Julio Hernández debería detener su próxima aparición pública el tiempo suficiente para revisar las atribuciones de su cargo. A mi juicio, su manera de proyectar autoridad produce una confusión que merece aclararse. Una cosa es coordinar acciones institucionales y otra presentarse como dueño de las facultades de quienes participan en ellas. La gobernación no incluye una alcaldía de cortesía.
La advertencia sobre sanciones por la mala disposición de basura en la vía Randolph ofrece una oportunidad para precisar esa diferencia. Nadie sensato defiende que se arrojen desperdicios en espacios públicos. Lo que corresponde preguntar es quién tramitará los procedimientos, con qué fundamento y mediante qué autoridad. La legalidad también obliga a quien anuncia el castigo.
El artículo 55, numeral 9, de la Ley 467 de 24 de abril de 2025 atribuye a los alcaldes competencia para sancionar la mala disposición de basura. Por tanto, si Hernández anuncia actuaciones de la Alcaldía, debería identificarla claramente. Si pretende imponer personalmente esas sanciones, le corresponde señalar la disposición que lo habilita. El volumen de la advertencia no resuelve el problema de competencia.
Hasta aquí, la información examinada recoge un anuncio, no una resolución sancionadora dictada por el gobernador. Esa diferencia impide presentar como consumada una actuación ilegal. Pero permite exigir claridad. Una autoridad debería ser especialmente cuidadosa al explicar quién puede sancionar. El ciudadano no tiene por qué adivinar dónde termina la coordinación y comienza la representación teatral del poder.
Llamo usurpación conceptual a esa apropiación discursiva de atribuciones ajenas, cuando alguien presenta como propia una facultad que corresponde a otra autoridad. Es una crítica política, no una imputación penal. Y resulta pertinente preguntar si Hernández está incurriendo en ella o si simplemente comunicó con imprecisión una actuación que ejecutaría el municipio.
En cualquiera de los dos casos, la explicación hace falta. Coordinar no significa absorber competencias. Inspeccionar una obra tampoco convierte al visitante en ejecutor. De lo contrario, bastaría recorrer suficientes instituciones para regresar a la gobernación convertido en alcalde, ministro y director del IDAAN. Todo antes del almuerzo y con material suficiente para varias publicaciones.
Hay, además, una asimetría distorsionada. Al ciudadano se le anuncia la consecuencia de incumplir. A las instituciones también deberían exigírseles responsables, plazos y resultados. ¿Cómo se organiza la recolección? ¿Qué seguimiento tendrá el problema? ¿Qué compromiso concreto dejó la visita? La firmeza administrativa merece una aplicación más amplia que el regaño dirigido hacia afuera.
La comunicación del gobernador ganaría seriedad si dedicara menos espacio a proyectar su figura y más a explicar esas respuestas. La autoridad no necesita parecer omnipotente. Necesita conocer sus límites y trabajar eficazmente dentro de ellos. Reconocer que una decisión corresponde al alcalde no lo disminuye. Pretender ocupar todas las funciones sí puede dejar en evidencia una comprensión bastante reducida de la propia.
No consta aquí una candidatura anunciada de Hernández a la Alcaldía. La alcaldía imaginaria es una descripción crítica de esa puesta en escena. Si alguna vez aspirara al cargo, tendría que conquistar votos. Mientras tanto, le corresponde justificar con resultados la responsabilidad que ya tiene.
El escenario actual exige funcionarios que rindan cuentas sin convertir cada intervención en una promoción personal. Que Hernández explique la norma, identifique a la autoridad competente y presente los compromisos de su gestión.

El micrófono amplifica su voz. No amplía sus atribuciones.