Alguien debería explicarle a los colonenses qué fue a hacer el gobernador Julio Hernández al Concejo Municipal.
¿Fue a mediar, a escuchar lamentaciones o a presenciar otro capítulo de una disputa que lleva meses sin resolverse?
Los representantes de corregimiento denunciaron ocho meses de retraso en los desembolsos destinados al funcionamiento de once juntas comunales, por unos ocho mil balboas mensuales cada una o más.
Pero aquí viene lo verdaderamente interesante.
En febrero, el propio Concejo aprobó una resolución solicitando la suspensión del alcalde Diógenes Galván por treinta días.
¿Qué ocurrió con aquella resolución? ¿Quién le dio seguimiento? ¿En qué despacho terminó descansando?
Y hay otra pregunta que merece respuesta.
¿POR QUÉ LOS CONCEJALES NO RESPALDARON LA REVOCATORIA DE MANDATO?
Durante cuatro meses estuvo abierto un procedimiento ciudadano de revocatoria contra el alcalde. Era una oportunidad para que quienes cuestionaban públicamente su administración manifestaran, dentro de la ley, su respaldo a ese mecanismo de participación ciudadana.
Sin embargo, el procedimiento concluyó sin reunir las firmas exigidas.
¿Por qué quienes hoy reclaman con tanta vehemencia no promovieron públicamente una mayor participación ciudadana en aquella iniciativa?
En los corrillos políticos circulan distintas explicaciones.
Algunos sostienen que, durante aquellos días, el alcalde consiguió convencer nuevamente a ciertos representantes mediante ofrecimientos de entendimiento que no habrían producido los resultados esperados.
Otros atribuyen la falta de respaldo a que determinados concejales no mantenían comunicación o acercamiento con la vicealcaldesa Bethel Malca.
Son versiones que requieren confirmación y que sus protagonistas deberían aclarar.
Porque ninguna de ellas, por sí sola, explica por qué un conflicto sobre obligaciones municipales terminó prolongándose durante tantos meses.
Y si el problema era la relación con la vicealcaldesa, habría que preguntar qué tenía que ver esa circunstancia con el cumplimiento de las obligaciones legales del alcalde.
¿Desde cuándo la fiscalización municipal depende de las simpatías personales, de los acercamientos políticos o de quién conversa con quién?
Los concejales tienen facultades legales para fiscalizar la administración, examinar documentos, exigir explicaciones y promover las acciones procedentes ante las autoridades competentes.
No necesitan permiso del gobernador para ejercerlas.
Tampoco necesitan convertir cada controversia en una ceremonia de reconciliación.
La administración municipal ha presentado sus propios argumentos sobre las limitaciones presupuestarias y las actuaciones de los representantes. Esos señalamientos también merecen ser examinados documentalmente.
Pero el ciudadano tiene derecho a conocer algo mucho más sencillo.
Cuánto se debe realmente, por qué no se ha pagado, quién tiene la responsabilidad y qué decisiones concretas se han adoptado.
Porque ocho meses de reclamos no se resuelven con ocho minutos de fotografías institucionales.
Si los representantes consideran que existen incumplimientos legales, corresponde actuar conforme a la ley.
Si consideran que el conflicto puede resolverse mediante acuerdos, deben explicar cuáles son, cuándo se cumplirán y quién responderá si vuelven a incumplirse.
Y si durante el proceso de revocatoria existieron razones políticas para no respaldarlo, sería saludable que las explicaran públicamente.
Colón necesita transparencia, no nuevas versiones de una reconciliación que dura exactamente hasta el próximo desacuerdo.
Los concejales fueron elegidos para representar y fiscalizar, no para convertir al gobernador en el pañuelo oficial de sus frustraciones.
Y al gobernador también corresponde preguntarle qué solución concreta dejó su intervención.
Porque escuchar quejas puede ser parte de la gestión política.
Resolver los problemas es lo que verdaderamente importa.

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