En Colón parece haberse descubierto una fórmula maravillosa para convertir las estadísticas judiciales en grandes éxitos administrativos. Se suman condenas, se prepara un comunicado, se exhibe una cifra impresionante y se espera que la ciudadanía aplauda sin hacer demasiadas preguntas.
La Fiscalía Regional de Colón anunció 101 condenas relacionadas con homicidios y tentativas de homicidio, incluyendo resultados de la jurisdicción penal de adolescentes. Una cifra que, presentada sin las explicaciones correspondientes, podría hacer pensar que estamos ante una extraordinaria demostración de eficacia investigativa.
¡Qué maravilla! Ciento una condenas. Casi dan ganas de organizar un desfile, repartir medallas y declarar un día de júbilo institucional.
Pero hay un pequeño inconveniente. Las estadísticas no explican por sí solas cómo se obtuvieron esos resultados.
La fiscal superior Dilsa Donado Davis debería comenzar por aclarar cuántas de esas condenas fueron alcanzadas después de juicios orales y cuántas mediante acuerdos de pena. Una distinción elemental para evaluar la actividad litigiosa del Ministerio Público.
Los acuerdos de pena son mecanismos legales y legítimos del Sistema Penal Acusatorio. Nadie discute su utilidad. Sin embargo, una condena obtenida mediante negociación procesal y otra alcanzada después de un juicio oral representan modalidades distintas de resolución judicial.
La crítica no consiste en descalificar los acuerdos, sino en cuestionar la presentación de cifras globales que no permiten distinguir esas modalidades.
Se ha planteado que la mayoría de las condenas anunciadas provendría de acuerdos de pena? Esa afirmación necesita verificarse mediante el desglose oficial. Si efectivamente fuera así, la ciudadanía tendría derecho a conocerlo. Y si no lo fuera, bastaría con publicar los datos para despejar las dudas.
Lo que no corresponde es convertir una cifra acumulada en una especie de certificado automático de excelencia administrativa.
Más curioso resulta que dentro de las 101 condenas se incluyan resultados de la jurisdicción penal de adolescentes, que cuenta con una estructura fiscal diferenciada. Sería conveniente explicar qué corresponde exactamente a cada dependencia antes de presentar los números como demostración de una sola gestión.
Porque en materia de estadísticas institucionales parece existir una curiosa elasticidad. Los números se agrandan cuando sirven para anunciar éxitos y se vuelven extraordinariamente difíciles de desglosar cuando alguien pretende examinarlos.
Y mientras las cifras ocupan los titulares, Colón continúa reclamando respuestas frente a la violencia, la inseguridad y las dificultades que enfrenta la administración de justicia.
También sería saludable conocer las estadísticas menos fotogénicas. Las absoluciones, los sobreseimientos, las investigaciones archivadas, los expedientes pendientes, los retrasos y la duración promedio de los procesos.
Porque administrar justicia no consiste en seleccionar los números más atractivos para decorar un comunicado.
Y aquí aparece una pregunta que merece atención del procurador general de la Nación.
¿Por qué se mantiene a Dilsa Donado al frente de la Fiscalía Regional de Colón y cuáles son los indicadores objetivos que respaldan su continuidad?
La pregunta no pretende sustituir una evaluación institucional por una condena anticipada. Exige precisamente lo contrario. Que se conozcan los criterios con los cuales se examina el desempeño de quienes dirigen las fiscalías.
Y como si faltara algo para completar el cuadro, el pasado 5 de Noviembre el procurador general de la Nación estuvo de visita en Colón.
Una magnífica oportunidad para conocer de primera mano el funcionamiento de la institución. Seguramente no faltaron ocasiones para escuchar las bondades de la administración regional, aunque sería interesante saber qué información recibió efectivamente y si tuvo oportunidad de contrastarla con las experiencias de abogados, víctimas y usuarios del sistema.
Porque una cosa es llegar a Colón, participar en los actos oficiales, escuchar discursos y regresar a la capital, y otra muy distinta es examinar las deficiencias que se denuncian dentro de una administración del Ministerio Público cuya dirección merece una evaluación profunda.
Sería conveniente que el procurador investigara si la Fiscalía Regional ha evolucionado conforme a las exigencias del Sistema Penal Acusatorio o si todavía persisten prácticas anquilosadas, métodos retrógrados y una cultura administrativa demasiado acostumbrada a confundir autoridad con eficiencia.
El Sistema Penal Acusatorio no se creó para reproducir las viejas costumbres del procedimiento inquisitivo con edificios modernos, computadoras nuevas y estadísticas presentadas en colores.
Su esencia descansa en investigaciones rigurosas, objetividad, respeto al debido proceso, contradicción, transparencia y responsabilidad institucional.
Nada de eso puede sustituirse con comunicados triunfalistas.
Y si alguien todavía necesita conocer los cuestionamientos sobre la organización de la Sección de Homicidios de Colón, existe un episodio que merece una explicación urgente.
Según información pendiente de verificación independiente, un fiscal trasladado a la ciudad de Panamá se habría llevado el teléfono utilizado por esa sección para mantener comunicación con testigos protegidos y colaboradores de las investigaciones.
¡Extraordinaria organización administrativa! No solamente se trasladan los funcionarios. Aparentemente, hasta los instrumentos de comunicación de una unidad tan sensible pueden terminar acompañándolos.
La situación, de confirmarse, sería mucho más grave que una simple desorganización de oficina.
Estamos hablando de un medio de comunicación utilizado por personas cuya colaboración con las investigaciones puede exigir especiales medidas de reserva y protección. Su administración debería estar sometida a controles institucionales que garanticen continuidad, confidencialidad y trazabilidad.
¿El teléfono era propiedad del Ministerio Público? ¿Quién autorizó su traslado? ¿Se mantuvo activo el número? ¿Qué ocurrió con los contactos y las comunicaciones de los colaboradores? ¿Se realizó una entrega formal del dispositivo y de la información institucional?
Y, sobre todo, ¿qué mecanismos existen para impedir que una modificación de personal comprometa los canales de comunicación con testigos protegidos?
La fiscal superior Dilsa Donado debería poder responder estas preguntas sin necesidad de recurrir a las famosas 101 condenas.
Porque de poco sirve presumir resultados en investigaciones por homicidio si existen dudas sobre la administración de instrumentos utilizados para comunicarse con quienes colaboran en ellas.
Pero los cuestionamientos no terminan con el teléfono.
Entre las preocupaciones que merecen un examen serio figuran la utilización reiterada de los mismos testigos protegidos en diferentes procesos, las denuncias sobre negativas a practicar diligencias solicitadas por las defensas y una forma de investigar que algunos litigantes describen con una expresión tan sencilla como preocupante.
Investigaciones de yo con yo.
Es decir, investigaciones en las que, según esos cuestionamientos, pareciera que la Fiscalía pregunta, responde, selecciona lo que le conviene y termina convencida de su propia versión de los hechos.
¡Qué extraordinaria comodidad procesal!
Si solamente se busca confirmar la hipótesis acusatoria, se desatienden las solicitudes de la defensa y no se someten a suficiente contraste las declaraciones de los colaboradores, el problema deja de ser estadístico para convertirse en una cuestión de garantías fundamentales.
La utilización de un mismo testigo protegido en distintos procesos no constituye, por sí sola, una irregularidad. Pero exige examinar la procedencia de su conocimiento, la independencia de sus declaraciones, los posibles beneficios recibidos y la existencia de elementos externos de corroboración.
De igual manera, no toda diligencia solicitada por una defensa debe practicarse automáticamente. Sin embargo, las negativas deben responder a criterios legales y objetivos, no a la conveniencia de preservar intacta una teoría del caso.
El Ministerio Público tiene el deber de investigar tanto las circunstancias que puedan establecer responsabilidad penal como aquellas que favorezcan al investigado.
No es una concesión generosa del fiscal. Es una exigencia del principio de objetividad que informa el proceso penal panameño.
Por eso resulta necesario conocer cuántas solicitudes defensivas han sido rechazadas, cuáles fueron sus fundamentos y qué controles se ejercieron sobre esas decisiones.
Y entonces regresamos a las famosas 101 condenas.
¿Cuántas fueron producto de juicios orales? ¿Cuántas surgieron de acuerdos de pena? ¿Qué mecanismos de corroboración respaldaron las declaraciones de los testigos protegidos? ¿Cómo se garantizó el derecho de defensa?
Estas preguntas no descalifican las condenas judiciales. Exigen información para evaluar la calidad de las investigaciones y los métodos utilizados.
Porque una Fiscalía no demuestra su compromiso con la justicia simplemente consiguiendo condenas. También debe demostrar que respeta las garantías constitucionales mientras investiga.
El procurador general de la Nación tiene aquí asuntos concretos que examinar, especialmente después de su visita a Colón el pasado 5 de Noviembre.
Las estadísticas merecen revisión. Los mecanismos de protección de testigos requieren supervisión. Las solicitudes defensivas deben recibir respuestas motivadas. Y las investigaciones tienen que someterse a controles efectivos de legalidad.
Los cargos públicos no son títulos nobiliarios, las fiscalías no son propiedades hereditarias y las estadísticas no deberían funcionar como escudos contra el escrutinio ciudadano.
En una administración verdaderamente moderna, los resultados se examinan, las deficiencias se corrigen y las responsabilidades se determinan.
En una administración anquilosada, por el contrario, se acostumbra celebrar los números, evitar las preguntas incómodas y confiar en que el siguiente comunicado distraiga la atención.
Porque una cosa es administrar justicia y otra administrar estadísticas. La primera exige pruebas, objetividad y responsabilidad. La segunda solamente necesita una calculadora, un comunicado y alguien dispuesto a aplaudir.
Y si las 101 condenas constituyen realmente el gran éxito que se pretende exhibir, que se publiquen sus detalles. La transparencia no debería incomodar a quienes tienen resultados que mostrar.