo establecer es el desenlace de esos casos ni la magnitud actual del problema.
Ese vacío de información merece una respuesta concreta. En un proyecto de vivienda social, cada asignación debe poder explicarse. Quién calificó, por qué recibió el beneficio, quién ocupa hoy el apartamento y qué autorización respalda cualquier cambio de titular son preguntas esenciales para examinar el destino de los recursos públicos.
El 23 de noviembre de 2018, Telemetro recogió reclamos de personas que aseguraban haber pagado a una mujer que supuestamente se presentaba como funcionaria del Miviot para agilizar asignaciones. La institución rechazó que esos trámites formaran parte del procedimiento oficial y advirtió sobre posibles estafas.
En agosto de 2019, la entonces ministra Inés Samudio señaló irregularidades en Renovación Urbana de Colón, entre ellas entregas sin expediente social. TVN también recogió su señalamiento sobre apartamentos de Altos de los Lagos asignados a funcionarios del Miviot. Se anunció una auditoría. Esas declaraciones documentan una advertencia institucional, pero no sustituyen los expedientes necesarios para determinar si cada adjudicación era improcedente.
El antecedente más directo sobre ventas apareció el 8 de marzo de 2020. Según Metro Libre, el entonces director regional del Banco Hipotecario Nacional, Rogelio Wilson, denunció operaciones por B/.1.500 y B/.2.000 e incluso ventas de un mismo apartamento a varias personas. El funcionario afirmó que ya se habían presentado denuncias por estafa ante atención primaria de la Fiscalía.
En septiembre de ese año, Día a Día informó que una reunión del Banco Hipotecario con la Alcaldía de Colón volvió a abordar casos de beneficiarios que alquilaban o vendían los apartamentos. Eran advertencias públicas sobre el uso posterior de las viviendas. Falta reconstruir, con documentos, qué verificaciones y decisiones siguieron a esos señalamientos.
A partir de estos antecedentes, sería inexacto afirmar que nunca hubo denuncias. Tampoco se puede asegurar, con lo localizado, que la Fiscalía Anticorrupción recibió un expediente específico y decidió no investigarlo. La referencia de 2020 menciona atención primaria y presuntas estafas. Corresponde conocer a qué despacho fueron asignados los casos y si concluyeron en archivos, acusaciones, acuerdos o sentencias.
La pregunta para el Ministerio Público es precisa. ¿Qué ocurrió con esas denuncias y qué resultados pueden informarse respetando las reservas que correspondan? Para el Miviot y el Banco Hipotecario, la pregunta complementaria es cuántas asignaciones revisaron, cuántos apartamentos recuperaron y cuántas irregularidades remitieron a las autoridades.
El examen debe alcanzar también a la administración actual. En marzo de 2025, un informe de transparencia de Desarrollo Social del Miviot registró la revisión de 1.872 expedientes de la segunda fase y la remisión de 330 para obtener las firmas correspondientes. Son actividades administrativas reportadas, no una certificación de que todos los expedientes fueran correctos ni de que equivalieran a viviendas entregadas.
La Presidencia anunció una entrega de 540 apartamentos el 1 de agosto de 2025 y una de 600 el 11 de junio de 2026. En la primera comunicación señaló que las asignaciones correspondían a personas con capacidad de pago que cumplían los requisitos. El 16 de noviembre de 2026, el Banco Hipotecario informó que 273 beneficiarios recibieron certificados de préstamos hipotecarios. Esas certificaciones no deben contabilizarse automáticamente como nuevas entregas de viviendas.
Estos datos muestran actividad institucional. También permiten exigir una comprobación más útil que la fotografía ceremonial. La relación entre expediente social, resolución de adjudicación, contrato, ocupación efectiva y posteriores transferencias debe poder reconstruirse apartamento por apartamento.
Existe otra distinción necesaria. El financiamiento oficial de una vivienda no demuestra una venta clandestina. El Banco Hipotecario publica procedimientos generales para traspasos sujetos a requisitos y aprobación. Para determinar la irregularidad de una operación en Altos de los Lagos hay que revisar las condiciones específicas del inmueble y del beneficio. Una promesa privada, un pago a un intermediario o la entrega de una llave no acreditan por sí solos una transferencia autorizada.
Mientras tanto, la necesidad habitacional sigue siendo parte del problema. El 6 de noviembre, TVN informó que más de 200 familias afectadas por el sismo del 9 de octubre esperaban reubicación. Jaime Jované situó los traslados previstos entre noviembre y diciembre. Ese reporte describe la situación de aquella fecha; no permite afirmar cuántas familias permanecen pendientes hoy.
Tampoco se dispone de una base completa que permita concluir que los damnificados y los hogares más necesitados son los menos beneficiados del proyecto. Esa afirmación debe comprobarse cruzando solicitudes, criterios de prioridad, decisiones y entregas efectivas. También debe explicarse qué solución reciben quienes necesitan vivienda segura y carecen de capacidad para asumir una hipoteca.
El señalamiento de que las ventas clandestinas continúan sin cambios requiere pruebas actuales. Recibos, mensajes de negociación, contratos, identificaciones de unidades y constancias de adjudicación permitirían establecer casos concretos y seguir el destino del dinero. Los antecedentes históricos justifican examinar el presente, pero no prueban por sí solos la continuidad de una misma operación delictiva.
La información reunida plantea una exigencia de rendición de cuentas que atraviesa administraciones. Las autoridades de vivienda conocían públicamente las advertencias. El Estado debe explicar cómo las atendió y mostrar qué mecanismos impiden que una solución social termine convertida en negocio irregular.
Entregar apartamentos es una parte de la responsabilidad. Demostrar que llegaron a quienes cumplían los requisitos, investigar las operaciones denunciadas y rendir cuentas sobre sus resultados es la otra. La necesidad de una familia no puede convertirse en la mercancía de un intermediario.
SOBRE RUEDAS TODO UN FRACASO DE INVESTIGACION
17 de noviembre de 2026
