Empresario denuncia retención de equipos y vehículos mientras el Ministerio Público demora diligencias fundamentales. Exigen intervención institucional de la ministra de Gobierno y del procurador general de la Nación.
En la provincia de Colón parece haberse instalado una preocupante contradicción: mientras las autoridades proclaman su compromiso con el Estado de derecho, ciudadanos denuncian situaciones que ponen en entredicho la protección efectiva de sus bienes y la actuación de quienes tienen el deber de garantizar la legalidad.
El caso del empresario colonense Alexis Ng constituye un ejemplo que merece atención inmediata.
Todo comenzó con una orden judicial de desahucio. Sin embargo, lo que debía limitarse al cumplimiento de una decisión jurisdiccional terminó, según lo denunciado, en la retención de hecho de equipo rodante y vehículos pertenecientes incluso a terceras personas.
Lo más preocupante es que esta situación habría ocurrido con la intervención de la jueza comunitaria de paz de Sabanitas, cuya actuación merece ser examinada rigurosamente.
¿Desde cuándo una orden de desahucio concede facultades para retener bienes que no forman parte de la controversia judicial?
Una decisión de desalojo no puede convertirse en una autorización para disponer del patrimonio ajeno.
UNA JUEZA DE PAZ ARBITRARIA SIN SUPERVISIÓN
La justicia comunitaria fue concebida para contribuir a la solución pacífica de los conflictos, no para convertirse en un instrumento mediante el cual particulares puedan imponer su voluntad sobre los derechos patrimoniales de otras personas.
Si durante la ejecución de un desahucio se permitió la retención de equipos y vehículos sin una orden judicial que lo autorizara, corresponde determinar quién adoptó esa decisión, bajo qué fundamento legal y qué autoridad asumió la responsabilidad de permitirla.
La autoridad pública no puede convertirse en el respaldo institucional de actuaciones que los particulares no podrían ejecutar legítimamente por cuenta propia.
En un Estado de derecho, las competencias no se presumen ni se inventan. Se encuentran expresamente delimitadas por la ley.
EL MINISTERIO PÚBLICO: QUERELLAS ADMITIDAS, PERO ¿DÓNDE ESTÁ LA INVESTIGACIÓN?
El empresario ha promovido querellas relacionadas con presuntas conductas de abuso de autoridad y apropiación indebida.
Sin embargo, pese a su admisión, se denuncia que todavía no se ha practicado una inspección ocular de los equipos cuya retención constituye precisamente uno de los hechos investigados.
Y mientras las diligencias permanecen pendientes, los bienes presuntamente continúan siendo manipulados y movilizados sin autorización.
¿QUÉ ESPERA EL MINISTERIO PÚBLICO PARA VERIFICAR SU EXISTENCIA, UBICACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN?
¿Que los equipos desaparezcan?
¿Que sean desmantelados?
¿Que el deterioro haga imposible establecer las condiciones en que se encontraban cuando fueron retenidos?
No estamos hablando de una investigación de extraordinaria complejidad.
Se trata de una diligencia elemental de constatación material.
La inactividad frente a una solicitud de esta naturaleza, si carece de justificación objetiva, merece una explicación institucional.
Porque admitir una querella no equivale a investigar eficazmente los hechos denunciados.
MINISTRA DINOSKA MONTALVO: LA JUSTICIA COMUNITARIA DE COLÓN REQUIERE ATENCIÓN URGENTE
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, debe conocer esta situación.
No resulta aceptable que una institución creada para facilitar la solución de controversias termine involucrada en señalamientos relacionados con la retención de bienes particulares.
La titular del Ministerio de Gobierno debe promover, dentro del marco de sus atribuciones, las coordinaciones necesarias para que las autoridades competentes examinen la actuación de la jueza comunitaria de paz de Sabanitas.
¿QUIÉN SUPERVISA A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS CUANDO SUS ACTUACIONES SON CUESTIONADAS POR POSIBLES EXCESOS DE COMPETENCIA?
¿Quién garantiza que los ciudadanos dispongan de mecanismos efectivos para reclamar frente a decisiones presuntamente arbitrarias?
¿Quién responde cuando una diligencia de desahucio termina generando conflictos patrimoniales que exceden el objeto de la resolución original?
Ministra Montalvo, la justicia comunitaria no puede funcionar como un sistema cerrado, ajeno a la fiscalización y a la rendición de cuentas.
Su despacho no tiene que sustituir a los órganos competentes ni intervenir indebidamente en sus decisiones.
Pero sí puede impulsar una revisión institucional del funcionamiento del sistema y exigir que las denuncias sean remitidas a las instancias legalmente facultadas para examinarlas.
EN COLÓN NO PUEDE EXISTIR UNA JUSTICIA COMUNITARIA QUE EJERZA AUTORIDAD SIN RENDIR CUENTAS POR SUS ACTUACIONES.
PROCURADOR GENERAL: INVESTIGAR NO ES SIMPLEMENTE ABRIR UNA CARPETA
El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, también debe conocer los cuestionamientos formulados contra la actuación del Ministerio Público en este caso.
Si existen querellas admitidas, bienes identificables y solicitudes de inspección ocular, corresponde verificar qué diligencias se han realizado y cuáles son las razones por las que otras permanecen pendientes.
La independencia funcional de los fiscales no significa ausencia de responsabilidad.
Tampoco puede utilizarse como justificación para tolerar demoras injustificadas en la preservación de posibles elementos materiales de prueba.
UN MINISTERIO PÚBLICO QUE NO PRESERVA OPORTUNAMENTE LOS ELEMENTOS DE UNA INVESTIGACIÓN CORRE EL RIESGO DE CONVERTIR SU PROPIA INACTIVIDAD EN UN OBSTÁCULO PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.
¿EN COLÓN LA JUSTICIA DEPENDE DE QUIÉNES SON LAS PARTES?
Este caso también obliga a examinar una percepción que continúa debilitando la confianza ciudadana en determinadas instituciones de la provincia.
La sospecha de que algunos despachos actúan con rapidez frente a determinadas personas, mientras otros ciudadanos deben insistir una y otra vez para obtener actuaciones elementales.
No se trata de afirmar, sin pruebas, que exista favoritismo en este expediente.
Se trata de exigir transparencia para despejar cualquier duda sobre la imparcialidad de las autoridades involucradas.
LA JUSTICIA NO PUEDE TENER UNA VELOCIDAD PARA LOS INFLUYENTES Y OTRA PARA QUIENES EXIGEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS.
Cuando los ciudadanos comienzan a percibir que la actuación de determinados despachos depende más de las relaciones entre las partes que de la aplicación objetiva de la ley, la institucionalidad tiene la obligación de responder con hechos.
EL DESAHUCIO NO AUTORIZA EL DESPOJO
Una orden de desahucio no constituye, por sí sola, una autorización para secuestrar, embargar, decomisar o retener bienes muebles.
Mucho menos permite desconocer los derechos de terceros que no participaron en el conflicto original.
Si existe una resolución que autoriza la retención, debe identificarse.
Si no existe, las autoridades deben esclarecer quién mantiene los bienes, por qué motivo y bajo qué fundamento jurídico.
La propiedad privada no queda a disposición de particulares por el simple hecho de encontrarse dentro de un inmueble objeto de desahucio.
DOS AUTORIDADES, UNA MISMA EXIGENCIA: QUE SE RESPETE LA LEY
A LA MINISTRA DE GOBIERNO, DINOSKA MONTALVO: que promueva la revisión institucional correspondiente de las actuaciones denunciadas en la Justicia Comunitaria de Paz de Sabanitas.
AL PROCURADOR GENERAL, LUIS CARLOS GÓMEZ RUDY: que verifique las razones de las demoras investigativas y garantice, dentro de sus competencias, que las diligencias pertinentes sean evaluadas y practicadas oportunamente.
Nadie está reclamando privilegios.
Nadie está solicitando condenas anticipadas.
Lo que se exige es que las autoridades cumplan con sus responsabilidades y expliquen sus decisiones.
Porque lo verdaderamente preocupante no es solamente que un empresario denuncie la retención arbitraria de sus equipos.
LO GRAVE ES QUE, MIENTRAS LOS BIENES PERMANECEN BAJO CONTROL AJENO, LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE ESCLARECER LOS HECHOS NO HAYAN OFRECIDO, SEGÚN EL DENUNCIANTE, UNA RESPUESTA EFECTIVA.
Colón merece una justicia que no se intimide frente a intereses particulares.
Una justicia que no confunda autoridad con arbitrariedad.
Y, sobre todo, una justicia que comprenda que el silencio institucional jamás puede sustituir el cumplimiento de la ley.

TERMÓMETRO DIGITAL PANAMÁ

Periodismo independiente. Sin silencios frente al poder.