Mientras el ciudadano paga por cada firma, cada sello y cada documento, nadie explica satisfactoriamente cuánto dinero producen estos despachos, quiénes se benefician y por qué los nombramientos siguen dependiendo del poder político.
En Panamá existen negocios que necesitan publicidad, inversiones, clientes y asumir riesgos. Y existen las notarías, donde el Estado proporciona algo mucho más valioso que cualquier campaña comercial, la potestad de dar fe pública y una clientela que, por exigencias legales, muchas veces no tiene otra alternativa que pagar.
¡Qué extraordinaria fórmula de negocio!
Los que invierten en campaña política o algún funcionario de alto calado, decide quién ocupa el despacho, el ciudadano paga por los servicios y la información sobre los ingresos termina envuelta en una discreción que resulta difícil de justificar tratándose de una función pública.
¿Quiénes son los padrinos políticos de los notarios? ¿Cuántos fueron donantes de campañas electorales? ¿Cuántos nombramientos constituyen recompensas políticas disfrazadas de designaciones institucionales?
Son preguntas que deberían incomodar profundamente a quienes han convertido los nombramientos públicos en instrumentos de influencia.
Porque resulta ingenuo pensar que todas estas designaciones obedecen exclusivamente a méritos profesionales. La ausencia de concursos públicos y de mecanismos transparentes de selección abre espacio al favoritismo y a las lealtades políticas.
Y si existen notarios que llegaron a esos despachos como consecuencia de favores electorales, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo.
EL NEGOCIO PERFECTO, EL ESTADO PONE LA FE PÚBLICA Y EL CIUDADANO PONE EL DINERO
Una notaría puede generar miles de balboas mensuales. Algunas investigaciones periodísticas han documentado históricamente facturaciones de decenas de miles de balboas en determinados despachos.
Pero nadie ha puesto sobre la mesa un balance nacional, actualizado, verificable y desglosado que permita conocer cuánto produce cada notaría, cuánto declara, cuánto paga en impuestos y cuánto termina como beneficio económico de su titular.
¿Dónde están los estados financieros auditados? ¿Dónde están los informes públicos de fiscalización? ¿Cuántas inspecciones se realizan cada año? ¿Cuántos notarios han sido sancionados por irregularidades en el manejo de sus ingresos?
No basta con responder que existen instituciones facultadas para investigar. Lo importante es saber si investigan, qué encuentran y qué hacen con sus hallazgos.
Mientras al pequeño comerciante se le exige factura, registros, declaraciones y cumplimiento tributario, los despachos notariales deben demostrar que están sometidos a controles igualmente efectivos.
COLÓN, DOS NOTARÍAS Y DEMASIADAS PREGUNTAS
En Colón, donde existen dos notarías, el asunto merece una investigación particular.
Sobre una de ellas, ubicada en Plaza Millennium, hemos recibido un señalamiento que no puede despacharse con indiferencia. Usuarios sostienen que se cobran servicios sin entregarles los correspondientes recibos.
La denuncia requiere comprobación documental y debe permitirse al despacho ofrecer su versión. Pero precisamente por tratarse de una función pública, las autoridades tienen la obligación de esclarecer si los cobros se documentan conforme a la normativa aplicable.
¿Se registran todas las operaciones? ¿Se entregan los comprobantes legalmente exigibles? ¿Coinciden los ingresos declarados con los servicios efectivamente prestados?
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de exigir que quienes ejercen la fe pública sean los primeros en demostrar transparencia.
¿Y SI EL DINERO TERMINA EN LOS BOLSILLOS DE LOS PADRINOS?
Aquí aparece la pregunta más delicada.
Si un político promueve el nombramiento de un notario y posteriormente recibe parte de sus ingresos, ¿estaríamos frente a un simple agradecimiento personal o ante una operación de corrupción?
Si una persona financia una campaña electoral y posteriormente obtiene una designación que le permite explotar económicamente una función pública, ¿quién verifica que no existió una contraprestación indebida?
Y si se utilizaran los ingresos de una notaría para ocultar, transferir o disimular fondos de procedencia ilícita, ¿no correspondería investigar también la posible existencia de blanqueo de capitales?
Las respuestas dependen de pruebas concretas. No todo favoritismo constituye delito, ni todo ingreso elevado es dinero ilícito. Pero tampoco puede descartarse una investigación penal simplemente porque el dinero circula por un despacho autorizado por el Estado.
El problema comienza cuando la cercanía política sustituye a la transparencia y el silencio institucional impide conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios económicos.
EL SILENCIO TAMBIÉN DEBE SER INVESTIGADO
Durante años se han planteado propuestas para regular los ingresos notariales, exigir controles y establecer una mayor participación del Estado en los recursos generados por estos servicios.
Sin embargo, el modelo continúa sin ofrecer a la ciudadanía una rendición pública de cuentas suficientemente detallada.
¿Por qué tanta resistencia a transparentar un negocio que existe gracias a una potestad del Estado?
¿Por qué no se publica la facturación anual de cada notaría?
¿Por qué no se exige una auditoría periódica independiente?
¿Por qué los ciudadanos deben conformarse con pagar sin conocer el destino económico de un servicio público delegado?
Y, sobre todo, ¿por qué no se examinan las relaciones entre nombramientos notariales, donaciones electorales y posibles beneficiarios ocultos?
LA FE PÚBLICA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA CAJA PRIVADA DEL PODER
Las notarías no pertenecen a los partidos políticos, a los presidentes, a los diputados ni a los financistas de campañas.
La fe pública pertenece al Estado y se ejerce para garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos.
Por eso, cuando una designación pública permite generar ingresos privados, la transparencia no puede ser una cortesía voluntaria. Debe ser una exigencia institucional.
Termómetro Digital Panamá reclama que se conozcan las cifras, se fiscalicen los cobros, se examinen los vínculos políticos y se investiguen las denuncias documentadas.
Porque si todo es legal, si todo está declarado y si nadie recibe beneficios indebidos, no debería existir resistencia a una fiscalización seria.
Y si detrás de alguna notaría existe un padrino que cobra sin aparecer, entonces no estaríamos hablando solamente de un privilegio político. Estaríamos ante hechos que merecen una investigación penal.
El país no necesita más sellos para certificar documentos.
Necesita que alguien se atreva a abrir los libros de quienes cobran por estamparlos.

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