Al celebrar su reelección en Brasil este domingo 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva pronunció una frase que merece una reflexión más allá de las fronteras de su país: «Foi uma derrota da mentira». En español: «Fue una derrota de la mentira». La expresión formó parte de su valoración del resultado electoral.
La hago propia. La atesoro con todo mi existir. Encuentro en esas palabras una aspiración profundamente humana: que la falsedad, por poderosa que parezca, encuentre finalmente un límite; que nadie quede condenado a vivir bajo la versión que otros fabricaron sobre su nombre, sus actos o sus convicciones.
La mentira puede convertirse en una forma de ejercer poder. Quien consigue imponer una versión falsa puede desacreditar a un adversario, justificar una arbitrariedad o desviar la atención de sus propias responsabilidades. Cuando dispone de recursos, voceros y espacios de difusión, la falsedad adquiere una ventaja peligrosa: llega primero, se repite más y obliga al afectado a dedicar su vida a responderla.
Ese daño merece atención. Una acusación puede circular en minutos; esclarecerla puede tomar años. Mientras tanto, una familia soporta la sospecha, un trabajador pierde oportunidades y una persona descubre que su explicación recibe menos atención que el señalamiento inicial. La rectificación suele caminar detrás del escándalo, cargando un equipaje que quienes difundieron la falsedad rara vez ayudan a llevar.
Por eso, me conmueve la idea de derrotar la mentira. Pero asumir esa frase exige también disciplina. Una victoria electoral expresa una decisión ciudadana; por sí sola, no resuelve la veracidad de cada afirmación pronunciada durante una campaña. Esa tarea requiere documentos, contraste y disposición para corregir. Quien reivindica la verdad debe aceptar que sus propias palabras sean examinadas.
La exigencia alcanza a quienes gobernamos desde una responsabilidad pública, litigamos ante los tribunales o escribimos para una comunidad. Defender una causa obliga a cuidar sus fundamentos. Una sospecha necesita investigación. Una acusación requiere sustento. Una opinión debe reconocerse como tal. La indignación puede impulsar una denuncia; nunca debería sustituir la comprobación de los hechos.
En Panamá, y particularmente desde Colón, quisiera que esta reflexión se convirtiera en una práctica cotidiana. Que cada promesa pública pudiera compararse con su cumplimiento. Que cada presupuesto anunciado tuviera una ejecución consultable. Que cada autoridad explicara sus decisiones y respondiera las preguntas incómodas con información suficiente.
También quisiera que el debate público recuperara el respeto por la discrepancia. Cuestionar una gestión forma parte de la vida democrática. El funcionario que recibe una crítica tiene la oportunidad de aportar datos, explicar dificultades y corregir errores. Descalificar a quien pregunta deja intacta la pregunta y deteriora la autoridad de quien evade responderla.
A quienes ejercemos el periodismo de opinión nos corresponde una obligación semejante. La contundencia debe sostenerse en hechos comprobables. Cuando nos equivocamos, debemos corregir con una visibilidad proporcional al daño. La credibilidad se construye en ese esfuerzo, incluso cuando reconocer un error resulta incómodo para nuestra posición.
Atesorar la frase de Lula significa, para mí, asumir ese compromiso. Quiero una sociedad donde la reputación de una persona tenga protección frente a la falsedad y donde el poder encuentre ciudadanos dispuestos a exigir explicaciones. Una sociedad capaz de escuchar, contrastar y decidir sin entregar su conciencia al rumor más repetido.
La derrota de la mentira comienza cuando alguien se niega a compartir aquello que no ha verificado; cuando una institución entrega el documento que permite esclarecer; cuando un medio rectifica; cuando un ciudadano conserva el valor de preguntar.
Por eso hago mías aquellas palabras. Las convierto en una exigencia para los demás y, primero, para mí mismo.
Que la mentira encuentre siempre una voz que la confronte y una prueba que la deje sin refugio.
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