La Fiscalía de Colón necesita una revisión profunda de su conducción. Tener autoridad sobre un despacho implica responder por la calidad de las investigaciones, la preparación de las acusaciones, el respeto a las garantías y el trato dispensado al personal. El cargo no puede convertirse en una explicación suficiente de sí mismo.
Mi crítica se concentra en tres asuntos: liderazgo, objetividad y límites de la intervención jerárquica. La jefatura debe demostrar qué está mejorando y cómo utiliza sus facultades para corregir problemas. La ciudadanía tiene derecho a exigir esa explicación.
Las cifras que corresponden al examen de la gestión actual
El informe preliminar del Ministerio Público correspondiente a septiembre de 2026 registra 339 archivos provisionales en el circuito judicial de Colón. Dentro de ese total aparecen 30 causas por delitos contra la vida y la integridad personal, 62 contra el orden jurídico familiar y el estado civil y siete contra la libertad e integridad sexual.
Son cifras que justifican examinar la calidad de las investigaciones y los motivos concretos de sus archivos. No prueban, por sí solas, que las decisiones fueran incorrectas. Pero tampoco permiten a la dirección dar por satisfecha su responsabilidad con presentar el número de carpetas tramitadas.
¿Qué diligencias se agotaron? ¿Cuáles quedaron pendientes? ¿Cuánto tiempo permanecieron abiertas esas investigaciones? ¿Qué información recibieron las víctimas? ¿Cuántas decisiones fueron revisadas y cuántos expedientes se reabrieron?
Ese es el terreno donde debe medirse el liderazgo. La jefatura debe conocer los obstáculos, distribuir los recursos y comprobar que las correcciones funcionen. Si puede intervenir en la conducción del trabajo, también debe responder por la calidad de esa intervención.
Un antecedente institucional que exige seguimiento
La memoria de noviembre de 2024 a octubre de 2025 contabiliza 4.531 causas archivadas, de las cuales 2.683 —el 59,2 %— correspondieron a la imposibilidad de reunir elementos de convicción. También registra 72 absoluciones en juicio frente a 53 condenatorias en juicio oral, además de 490 condenatorias por acuerdo de pena.
El período anual requiere delimitarse con la fecha certificada de inicio de la actual jefatura antes de atribuírselo íntegramente. Entretanto, constituye un antecedente que la conducción debe explicar: qué problemas recibió, cuáles examinó y cuáles consiguió corregir.
Una absolución puede ser plenamente justa. Lo que interesa fiscalizar es si hubo acusaciones deficientemente preparadas y qué hizo la institución para evitar que los errores comprobados se repitieran. La revisión debe alcanzar a quienes investigan, a quienes litigan y a quienes supervisan.
Hasta dónde llega la superioridad
No sería jurídicamente correcto sostener que una fiscal superior tiene prohibida toda intervención en los asuntos de los fiscales. La organización del Ministerio Público contempla supervisión y mecanismos de coordinación. Incluso el manual de asistencia a juicio prevé que el superior resuelva determinadas discrepancias entre las secciones sobre la procedencia de llevar una causa a juicio.
Precisamente por tener esas facultades, su ejercicio necesita límites verificables: competencia, fundamento jurídico, consideración de la prueba y respeto a las garantías.
El cuestionamiento serio consiste en determinar si una intervención responde al expediente o si pretende imponer una decisión ajena a sus elementos. Debe poder identificarse qué instrucción se impartió, quién la emitió, con qué atribución y qué efecto produjo.
Una orden jerárquica no convierte en suficiente una prueba que no lo es. Tampoco autoriza a ignorar un elemento favorable a la defensa o a sostener una acusación únicamente para preservar el criterio de quien dirige.
La objetividad también obliga a reconocer que una acusación no se sostiene
El artículo 70 del Código Procesal Penal exige actuar con objetividad, incluso cuando ello favorezca al imputado, y prohíbe ocultar información o pruebas a la defensa.
Ese deber alcanza a la jefatura. Una dirección comprometida con la legalidad debe estar dispuesta a corregir una hipótesis, admitir una objeción fundada y abandonar una pretensión que carezca de respaldo. La autoridad se debilita cuando necesita defender su posición a cualquier costo.
Por eso, los señalamientos sobre intervenciones indebidas deben examinarse mediante instrucciones, comunicaciones y actuaciones concretas. Si se acreditan presiones para apartarse de la prueba o de la ley, corresponde establecer responsabilidades. La jerarquía no proporciona inmunidad frente al deber de objetividad.
El trato al personal también revela la forma de dirigir
El señalamiento de trato grosero hacia el personal merece una verificación independiente, escuchando a quienes puedan aportar hechos concretos y a la funcionaria cuestionada. No debe presentarse como probado sin ese contraste.
Pero el estándar institucional es inequívoco: la Ley de Carrera del Ministerio Público exige una conducta cortés, mesurada y respetuosa.
La grosería no es un método de dirección. Si se acredita, merece una respuesta institucional. Los colaboradores deben poder advertir errores, expresar discrepancias técnicas y trabajar con dignidad. Una organización que necesita investigaciones objetivas tiene que permitir que sus funcionarios señalen lo que está mal.
La Procuraduría debe evaluar la conducción de la Fiscalía de Colón con expedientes, indicadores comparables y testimonios contrastados. Esa evaluación debe incluir la calidad del trabajo, el alcance de las instrucciones y el ambiente laboral.
Quien tiene autoridad para exigir resultados debe aceptar que se examinen los suyos. Y quien interviene en las decisiones debe estar dispuesto a explicar, con el mismo rigor, las consecuencias de su intervención.
