Hay una degradación institucional que produce asco. Se manifiesta cuando el poder se acostumbra a exigir obediencia, las reclamaciones se consideran molestias y la permanencia de los dirigentes termina ocupando más atención que los derechos de quienes sostienen el deporte.
Los cuestionamientos que aparecen en Coló, Veraguas y el resto del país, obligan a examinar el sistema nacional. La discusión debe alcanzar las reglas que permiten concentrar decisiones, administrar recursos, determinar quién participa y resolver los reclamos de quienes cuestionan esa misma estructura.
El 9 de octubre advertí, en el artículo “El béisbol merece reglas que limiten el poder”, sobre contradicciones y facultades excesivamente abiertas en el estatuto de FEDEBEIS. Allí señalé problemas de participación electoral, imparcialidad, responsabilidad individual y control de las intervenciones sobre las ligas.
Esa discusión adquiere mayor importancia ante la impugnación promovida en Colón y los señalamientos publicados por Veraguas Digital sobre las elecciones de la Liga de Béisbol de Atalaya, Montijo y Área Cañera. Estos últimos deben contrastarse con la convocatoria, las actas y la explicación de los organizadores. Una denuncia pública exige investigación; una proclamación exige respaldo documental.
El problema jurídico comienza en la distribución del poder.
El artículo 26 del estatuto dispone que la Junta Directiva de FEDEBEIS escoge a los tres integrantes de la Comisión de Credenciales Electorales. Esa comisión interviene en la habilitación de las organizaciones que pueden participar.
El artículo 27 concede apenas dos días hábiles para reclamar contra el listado publicado, mediante escrito presentado en las oficinas de la Federación. El artículo 36 atribuye al Comité Ejecutivo el conocimiento de impugnaciones del organismo inferior y califica su decisión como inapelable.
Leídas conjuntamente, estas disposiciones muestran una concentración que merece un examen de imparcialidad. La estructura dirigente designa a quienes intervienen en la habilitación electoral y conserva una posición decisiva en la resolución de las controversias.
La existencia de una comisión no garantiza su independencia. La existencia de un recurso tampoco garantiza una revisión efectiva. Ambas cosas dependen de cómo se designa a quienes deciden, qué intereses tienen, cómo motivan sus resoluciones y ante quién responden.
Cuando esas garantías son débiles, la elección corre el riesgo de convertirse en un procedimiento de conservación del poder.
También preocupa el artículo 126, que permite a la Junta Directiva de la Federación asumir temporalmente la administración de ligas provinciales por irresponsabilidad o incumplimiento de funciones. Esa disposición no fija allí una duración máxima ni desarrolla condiciones precisas para devolver la administración.
Una intervención necesita causas acreditadas, oportunidad de defensa, objetivos verificables y límites temporales. De otro modo, una facultad concebida para corregir irregularidades puede utilizarse para condicionar la autonomía de una liga.
La contradicción entre los artículos 19 y 130 merece igualmente atención. El primero atribuye al presidente plena autoridad en los casos no previstos; el segundo reserva esos asuntos al Pleno o a la Junta Directiva por delegación expresa. Esa ambigüedad exige corrección, porque la competencia de un órgano debe poder conocerse antes de que surja el conflicto.
El artículo 131 tampoco puede interpretarse como una autorización para colocar el estatuto por encima de la legislación obligatoria. La autonomía asociativa se ejerce dentro del ordenamiento jurídico. Una aprobación administrativa no vuelve intocable cada disposición ni elimina la posibilidad de cuestionar su aplicación.
Esta estructura debe examinarse también desde la prevención de la corrupción y el despilfarro.
Un sistema que concentra decisiones y dificulta la fiscalización puede favorecer la opacidad. Pero las responsabilidades concretas deben establecerse mediante documentos, auditorías y procedimientos con garantías.
El estatuto contiene obligaciones que permiten exigir cuentas. El artículo 22 ordena informes y balances mensuales del tesorero. Los artículos 120 a 122 regulan el patrimonio, los depósitos y la contabilidad. El artículo 15 contempla la separación por falta de probidad y honestidad en el manejo de recursos.
Por tanto, corresponde preguntar dónde están esos informes, quién los examinó y qué medidas se adoptaron frente a las irregularidades que eventualmente hayan sido detectadas.
Pandeportes debe explicar sus actuaciones. El Decreto Ejecutivo 599 de 2008 contempla obligaciones de información financiera y remisión de documentos, además de mecanismos de control sobre los fondos. La invocación de autonomía deportiva debe armonizarse con esas exigencias.
La prensa deportiva también tiene preguntas pendientes. Su función fiscalizadora alcanza a quienes administran el béisbol, deciden sobre sus recursos y organizan sus elecciones. Cuando esas preguntas se omiten, la comunidad pierde una herramienta fundamental para conocer y exigir.
La expresión “dictadura deportiva” adquiere sentido crítico cuando describe una estructura que dificulta disputar el poder y reclamar contra sus decisiones. Ese riesgo debe enfrentarse con independencia electoral, transparencia financiera, revisión imparcial y participación efectiva de las bases.
Los cuestionamientos de Colón y Veraguas justifican abrir esa discusión en todo el país, con expedientes a la vista y respuestas que puedan verificarse.
La indignación tiene que traducirse en fiscalización.
Quien administra el deporte debe aceptar límites, rendir cuentas y responder por sus decisiones.
La silla de un dirigente jamás puede valer más que la dignidad de quienes hacen posible el béisbol.