Una decisión judicial necesita explicar por qué se acepta o se rechaza una petición. Para quien participa en un proceso, conocer el resultado es apenas una parte de la respuesta. También importa comprender qué hechos se consideraron y cómo se relacionan con el fundamento jurídico utilizado.

El artículo 22 del Código Procesal Penal panameño exige motivar jurídicamente las decisiones judiciales, salvo las de mero trámite. La norma distingue esa tarea de la simple referencia a las pruebas, a lo solicitado por las partes o a exposiciones genéricas. Explicar requiere desarrollar el razonamiento aplicado al asunto que se resuelve.

Desde una perspectiva de análisis, una motivación útil permite seguir el camino de la decisión. Identifica el problema, examina los elementos relevantes y muestra su relación con la conclusión. La extensión del discurso, por sí sola, no garantiza esa claridad.

Esta exigencia tampoco significa que toda decisión desfavorable sea arbitraria. El desacuerdo con el resultado y la insuficiencia de las razones son cuestiones distintas. Su evaluación requiere revisar el contenido completo de la resolución y las circunstancias procesales.

Una justicia comprensible facilita que las partes conozcan el alcance de lo decidido y puedan valorar los mecanismos de revisión que correspondan. Explicar las razones forma parte de la responsabilidad de juzgar.