Un exfiscal presuntamente se llevó a Panamá el teléfono utilizado para comunicarse con testigos protegidos y colaboradores. A este señalamiento se suman cuestionamientos sobre cadenas de custodia alteradas o destruidas. ¿Qué sabe el Procurador General de la Nación?

TERMÓMETRO DIGITAL PANAMÁ | INVESTIGACIÓN ESPECIAL
Hay asuntos que el Ministerio Público no puede despachar con el cómodo argumento de la reserva de las investigaciones. Mucho menos cuando se trata de la seguridad de testigos protegidos, la integridad de las evidencias y la actuación de funcionarios responsables de perseguir delitos tan graves como los homicidios.
La Fiscalía Superior de Colón tiene varias explicaciones pendientes. Una de ellas gira alrededor de un teléfono utilizado presuntamente por la Sección de Homicidios y Femicidios para mantener comunicación con testigos protegidos y colaboradores, que, según información recibida por este medio, habría terminado en manos de un exfiscal trasladado a la ciudad de Panamá.
La interrogante no es solamente quién se llevó el aparato. Lo verdaderamente importante es conocer por qué habría salido de la sección, quién autorizó su traslado y qué ocurrió con los contactos y las comunicaciones almacenadas.
¿Qué necesidad tenía un funcionario trasladado de conservar un teléfono vinculado a investigaciones de homicidios desarrolladas en Colón?
Podría existir una explicación administrativa legítima. Pero precisamente por la sensibilidad de la información, esa explicación debe estar respaldada por documentos y controles institucionales.
Y surge una pregunta todavía más comprometedora.
¿La Fiscalía Superior informó oportunamente al Procurador General de la Nación sobre este episodio o decidió manejarlo discretamente, sin que trascendiera a las instancias superiores?
Hasta el momento no contamos con documentación que permita determinar si esa comunicación existió.

LOS TESTIGOS PROTEGIDOS NO SON PATRIMONIO DE NINGÚN FISCAL
La protección de testigos constituye una responsabilidad del Estado, no una relación particular entre un investigador y las personas que colaboran con sus pesquisas.
Los números telefónicos, las comunicaciones y cualquier información que permita identificar a un testigo protegido deben administrarse mediante controles capaces de garantizar su confidencialidad.
Por eso resulta indispensable establecer si el aparato fue entregado formalmente, si existía autorización para conservarlo y si después del traslado se mantuvieron comunicaciones relacionadas con investigaciones que permanecían en Colón.
También interesa conocer si los fiscales que asumieron esos expedientes recibieron oportunamente la información necesaria para continuar las investigaciones sin comprometer la seguridad de sus colaboradores.
Porque una cosa es proteger la identidad de un testigo y otra permitir que sus datos circulen sin controles verificables.
¿Quién tenía acceso a esos contactos? ¿Quién supervisaba las comunicaciones? ¿Se verificó que la información permaneciera protegida?
Estas preguntas deberían tener respuestas sencillas para una institución que administra investigaciones penales de semejante importancia.

LAS CADENAS DE CUSTODIA Y EL OTRO SILENCIO
El asunto adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se consideran los señalamientos sobre presuntas alteraciones y destrucciones de registros de cadena de custodia en investigaciones penales.
Aquí no hablamos de simples errores de oficina.
La cadena de custodia constituye uno de los mecanismos esenciales para garantizar la identidad, conservación y trazabilidad de las evidencias. Su documentación permite conocer quién recibió un indicio, cuándo lo manipuló, dónde permaneció y bajo qué condiciones fue trasladado.
Una irregularidad en ese procedimiento puede comprometer la confiabilidad de una prueba y provocar controversias que afectan tanto a las víctimas como a las personas investigadas.
Por ello, si existen denuncias sobre registros alterados, extraviados o destruidos, corresponde establecer cuáles son los expedientes afectados, qué funcionarios intervinieron y si se ordenaron investigaciones administrativas o penales.
¿También se informó al Procurador sobre estos señalamientos? ¿Se practicaron auditorías? ¿Se determinaron responsabilidades o todo permanece bajo el conveniente manto de la reserva?
Conviene precisar que los señalamientos mencionados requieren corroboración documental. No se ha establecido en este reportaje que las alteraciones o destrucciones hayan sido acreditadas judicialmente.
Pero la ausencia de una conclusión definitiva no elimina la necesidad de investigar.

UNA FISCALÍA QUE DEBE RENDIR CUENTAS
La Fiscalía Superior de Colón no puede medir su desempeño exclusivamente por el número de condenas anunciadas públicamente.
También debe responder por la calidad de las investigaciones, la legalidad de sus procedimientos, el tratamiento de las evidencias y el respeto de las garantías fundamentales.
Una condena obtenida mediante acuerdo de pena no equivale, desde el punto de vista procesal, a una condena pronunciada después de un juicio oral. Ambas pueden ser resultados legítimos, pero sus diferencias deben quedar claras cuando se presentan estadísticas institucionales.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se producen esos resultados y qué mecanismos existen para corregir posibles irregularidades.
De poco sirve exhibir cifras de eficacia si simultáneamente quedan sin aclarar cuestionamientos relevantes sobre el manejo de información confidencial o la preservación de evidencias.
No se trata de desacreditar a todos los fiscales ni de desconocer el trabajo de quienes cumplen responsablemente sus funciones.
Se trata de exigir que las mismas instituciones encargadas de investigar posibles delitos estén dispuestas a examinar sus propios procedimientos.

¿QUÉ SABE EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN?
La pregunta debe dirigirse también a la máxima autoridad del Ministerio Público.
¿Recibió el Procurador algún informe relacionado con el presunto traslado del teléfono de Homicidios de Colón?
¿Conoce los señalamientos sobre cadenas de custodia que habrían sido alteradas o destruidas?
¿Se han realizado investigaciones internas para verificar esas situaciones?
¿Existen informes disciplinarios, actas de entrega, registros de asignación de equipos o auditorías sobre el manejo de evidencias?
Y si ninguno de esos asuntos fue comunicado formalmente, ¿qué explica la ausencia de información hacia los niveles superiores de la institución?
La Fiscalía Superior, bajo la dirección de Dilsa Donado Davis, debe estar en condiciones de aclarar si recibió reportes sobre estos hechos y qué actuaciones realizó, sin necesidad de divulgar información protegida.
No se afirma que la fiscal superior haya autorizado el traslado del teléfono, conocido una irregularidad u omitido deliberadamente comunicarla. Son precisamente esas circunstancias las que requieren verificación.

EL SECRETO NO PUEDE CONVERTIRSE EN MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN
El Ministerio Público tiene la obligación de preservar la reserva legal de las investigaciones. Esa protección es indispensable para evitar riesgos a testigos, víctimas y diligencias pendientes.
Pero la reserva no debe confundirse con una autorización para sustraer la gestión institucional de todo mecanismo de supervisión.
Una cosa es mantener en secreto la identidad de un colaborador y otra muy distinta negarse a explicar quién administra los dispositivos utilizados para comunicarse con él.
Una cosa es proteger una investigación en curso y otra dejar sin aclaración denuncias sobre la conservación de evidencias.
Y una cosa es defender la independencia funcional de los fiscales y otra pretender que sus actuaciones queden fuera de cualquier control.
La confidencialidad protege las investigaciones. No puede servir como excusa para evitar el examen de posibles irregularidades.

COLÓN MERECE RESPUESTAS, NO MÁS INTERROGANTES
En una provincia golpeada por la violencia homicida, la confianza en la administración de justicia constituye un asunto de enorme trascendencia pública.
Cada investigación debe ofrecer garantías a las víctimas, a los testigos y a las personas sometidas a un proceso penal.
Por eso preocupa cualquier señalamiento que pueda comprometer la seguridad de quienes colaboran con la justicia o la autenticidad de las pruebas utilizadas para sustentar una acusación.
El teléfono presuntamente trasladado a Panamá podría tener una explicación perfectamente legítima. Los cuestionamientos sobre las cadenas de custodia también podrían ser desvirtuados mediante una investigación seria.
Pero las explicaciones deben surgir de hechos comprobables, no de suposiciones ni de silencios prolongados.
Termómetro Digital Panamá considera indispensable que la Procuraduría General de la Nación verifique estos señalamientos y determine si existen informes, actuaciones administrativas o medidas correctivas relacionadas con ellos.
Porque la justicia no solamente debe investigar a los ciudadanos. También debe contar con mecanismos efectivos para investigar las irregularidades que eventualmente puedan producirse dentro de sus propias dependencias.
Y mientras esas preguntas permanezcan abiertas, habrá una que seguirá resonando.
¿La Fiscalía Superior de Colón informó al Procurador lo que presuntamente ocurrió con el teléfono de Homicidios y los cuestionamientos sobre las cadenas de custodia, o el país tendrá que seguir enterándose de estas situaciones por vías distintas a los informes oficiales?

El Procurador tiene la palabra.

Y la Fiscalía Superior, muchas explicaciones pendientes.

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