Qué bochornoso espectáculo en medio de los actos solemnes de nuestra independencia.
Mientras las autoridades pronunciaban discursos sobre patriotismo, democracia y libertades republicanas, un integrante de la escolta personal del gobernador Julio Hernández Gregoire protagonizaba un altercado con el periodista Dámaso García, quien realizaba una transmisión en vivo para su plataforma digital.
Según comunicadores que presenciaron el episodio, García fue sujetado y jalado bruscamente por el escolta. Fotos y audios muestran parte de lo ocurrido.
La indignación surgió entre representantes de los propios medios de comunicación que observaron la escena, no de una denuncia formulada por el periodista.
¡Vaya manera de rendir homenaje a las libertades republicanas!
Pero este episodio no puede examinarse al margen de las tensiones que ya han rodeado la relación del gobernador con sectores del periodismo colonense.
EL ANTECEDENTE DE ANA BOLENA AYARZA
No hace mucho, la periodista Ana Bolena Ayarza protagonizó otro episodio de evidente distanciamiento con el gobernador Hernández, a quien, según lo relatado, dejó con el saludo en el aire.
Aquella situación tenía como antecedente las controversias surgidas durante las elecciones para escoger la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, capítulo de Colón.
La nómina encabezada por Pedro Luna Betegon, y a la que formaba parte Ayarza, había cuestionado públicamente la intervención del gobernador en los asuntos electorales del gremio, reclamando respeto por su autonomía y por los límites que deben separar el ejercicio de la función pública de las decisiones internas de una organización profesional.
Aquel cuestionamiento no fue un invento ni una simple diferencia personal. Fue objeto de un pronunciamiento público difundido por medios nacionales.
Más delicada resulta la información de que, en el contexto de aquellas tensiones, un familiar del gobernador habría advertido a la periodista que «se había buscado un enemigo».
De confirmarse, semejante expresión sería particularmente preocupante, pues las diferencias gremiales no deberían convertirse en motivos de enemistad ni mucho menos de posibles represalias.
Una autoridad puede tener simpatías, amistades y preferencias personales. Lo que no debe hacer es utilizar su investidura para condicionar la independencia de los gremios ni permitir que las discrepancias profesionales degeneren en hostilidades.
EL PODER NO ES UNA FINCA PRIVADA
Ahora surge el episodio de Dámaso García.
Dos acontecimientos distintos que no permiten afirmar, por sí solos, la existencia de una política de intimidación, pero que sí justifican preguntas sobre la relación de la Gobernación con los comunicadores que mantienen posiciones independientes.
¿Existe realmente tolerancia hacia la crítica?
¿Comprenden quienes rodean al gobernador que los periodistas no son subordinados de su despacho?
¿Hasta dónde llega la autoridad de sus escoltas?
La Gobernación no es un cuartel de obediencia personal, los periodistas no son súbditos y el gobernador no es dueño de la provincia.
La seguridad institucional tiene una finalidad legítima. Proteger a las autoridades frente a riesgos concretos. No puede convertirse en excusa para sujetar, apartar o tratar bruscamente a quienes ejercen su profesión sin una justificación legal.
Si existía algún riesgo durante la cobertura de Dámaso García, corresponde explicarlo. Si hubo exceso, corresponde investigarlo. Y si la intervención fue injustificada, deben determinarse las responsabilidades pertinentes.
Lo inadmisible sería responder con indiferencia o refugiarse en el silencio oficial.
MUCHA SOLEMNIDAD, POCA TOLERANCIA
Hay una contradicción que merece especial atención.
Se pronuncian discursos sobre libertad y democracia mientras persisten cuestionamientos relacionados con la independencia de los periodistas y el comportamiento de quienes rodean al poder provincial.
La autoridad que reclama respeto debe comenzar por demostrarlo.
No basta con vestir de solemnidad las ceremonias patrias, colocar ofrendas florales o entonar el Himno Nacional. Los valores republicanos también se ponen a prueba cuando un periodista formula preguntas incómodas, cuestiona una actuación o simplemente mantiene encendida su cámara.
El gobernador Hernández debe ofrecer explicaciones sobre el incidente con Dámaso García y contribuir a disipar los cuestionamientos que han surgido respecto de su relación con el gremio periodístico.
Porque la libertad de prensa no necesita la simpatía del gobernador para existir.
LOS PERIODISTAS NO SON SÚBDITOS Y LA GOBERNACIÓN NO ES UN TRONO.
El 3 de noviembre celebramos nuestra independencia.
Sería una triste ironía que, 123 años después de la separación de Colombia, todavía hubiera que recordarles a determinadas autoridades que el poder público no les pertenece y que la libertad de prensa no está sometida a sus preferencias personales.

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