La situación causó malestar entre periodistas y representantes de medios de comunicación que presenciaron lo ocurrido, al considerar que ningún dispositivo de seguridad debe convertirse en un instrumento de intimidación o interferencia arbitraria con el ejercicio periodístico.
La presencia de periodistas en las actividades oficiales no constituye una concesión graciosa de los gobernantes. Es una manifestación legítima del derecho de la ciudadanía a recibir información sobre las actuaciones de sus autoridades.
Un miembro de seguridad está para proteger, prevenir riesgos y mantener el orden dentro de los límites legales. No para decidir qué periodista puede acercarse, quién merece cobertura o a quién debe apartarse mediante el uso de la fuerza.