La derrota histórica del contrato minero pretende encontrar ahora su justificación en el miedo. El discurso presenta la posibilidad de perder los arbitrajes como una amenaza económica que debería convencer al país de aceptar la reactivación. La fórmula resulta políticamente cómoda. Después del rechazo ciudadano y del revés judicial, se invoca el costo de las consecuencias para rehabilitar el negocio.
Conviene recordar algo elemental. Un arbitraje pendiente no equivale a una condena. El propio informe gubernamental reconoce que las sumas reclamadas no son deudas reconocidas ni montos adjudicados por un tribunal. Existen riesgos que deben evaluarse y defensas que deben explicarse. Convertir esa incertidumbre en una factura anticipada distorsiona la discusión.
El Gobierno tiene la obligación de demostrar por qué su propuesta protege al país. Debe presentar fundamentos jurídicos, cálculos verificables y garantías exigibles. La sola posibilidad de perder un litigio resulta insuficiente para reclamar confianza en otra negociación con la misma empresa.
También corresponde explicar cómo se llegó hasta aquí y qué responsabilidades derivan de haber aprobado un contrato cuya ley terminó declarada inconstitucional. La memoria pública merece más que una nueva campaña de persuasión.
Presentar la reapertura como el precio inevitable para evitar una catástrofe coloca a la ciudadanía ante una elección construida desde el temor. Esa estrategia merece resistencia y preguntas.
Una derrota histórica no se convierte en una buena decisión porque ahora nos asusten con lo que podría costar.