Llamo miserableza investigativa a la degradación de una función pública cuando la exposición del investigado adquiere más importancia que el esclarecimiento de los hechos. Cuando la sospecha se presenta con solemnidad de sentencia, la prisión se exhibe como resultado y la necesidad de más tiempo pretende justificarse mediante la gravedad del relato, corresponde exigir cuentas a quienes ejercen el poder de investigar.
La información publicada sobre la Junta Comunal de Barrio Sur plantea cuestiones que merecen una respuesta rigurosa. Según La Estrella de Panamá, la fiscal anticorrupción Digna Castillo adelantó que consideran estar ante una estructura delincuencial organizada. La afirmación se produjo durante la audiencia en la que fueron imputados por presunto blanqueo de capitales Mahmoud Fahmir El-Haje y Yoselin Ibeth Cortez, mientras se aproxima la discusión sobre la solicitud de causa compleja.
Una calificación de esa magnitud obliga a explicar sus fundamentos. La Fiscalía tendrá que precisar qué elementos respaldan la existencia de esa estructura, cómo se habrían coordinado sus integrantes y cuál fue la intervención atribuida a cada persona. La expresión puede ocupar un titular en segundos. Su demostración exige bastante más.
La noticia refiere seis personas imputadas y sometidas a medidas cautelares, entre ellas el exalcalde Alex Lee, detenido provisionalmente en una base del Servicio Nacional Aeronaval en Coiba. También recoge una lesión patrimonial estimada en B/.592,364 y transferencias por B/.458,896 hacia una cuenta en la que El-Haje y Cortez aparecen como signatarios. De allí surge la referencia al 77 % de los fondos cuestionados.
Ese porcentaje merece investigación. También merece una explicación que permita comprender qué demuestra y qué permanece pendiente. La concentración de movimientos en una cuenta identifica un punto relevante del recorrido financiero. Para establecer responsabilidad penal hay que reconstruir las operaciones, verificar sus causas, identificar sus destinatarios y determinar qué hizo cada investigado.
La condición de signatario debe examinarse junto con el ejercicio efectivo de las facultades de disposición. Corresponde establecer quién ordenó, autorizó o ejecutó las transacciones y qué conocimiento tenía sobre ellas. El derecho penal exige responsabilidad personal. Los nombres asociados a una cuenta no pueden recibir una culpabilidad colectiva.
Otro aspecto reclama precisión. Decir que una suma no ha podido sustentarse puede referirse a documentos ausentes, comprobantes insuficientes, prestaciones pendientes de verificar o indicios de una disposición ilícita. La investigación debe establecer cuál de esas situaciones existe. El tránsito desde una observación contable hasta una imputación penal necesita hechos y razonamiento.
Una auditoría puede aportar evidencia decisiva, pero sus conclusiones deben resistir la contradicción. Importan los documentos consultados, la metodología utilizada, las limitaciones del examen y la valoración de los descargos. La firma institucional del informe no sustituye esas comprobaciones.
La experiencia judicial panameña ofrece una advertencia concreta. En el caso PAN–Helicóptero, una sentencia de segunda instancia de marzo de 2025, reseñada por el Órgano Judicial, cuestionó una auditoría por información que no había sido analizada y confirmó absoluciones. El antecedente no resuelve la causa de Barrio Sur; demuestra por qué un informe técnico debe examinarse con rigor antes de atribuirle consecuencias concluyentes.
La jurisdicción de cuentas tampoco puede desaparecer de esta discusión. Tiene una finalidad patrimonial y resarcitoria que puede coexistir con la investigación penal. La Ley 67 de 2008 establece la independencia de esas responsabilidades. Por tanto, ser exfuncionario electo no excluye una investigación del Ministerio Público, pero un reparo patrimonial tampoco demuestra automáticamente un peculado. Cada atribución necesita satisfacer sus propias exigencias.
Si existen documentos que aclaran observaciones o acreditan prestaciones efectivamente realizadas, deben examinarse. Si hubo devolución de fondos después de una conducta ilícita, corresponde determinar sus efectos jurídicos. Confundir ambas situaciones impide comprender el caso y debilita cualquier conclusión seria.
La solicitud de causa compleja debe afrontar ese mismo examen. Los artículos 502 y 503 del Código Procesal Penal exigen fundamentar la petición y motivar la autorización judicial. Invocar pluralidad de hechos, imputados o delincuencia organizada obliga a explicar las dificultades concretas que justifican aplicar ese procedimiento.
La Fiscalía debe señalar qué diligencias faltan, cuándo identificó su necesidad, qué gestiones realizó y cuáles obstáculos impidieron completarlas. Una investigación financiera puede requerir tiempo considerable. Precisamente por ello, quien solicita una extensión debe demostrar que responde a necesidades reales y a una actuación diligente.
El Pleno de la Corte Suprema, en sentencia de 26 de julio de 2024, sostuvo que la invocación de delincuencia organizada no libera al juez de examinar la suficiencia de la solicitud. El juez de garantías tiene autoridad para concederla o rechazarla conforme a sus fundamentos. Esa independencia debe ejercerse también cuando el caso produce titulares y expectativas públicas.
La prensa tiene derecho a informar y la ciudadanía a conocer cómo se administraron los recursos públicos. Las publicaciones de La Estrella de Panamá y otros medios digitales, no prueban una coordinación entre medios y autoridades. La preocupación está en el efecto que puede producir una narrativa reiterada cuando las hipótesis de investigación terminan siendo recibidas como responsabilidades establecidas.
La obligación de prudencia es especialmente exigible a los funcionarios. En J. vs. Perú, la Corte Interamericana examinó cómo las declaraciones estatales que presentan como culpable a una persona todavía no condenada vulneran la presunción de inocencia. Informar sobre una investigación exige conservar esa distinción.
También existe una dimensión humana que ninguna cifra puede borrar. Mientras se solicita más tiempo, hay personas que soportan restricciones de libertad, separación familiar y deterioro de su vida cotidiana. La necesidad de continuar investigando debe evaluarse separadamente de la necesidad de mantenerlas detenidas.
Que unos imputados tengan medidas alternativas y otros permanezcan recluidos exige razones individuales. Deben identificarse los riesgos actuales y explicarse por qué una medida menos restrictiva sería insuficiente. La notoriedad pública del investigado no puede completar los vacíos de esa motivación.
En Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la Corte Interamericana exigió revisar periódicamente si subsisten los fundamentos de la prisión preventiva. El avance de la investigación puede modificar los riesgos. La respuesta judicial debe considerar esos cambios, en lugar de repetir indefinidamente las razones iniciales.
La reclusión en Coiba obliga, además, a verificar las condiciones efectivas para ejercer la defensa, participar en audiencias, recibir atención médica y mantener contacto familiar. Si la organización de la custodia impide esos derechos, el Estado debe corregirla. La dificultad de trasladar o conectar a una persona no puede convertirse en una prolongación práctica de su indefensión.
La miserableza investigativa aparece cuando el sufrimiento del procesado se vuelve un recurso para exhibir autoridad; cuando importa más el impacto de la captura que la calidad de la prueba; cuando la demora se normaliza porque quien la padece ya ha sido condenado ante una parte de la opinión pública. Ese riesgo exige vigilancia, documentación y control judicial.
Los fondos destinados al desarrollo y al interés social deben ser protegidos. Su posible desviación merece una investigación exhaustiva. La misma seriedad obliga a distinguir responsabilidades, examinar los descargos y preservar la dignidad de quienes están sometidos al procedimiento.
El 77 % puede orientar una pesquisa. La causa compleja debe justificarse. La culpabilidad tiene que demostrarse. Y la dignidad humana se respeta desde el primer día.