TERMÓMETRO DIGITAL PANAMÁ / INVESTIGACION

Continúa llegando información sobre un teléfono presuntamente utilizado en la Sección de Homicidios de Colón, cuyo paradero y condiciones de utilización merecerían una aclaración institucional. Según versiones recibidas por este medio, el aparato habría terminado viajando a la capital con una persona a quien algunas fuentes identifican mediante el apodo del indiecito.
Y aquí comienza lo interesante.
También se advierte, sin que exista confirmación documental a nuestro alcance, que la fiscal superior no habría tenido conocimiento oportuno de esa situación. ¡Qué curiosidad! Parece que en aquella oficina del tercer piso las noticias importantes necesitan autorización para subir de piso. Y eso que ya están arriba.
Pero la historia no termina allí.
La misma fuente que consideramos confiable sostiene que el dispositivo habría sido utilizado con distintas tarjetas SIM y que eventualmente podría contener información de naturaleza institucional y personal, cuya existencia, contenido y procedencia no han sido verificados independientemente.
Y para decirlo baratito, como refiere nuestra fuente, ese teléfono supuestamente no aguanta que le echen agua bendita.
¡Ave María! Aunque, jurídicamente hablando, los teléfonos no se confiesan, las sospechas no constituyen pruebas y los comentarios de pasillo tampoco reemplazan una investigación.
Lo verdaderamente importante sería establecer si el aparato pertenece a la institución, quién tenía autorización para utilizarlo, cuáles eran los protocolos de custodia y si existe alguna irregularidad administrativa que deba esclarecerse.
Si el dispositivo hubiese sido empleado para comunicaciones relacionadas con investigaciones penales, correspondería determinar si se adoptaron las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de la información y los derechos de las personas involucradas.
Y atención: no estamos afirmando que exista delito, apropiación indebida, utilización irregular ni responsabilidad atribuible a persona determinada. Estamos planteando interrogantes derivados de información que requiere corroboración.
¿Existe un registro institucional del equipo? ¿Se documentó algún cambio de responsable? ¿Se informó a la autoridad competente? ¿Hay razones objetivas para disponer una verificación administrativa?
Preguntar no equivale a condenar. Y aclarar tampoco debería representar una dificultad cuando los procedimientos se han cumplido correctamente.
LA ÚLTIMA
Por ahora, el teléfono sigue siendo protagonista de comentarios que necesitan respuestas verificables.
Y aunque nuestra fuente insiste en que el aparatito no resistiría ni una gota de agua bendita, nosotros preferimos algo menos celestial y bastante más jurídico: documentos, registros, debido proceso y, si legalmente corresponde, una pericia técnica debidamente autorizada.
Porque el agua bendita pertenece a la fe, pero la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes y exige pruebas.

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Entre el rumor y la verdad existe una distancia que solamente las pruebas pueden recorrer.