La preocupación por la salud y la integridad física del exalcalde de Colón, Rolando Alexis Lee Delgado, motivó la presentación de un segundo hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, mientras permanece bajo detención provisional en la isla de Coiba
La acción constitucional fue promovida por su hija, Jocelyn Ester Lee Casanova, quien manifestó temer por la vida de su padre después de observar, durante la audiencia intermedia del lunes 16 de noviembre, un aparente y considerable deterioro de su condición física.
Según el escrito presentado, el exalcalde mostraba un notable adelgazamiento y aparente pérdida de masa muscular, circunstancias que también habrían advertido otros familiares y uno de sus abogado Miguel Ángel Rodríguez.
La familia solicita una evaluación médica urgente e independiente para determinar las causas de ese deterioro y establecer si las condiciones de reclusión en Coiba permiten garantizar adecuadamente su salud e integridad personal.
El recurso también pide informes sobre alimentación, medicamentos, controles médicos y mecanismos de evacuación sanitaria, así como un eventual traslado hospitalario si resulta clínicamente necesario.
La nueva acción constitucional se produce después de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara legal, mediante resolución del 28 de octubre de 2026, el traslado del exalcalde desde el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza hacia la Base Aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Coiba.
Sin embargo, el nuevo hábeas corpus plantea una controversia distinta, relacionada directamente con las condiciones actuales de reclusión y la protección de la vida e integridad física del detenido.
RODRÍGUEZ ADVIERTE QUE ACUDIRÁ A ORGANISMOS INTERNACIONALES
Uno de los abogados defensores del exalcalde, Miguel Ángel Rodríguez, manifestó que continuarán utilizando los mecanismos constitucionales disponibles para exigir un trato equitativo y el respeto de las garantías fundamentales de su representado.
“Mientras existan en este país garantías constitucionales, no nos cansaremos de exigir un trato equitativo, donde prevalezcan la tutela constitucional y la convencional”, expresó el jurista.
Rodríguez recordó que el sistema interamericano de derechos humanos ya ha examinado controversias relacionadas con el antiguo régimen de reclusión en Coiba, e insistió en que las autoridades panameñas deben observar los estándares internacionales de protección de las personas privadas de libertad.
El abogado advirtió que, si la jurisdicción nacional no brinda una protección efectiva a los derechos fundamentales que considera comprometidos, la defensa acudirá a las instancias internacionales correspondientes.
“Si la Corte no garantiza la preservación de esos derechos, nos veremos obligados a comparecer ante organismos internacionales para que conozcan lo que consideramos un trato diferenciado en nuestro país”, sostuvo.
El defensor insistió en que la privación de libertad no puede convertirse en una justificación para desconocer la dignidad humana ni para imponer restricciones que excedan las autorizadas por el ordenamiento jurídico.
“Lee tiene hijos, hermanos y nietos que siguen esperando que en este país exista verdadera equidad procesal. No estamos reclamando privilegios, sino el cumplimiento de las garantías que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a todas las personas”, culminó Rodríguez.
RECUSACIÓN CONTRA JUEZA ESPECIAL
Paralelamente, la defensa presentó una recusación contra la jueza especial Ilse Rocío Chu de Moreno, quien interviene en la etapa intermedia del proceso penal seguido contra Lee.
El incidente cuestiona la concurrencia de funciones judiciales, al señalar que la juzgadora se desempeña como jueza de juicio en Panamá y ha sido asignada para ejercer funciones correspondientes a la etapa intermedia en Colón.
La defensa invoca la garantía del juez natural, prevista en el artículo 4 del Código Procesal Penal, y solicita que se examine la habilitación funcional de la jueza, así como la legalidad de su designación.
Corresponderá al tribunal competente determinar si existe alguna incompatibilidad jurídicamente relevante y si procede la separación solicitada.
LA VIDA DEL DETENIDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
En el nuevo hábeas corpus, la hija del exalcalde solicita que la justicia constitucional intervenga sin esperar a que se produzca una emergencia médica o un daño irreversible.
La familia sostiene que las autoridades responsables de la custodia deben garantizar atención médica suficiente, alimentación adecuada y condiciones compatibles con la dignidad humana.
El recurso también solicita preservar el registro audiovisual de la audiencia del 16 de noviembre, con el propósito de que los magistrados puedan examinar las condiciones físicas observables del detenido.
La controversia coloca nuevamente sobre la mesa el alcance del hábeas corpus correctivo y la obligación estatal de proteger a las personas privadas de libertad.
La declaración judicial de legalidad de un traslado no elimina el deber permanente de garantizar condiciones de reclusión compatibles con los derechos fundamentales.
Mientras la familia reclama una intervención médica urgente, la defensa anuncia que no descarta llevar el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos si considera agotadas o ineficaces las vías nacionales de protección.
DE LA EXISTENCIA DE PATOLOGÍAS MÉDICAMENTE ACREDITADAS Y DEL DEBER REFORZADO DE PROTECCIÓN ESTATAL
La situación de salud del ciudadano ROLANDO ALEXIS LEE DELGADO no descansa exclusivamente en apreciaciones familiares sobre su apariencia física, sino en antecedentes patológicos objetivamente documentados mediante evaluaciones médicas, estudios radiológicos, resultados de laboratorio y registros hospitalarios expedidos por profesionales e instituciones de salud.
Entre dichos antecedentes constan hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva y una masa renal derecha de aproximadamente 6.5 centímetros, identificada mediante tomografía contrastada practicada el 13 de marzo de 2026, cuya naturaleza definitiva y evolución posterior requieren esclarecimiento médico especializado.
Estas circunstancias imponen al Estado, en su condición de garante de la vida e integridad de las personas privadas de libertad, la obligación de asegurar continuidad asistencial, vigilancia clínica y acceso oportuno a los servicios especializados que resulten necesarios.
La controversia constitucional no se reduce, por consiguiente, a determinar si el traslado a Coiba fue administrativamente autorizado. Comprende establecer si las condiciones materiales de reclusión permiten satisfacer las necesidades sanitarias concretas de una persona con antecedentes clínicos acreditados.
La existencia de una decisión anterior que declaró legal el traslado no releva a las autoridades de su obligación permanente de preservar la salud y la integridad personal del detenido.
En consecuencia, se solicita que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordene una evaluación médica presencial, integral e independiente, con intervención de las especialidades de cardiología y urología, y requiera la totalidad de los registros clínicos posteriores al 15 de marzo de 2026, incluyendo estudios de seguimiento de la lesión renal, tratamientos prescritos y efectivamente suministrados.
Deberá determinarse, asimismo, si las instalaciones de Coiba disponen de capacidad sanitaria suficiente para garantizar la atención requerida o si resulta médicamente necesario su traslado a un establecimiento hospitalario.
La tutela constitucional de la integridad personal no exige esperar la consumación de un daño irreversible cuando existen antecedentes clínicos objetivos que justifican una intervención preventiva.
Termómetro Digital Panamá
Medio periodístico sin ataduras
