El problema jurídico debe formularse con precisión. La remisión a una fiscalía especializada puede ser correcta e incluso necesaria. Lo cuestionable es convertirla en una respuesta suficiente frente a una persona que necesita protección. La competencia para continuar una investigación y el deber de atender una situación urgente son cuestiones relacionadas, pero jurídicamente distintas.
El artículo 17 de la Constitución establece una finalidad concreta para las autoridades: proteger la vida, honra y bienes, y asegurar la efectividad de los derechos. De este mandato se desprende que la actuación estatal debe valorarse por su capacidad de ofrecer protección efectiva. Una constancia de envío acredita que una carpeta salió de una oficina; por sí sola, no demuestra que la persona afectada recibió auxilio.
Los artículos 219 y 220 completan ese marco. El primero identifica a quienes ejercen el Ministerio Público; el segundo le atribuye, entre otras funciones, promover el cumplimiento de las leyes, vigilar la conducta oficial de los funcionarios y perseguir las infracciones penales. La distribución interna del trabajo debe servir al cumplimiento de esas funciones. Interpretarla como una autorización para desentenderse del ciudadano contradice su finalidad constitucional.
La protección tiene, además, fundamento procesal expreso. El artículo 20 del Código Procesal Penal reconoce los derechos de la víctima y encarga al Ministerio Público velar por su protección durante todas las etapas del procedimiento. El artículo 69 exige adoptar las medidas necesarias de asistencia y protección. Estos deberes no quedan suspendidos mientras una carpeta pasa de un despacho a otro.
Existe un fundamento institucional especialmente relevante para Colón. La Resolución N.º 11 de 29 de junio de 2022, que adoptó el modelo de gestión para las fiscalías regionales de San Miguelito, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí, contempla entre las funciones de recepción gestionar inmediatamente la atención de la víctima o denunciante y aplicar medidas urgentes de protección cuando sean necesarias. Por tanto, reducir Atención Primaria a recibir documentos y despacharlos resulta incompatible con la función que el propio modelo le asigna.
Desde una interpretación sistemática, estas disposiciones deben operar conjuntamente. Las reglas de distribución determinan quién conduce la causa; las normas de protección exigen responder al peligro; y las garantías procesales delimitan qué medidas pueden adoptarse y quién debe autorizarlas. Ninguno de estos planos elimina a los demás. La organización fiscal debe permitir que funcionen simultáneamente.
Esto tampoco significa que cualquier fiscal pueda asumir indefinidamente cualquier investigación o disponer medidas reservadas a un juez. Significa que debe actuar dentro de sus atribuciones y activar oportunamente a la autoridad que corresponda. Cuando una medida exige autorización judicial, la respuesta institucional consiste en gestionar esa intervención con la urgencia del caso. La falta de atribución para resolver personalmente una cuestión no equivale a inexistencia de responsabilidad para encauzarla.
También debe corregirse una premisa: la condición de funcionario público no convierte automáticamente cualquier conducta atribuida a esa persona en un delito de competencia de Anticorrupción. La propia descripción institucional de esa fiscalía vincula su actuación con delitos que afectan a la Administración Pública. La asignación exige examinar los hechos, su posible encuadramiento penal y las reglas de competencia, especialidad, conexidad o fuero que resulten aplicables. El cargo del denunciado no sustituye ese análisis.
La motivación cumple aquí una función de garantía. El artículo 73 del Código Procesal Penal exige expresar las razones jurídicas de las decisiones fiscales. Una remisión debe permitir comprender por qué corresponde intervenir a determinado despacho. Invocar únicamente que el denunciado es funcionario deja sin explicar la relación entre los hechos y la competencia atribuida.
La eventual afectación de la Administración Pública tampoco borra al particular perjudicado. El artículo 79 reconoce como víctima a la persona directamente ofendida y comprende a quienes sufren daños derivados de la infracción penal. Por ello, que una investigación proteja intereses estatales no excluye los derechos de una persona concretamente afectada.
Cuando se advierten amenazas, posibles represalias o continuidad de la conducta denunciada, la respuesta debe comenzar por identificar el riesgo. Importa conocer su naturaleza, actualidad y gravedad; las condiciones de vulnerabilidad de la persona; la capacidad de quien presuntamente amenaza para materializar el daño, y las medidas razonablemente disponibles. El cargo público puede resultar relevante para esa evaluación si facilita intimidación, acceso a información o influencia sobre terceros. Esa relevancia debe comprobarse en el caso concreto.
La protección tampoco exige anticipar una condena. El artículo 70 impone objetividad y consideración tanto de las garantías del investigado como de las necesidades y derechos de la víctima. Evaluar un peligro y adoptar una medida legalmente justificada son actuaciones compatibles con la presunción de inocencia.
Mi tesis es que una remisión jurídicamente adecuada debe asegurar continuidad: dejar identificados los riesgos comunicados, las actuaciones realizadas, las necesidades pendientes y el despacho que asumirá su atención. La derivación inmediata puede ser la mejor respuesta si consigue intervención especializada sin demora. Se vuelve insuficiente cuando entre la salida de una oficina y la recepción efectiva en otra aparece un intervalo durante el cual nadie atiende la urgencia.
La capacidad institucional para brindar asistencia existe. El Ministerio Público cuenta con una Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en Colón. Sus funciones comprenden asistencia interdisciplinaria, orientación y apoyo a la labor fiscal. Activar esa coordinación, cuando corresponda, debe formar parte de la respuesta concreta que recibe el ciudadano.
Esta interpretación encuentra respaldo en la jurisprudencia interamericana. En Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafos 166 y 167, la Corte Interamericana explicó que la obligación de garantía exige organizar el aparato estatal para hacer efectivos los derechos y desarrollar una conducta gubernamental que los proteja en la realidad. Aplicado al problema examinado, este estándar permite sostener que la distribución administrativa debe facilitar una respuesta efectiva y continua.
La posible responsabilidad por una omisión requiere igualmente rigor. El artículo 18 constitucional comprende la omisión en el ejercicio de las funciones públicas. Para atribuir responsabilidad deben establecerse el deber concreto, el conocimiento de la situación, la posibilidad de actuar y la conducta efectivamente desplegada. Una demora no constituye automáticamente delito; tampoco queda justificada únicamente porque se haya elaborado un oficio de remisión.
El procurador general debe revisar los señalamientos sobre Sabanitas mediante actuaciones verificables: examinar las querellas recibidas, los riesgos comunicados, las respuestas ofrecidas, los tiempos de traslado y las medidas gestionadas. El artículo 222, numeral 2, le encomienda velar por el desempeño fiel de los agentes del Ministerio Público y por la exigencia de responsabilidad cuando corresponda.
Esa revisión debe identificar si existen fallas individuales, instrucciones deficientes o problemas de coordinación. También debe establecer responsables durante la transición entre despachos. La víctima necesita saber quién atiende su situación y cómo comunicar un agravamiento del riesgo. La institución debe poder demostrar qué hizo frente a esa información.
Un fiscal que limita toda su intervención a redactar y enviar una nota corre el riesgo de reducir su función a la de un amanuense. El trabajo de recepción y remisión tiene utilidad administrativa, pero la responsabilidad fiscal comprende valorar, decidir, investigar y activar la protección que legalmente corresponda.
La carpeta puede cambiar de despacho. La obligación institucional de proteger a la víctima debe mantenerse sin interrupciones. Esa es la respuesta que Colón merece y que el procurador general está llamado a garantizar.