Una intensa controversia jurídica se produjo durante la audiencia en la que el juez de garantías Nelson Quijada declaró compleja la causa penal seguida contra el exalcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, y otras cinco personas investigadas por presuntas irregularidades relacionadas con fondos públicos de la Junta Comunal de Barrio Sur.
La Fiscalía obtuvo seis meses adicionales para continuar la investigación por presuntos delitos de peculado doloso agravado y blanqueo de capitales, decisión que provocó cuestionamientos por parte de algunos defensores.
LA CONTROVERSIA POR UNA AUDIENCIA QUE NO PUDO CELEBRARSE
Uno de los principales puntos de discusión fue la audiencia originalmente programada para el 30 de octubre de 2026.
La Fiscalía explicó que había solicitado la declaratoria de causa compleja desde el 8 de octubre, antes del vencimiento del término ordinario de investigación. Sin embargo, el fiscal encargado no llegó oportunamente a la audiencia debido a un congestionamiento vehicular extraordinario en la entrada de Colón.
Los defensores que se opusieron señalaron que la solicitud anterior había sido declarada no presentada y cuestionaron que pudiera formularse nuevamente después del vencimiento del plazo.
El juez Nelson Quijada consideró que existieron circunstancias extraordinarias que justificaban la incomparecencia y permitió examinar el fondo de la solicitud.
LOS ARGUMENTOS DE LAS DEFENSAS
Durante el debate, los abogados abordaron el alcance de los artículos 502 y 503 del Código Procesal Penal, el control judicial de los términos de investigación y las garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso.
Entre los cuestionamientos se planteó que la declaratoria de causa compleja no podía convertirse en un mecanismo para subsanar deficiencias en la planificación de las investigaciones.
También se discutió si las diligencias bancarias pendientes justificaban una nueva ampliación del plazo cuando parte importante de la investigación ya había sido desarrollada.
Las posiciones de las defensas no fueron uniformes. Algunos abogados se opusieron a la declaratoria, mientras otros manifestaron que el procedimiento complejo también permitiría disponer de mayor tiempo para preparar la defensa de imputados incorporados recientemente al proceso.
EL MINISTERIO PÚBLICO ALEGÓ COMPLEJIDAD FINANCIERA
Los fiscales sustentaron su petición en la pluralidad de imputados, la existencia de presuntos delitos vinculados con el manejo de fondos públicos y la necesidad de profundizar en operaciones financieras.
Según la exposición fiscal, una ampliación de auditoría de la Contraloría General de la República estableció una presunta afectación patrimonial de B/.565,473.43.
Asimismo, se mencionaron aproximadamente 264 transacciones bancarias de egreso correspondientes al año 2023, cuya revisión permitiría identificar beneficiarios finales y establecer el destino de determinados fondos.
El juez Quijada estimó que concurrían los presupuestos legales para declarar compleja la investigación y concedió seis meses adicionales.
POLÉMICA SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA
La motivación judicial también generó un debate jurídico de particular trascendencia.
Durante su exposición, el juez hizo referencia a la inversión de la carga probatoria en investigaciones por blanqueo de capitales y sostuvo que el tiempo adicional también favorecería el ejercicio de la defensa.
El planteamiento abre interrogantes sobre los límites de la carga probatoria y la presunción de inocencia, especialmente porque corresponde al Ministerio Público acreditar los hechos constitutivos de la acusación conforme a las reglas del proceso penal.
La defensa efectiva constituye una garantía fundamental, pero su ejercicio no supone automáticamente trasladar al imputado la obligación de demostrar su inocencia.
ALEXIS LEE DENUNCIA DESDE COIBA PRESUNTAS CONDICIONES INHUMANAS
Otro de los momentos más relevantes de la audiencia ocurrió cuando Rolando Alexis Lee intervino desde su lugar de reclusión en la isla de Coiba.
El exalcalde denunció presuntas condiciones incompatibles con la dignidad humana, falta de atención médica adecuada, limitaciones para comunicarse con sus abogados y dificultades para mantener contacto con sus familiares.
Lee describió las instalaciones como un lugar de tortura y solicitó que se tomaran en consideración sus condiciones de internamiento.
Sus manifestaciones constituyen denuncias que requieren comprobación independiente.
Durante la audiencia, la defensa solicitó una evaluación por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El juez Quijada reconoció el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, aunque sostuvo que las reclamaciones relacionadas con la administración penitenciaria debían canalizarse ante las autoridades competentes.
UNA DECISIÓN QUE PODRÍA GENERAR NUEVAS ACCIONES JUDICIALES
Tras la declaratoria de causa compleja, el defensor de Lee Carlos Tuñón, anunció un recurso de reconsideración que fue rechazado por el juzgador, quien estimó que las disposiciones correspondientes no contemplaban expresamente ese mecanismo.
No obstante, el artículo 503 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de solicitar la revocatoria de la autorización del procedimiento complejo cuando se consideren afectados derechos por su aplicación.
La decisión del juez Nelson Quijada deja planteada una controversia que va más allá de este expediente.
¿Puede la declaratoria de causa compleja operar como una extensión de una investigación cuando el plazo ordinario ya ha vencido, o debe prevalecer un control judicial más estricto de la oportunidad y necesidad de esa autorización?
La respuesta tiene consecuencias importantes para el sistema penal acusatorio, particularmente cuando existen imputados sometidos a detención provisional.
Por ahora, el Ministerio Público dispone de seis meses adicionales para continuar la investigación, mientras las defensas conservan la posibilidad de utilizar los mecanismos jurídicos que consideren procedentes.
Termómetro Digital Panamá continuará dando seguimiento al desarrollo de este proceso, las actuaciones de las partes y las denuncias sobre las condiciones de reclusión del exalcalde de Colón.
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18 de noviembre de 2026
