En Panamá, algunas investigaciones penales avanzan con una velocidad admirable, especialmente cuando se trata de ciudadanos sin poder ni influencias. Otras, particularmente aquellas que comprometen actuaciones de funcionarios públicos, parecen necesitar un calendario distinto, una paciencia infinita y, en ocasiones, hasta un milagro para conocer sus resultados.
Por eso resulta pertinente preguntar en qué estado se encuentra la investigación relacionada con la denominada Operación Cerrojo, ejecutada el 11 de junio de 2026 en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en Colón.
Los abogados Miguel Ángel Rodríguez, Felipe Ernesto Cabeza Dixon y Ricardo Antonio Royo Smith presentaron una denuncia penal por hechos que, de acreditarse, difícilmente podrían despacharse como simples excesos de un operativo de seguridad.
Se denunciaron agresiones físicas contra privados de libertad, castigos colectivos, destrucción de medicamentos, alimentos, colchones, instrumentos musicales destinados a actividades religiosas y otros bienes que, según la denuncia, habían ingresado con autorización de las propias autoridades penitenciarias.
Una cosa es requisar una cárcel para encontrar armas, drogas y objetos prohibidos. Otra muy distinta es convertir una operación de seguridad en una presunta jornada de castigos, destrucción y humillaciones.
Y todavía más grave resulta la denuncia sobre medicamentos presuntamente destruidos, indispensables para personas enfermas que dependen precisamente del Estado para recibir atención y protección.
¿Quién impartió las órdenes? ¿Quién supervisó el operativo? ¿Quién autorizó las actuaciones denunciadas? ¿Se identificó a los funcionarios involucrados? ¿Se practicaron las evaluaciones médico-legales solicitadas?
Preguntas elementales que deberían tener respuestas igualmente elementales en una investigación diligente.
Lo curioso es que, cuando las autoridades realizan estos operativos, abundan las cámaras, las fotografías, los comunicados y las demostraciones de fuerza. Pero cuando corresponde esclarecer posibles abusos cometidos durante esas mismas operaciones, la publicidad institucional parece perder repentinamente su entusiasmo.
Para exhibir el operativo sobran las cámaras. Para explicar las denuncias, pareciera que faltan hasta los micrófonos.
No se trata de condenar anticipadamente a policías, custodios o autoridades penitenciarias. Se trata de algo mucho más sencillo y, aparentemente, mucho más complicado para ciertas estructuras del poder público. Investigar seriamente.
Porque los uniformes no conceden inmunidad penal, las jerarquías no borran responsabilidades y las órdenes superiores tampoco convierten automáticamente en legítima cualquier actuación.
La Fiscalía Anticorrupción debería poder informar, dentro de los límites legales de reserva, si conoce formalmente de esta denuncia, qué diligencias se han practicado y cuál es su situación procesal.
No pretendemos que se fabrique una imputación para satisfacer titulares periodísticos. Lo que corresponde es evitar que una denuncia de semejante gravedad termine sometida a esa peculiar especialidad burocrática de dejar transcurrir el tiempo hasta que el expediente pierda actualidad, los testigos se dispersen y las evidencias desaparezcan.
Porque también existe una manera muy eficiente de no encontrar responsables. Consiste en investigar tan poco y tan tarde que, al final, no quede prácticamente nada que investigar.
Y sería verdaderamente lamentable que ese fuera el destino de las denuncias relacionadas con Nueva Esperanza.
Los privados de libertad no son ciudadanos desechables. La sentencia o la detención restringe su libertad en los términos de la ley, pero no autoriza a nadie a convertirlos en destinatarios de arbitrariedades.
El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, no el monopolio de la impunidad.
Ojalá que esta investigación no termine convertida en otro monumento al archivo, esa silenciosa institución donde algunas denuncias contra funcionarios parecen encontrar una tranquilidad que jamás conocieron sus denunciantes.
Y ojalá que la Fiscalía demuestre que su capacidad investigativa no depende del cargo, del uniforme ni del apellido de quien pueda resultar comprometido.
Porque si la justicia es implacable con el ciudadano común, pero extraordinariamente comprensiva cuando debe examinar a quienes ejercen el poder, entonces el problema ya no es solamente lo ocurrido dentro de Nueva Esperanza.
El problema es lo que puede estar ocurriendo fuera de sus muros, precisamente en las instituciones llamadas a garantizar que nadie esté por encima de la ley.

TERMÓMETRO DIGITAL PANAMÁ

Donde el silencio institucional también merece investigación.