Una nueva comunicación recibida por Termómetro Digital Panamá revela denuncias alarmantes sobre las condiciones en que permanecen mujeres privadas de libertad. Alimentos presuntamente descompuestos, enfermedades estomacales, escasez de agua y temor a represalias forman parte de un relato que exige una investigación inmediata.
La desesperación parece haber superado el miedo.
Desde el interior de un centro penitenciario femenino de la provincia de Chiriquí, una mujer privada de libertad ha vuelto a comunicarse con Termómetro Digital Panamá para denunciar lo que describe como una situación de abandono institucional que estaría afectando la salud, la alimentación y la dignidad de las internas.
Su testimonio no solamente denuncia carencias. También revela el temor que, según afirma, sienten las mujeres cuando intentan hacer públicas las condiciones en que sobreviven.
“No hay comida, la comida viene dañada, hay muchos problemas estomacales, desnutrición, no hay agua”, expresa la denunciante en una comunicación recibida por este medio.
Pero existe un señalamiento todavía más inquietante.
Según su relato, cuando llegan representantes de la Defensoría del Pueblo, las condiciones del establecimiento serían presentadas de manera favorable, ocultando presuntamente las deficiencias que padecen las internas.
La afirmación es grave y requiere una verificación independiente.
Las mujeres aseguran que han solicitado reiteradamente que se permita el ingreso de alimentos, ante las dificultades que enfrentan con la comida suministrada en el establecimiento.
La denunciante sostiene que varias internas padecen problemas estomacales y presentan signos de desnutrición, circunstancias que, de comprobarse, podrían evidenciar deficiencias graves en la prestación de servicios penitenciarios.
¿Quién supervisa la calidad de los alimentos?
¿Dónde están los informes de inspección sanitaria?
¿Cuántas internas han recibido atención médica por problemas gastrointestinales?
¿Existen registros sobre desnutrición y enfermedades asociadas al consumo de alimentos en mal estado?
Son interrogantes que el Ministerio de Gobierno, la Dirección General del Sistema Penitenciario y las autoridades sanitarias deben esclarecer.
La denunciante cuestiona la efectividad de las visitas institucionales y sostiene que las mujeres sienten que sus reclamos no son atendidos.
Si las inspecciones se limitan a recorrer instalaciones previamente acondicionadas, sin entrevistas confidenciales ni mecanismos efectivos de protección para quienes denuncian, difícilmente podrán determinar las verdaderas condiciones de reclusión.
La Defensoría del Pueblo debe informar cuándo realizó su última inspección, cuáles fueron sus hallazgos y qué medidas recomendó.
No basta con visitar una cárcel. La obligación institucional es identificar las vulneraciones, exigir correctivos y verificar su cumplimiento.
Otro aspecto especialmente delicado es el miedo de las internas a denunciar.
La mujer que se comunicó con este medio agradeció la publicación de las denuncias anteriores y aseguró que otras privadas de libertad recibieron con esperanza que su situación comenzara a conocerse públicamente.
Su mensaje contiene una petición conmovedora.
“Por favor, que dejen entrar comida por lo menos, se les ruega”
Una súplica que retrata la gravedad de lo denunciado.
Ninguna persona debería tener que implorar públicamente por alimentos aptos para el consumo, agua potable o atención médica.
La privación de libertad restringe el derecho de locomoción, no extingue los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la salud y el trato digno.
La Constitución Política de Panamá, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Nelson Mandela establecen parámetros de protección para las personas privadas de libertad. Las Reglas de Bangkok incorporan, además, consideraciones específicas sobre las necesidades de las mujeres en prisión.
Cuando una persona está bajo custodia estatal, las autoridades asumen una posición especial de garante respecto de su integridad.
Por ello, las denuncias sobre alimentación, agua y atención médica no pueden despacharse como simples incomodidades carcelarias.
Si se comprueban estas condiciones, estaríamos ante posibles vulneraciones de derechos humanos que requieren medidas correctivas urgentes y la determinación de responsabilidades.
¿QUIÉN RESPONDE POR ESTAS MUJERES?
Termómetro Digital Panamá solicita públicamente una inspección independiente y sin previo aviso, con evaluación de la calidad de los alimentos, disponibilidad de agua potable, condiciones sanitarias, expedientes médicos y entrevistas reservadas con las internas.
También resulta indispensable establecer mecanismos que impidan cualquier represalia contra quienes han decidido denunciar.
Este medio mantiene bajo reserva la identidad de su fuente por razones de seguridad.
Las afirmaciones publicadas corresponden a testimonios recibidos y requieren corroboración oficial. No constituyen, por sí solas, hechos judicial o administrativamente acreditados.
Sin embargo, la ausencia de una verificación oficial no justifica la indiferencia.
Una cárcel no puede convertirse en un territorio donde el hambre sea invisible, la enfermedad se normalice y el silencio se imponga mediante el miedo.
Las mujeres privadas de libertad no están pidiendo privilegios. Están reclamando condiciones mínimas de supervivencia y dignidad humana.
Y cuando una mujer encarcelada tiene que recurrir a un medio de comunicación para suplicar que le permitan recibir comida, la pregunta deja de ser qué ocurre dentro de esa prisión.
La verdadera pregunta es qué están haciendo las autoridades responsables para impedirlo.

TERMÓMETRO DIGITAL PANAMÁ

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