Lo ocurrido contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector del diario La Prensa, constituye una brutal agresión que no admite indiferencia, justificaciones ni tibiezas institucionales. Cuando un artefacto incendiario es lanzado contra la vivienda de un comunicador, mientras su familia se encuentra en el inmueble, estamos frente a un hecho criminal de extrema gravedad que exige mucho más que los acostumbrados comunicados de condena.
¡Esto no puede quedar impune!
Panamá no puede convertirse en un territorio donde investigar al poder represente el riesgo de que una madrugada alguien llegue hasta la puerta de la casa de un periodista para sembrar el terror.
Aquí no solamente ardieron vehículos. Se produjo un ataque que, por sus características, plantea una amenaza que debe investigarse con absoluta seriedad. Porque cuando la violencia alcanza el hogar de quien ejerce el periodismo, también se pretende quebrantar la tranquilidad de su familia y transmitir un mensaje de miedo.
No sabemos todavía quién ordenó, planificó o ejecutó este atentado ni cuáles fueron sus motivaciones. Precisamente por eso, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar sin contemplaciones, sin privilegios y sin descartar ninguna hipótesis razonable, incluida una posible relación con el trabajo periodístico de Rodríguez.
No bastará con capturar al individuo que presuntamente lanzó el artefacto. Si existen autores intelectuales, financistas o instigadores, también deberán responder ante la justicia.
¡Que no nos presenten al ejecutor mientras quienes eventualmente lo mandaron permanecen cómodamente protegidos por las sombras!
El periodismo no nació para rendir pleitesía a los gobernantes, acariciar el ego de los funcionarios ni convertirse en oficina de relaciones públicas de los poderosos. Su función es investigar, cuestionar, denunciar y poner al descubierto aquello que determinados sectores preferirían mantener enterrado.
Quien no soporta una pregunta incómoda no está preparado para ejercer el poder. Y quien pretende responder a una investigación periodística mediante amenazas o violencia no está defendiendo su reputación. Está atentando contra las libertades fundamentales de una sociedad democrática.
Resulta particularmente indignante que este hecho se haya producido apenas horas después de celebrarse el Día del Periodista.
¡Qué vergüenza!
Ayer abundaban las felicitaciones, los discursos solemnes y las declaraciones sobre el respeto a la libertad de expresión. Hoy la realidad nos golpea con la imagen de una residencia atacada y una familia expuesta a un peligro intolerable.
¿De qué sirven tantas proclamas democráticas si quienes ejercen el periodismo deben preguntarse si sus investigaciones pueden convertir a sus familias en víctimas de la violencia?
Panamá necesita comprender que la libertad de prensa no es una cortesía del Gobierno ni un privilegio concedido por los poderosos. Es un derecho constitucional y convencional cuya protección constituye una obligación ineludible del Estado.
El artículo 37 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no son simples adornos jurídicos para decorar discursos oficiales. Son garantías que deben hacerse respetar, especialmente cuando aparecen amenazas contra quienes fiscalizan el ejercicio del poder.
Y conviene advertir algo más.
La violencia contra el periodismo no comienza necesariamente con un artefacto incendiario. Muchas veces encuentra terreno fértil en la descalificación sistemática, las campañas de desprestigio, las presiones económicas, las amenazas veladas y la intolerancia de quienes consideran que la prensa debe obedecer en lugar de investigar.
No afirmamos que esas conductas expliquen este atentado. Pero sí advertimos que la normalización del hostigamiento contra los comunicadores deteriora peligrosamente el ambiente democrático.
Desde Colón conocemos demasiado bien las tensiones que provoca el periodismo independiente cuando se atreve a cuestionar a quienes administran los asuntos públicos. Hay funcionarios que confunden la crítica con una declaración de guerra y la fiscalización ciudadana con una ofensa personal.
A esos personajes conviene recordarles que el cargo público no otorga inmunidad frente a las preguntas, ni el poder político concede licencia para intimidar.
La sociedad tampoco puede permanecer en silencio esperando que la próxima víctima sea otro periodista, otro medio de comunicación o cualquier ciudadano que se atreva a denunciar una irregularidad.
El Ministerio Público tiene ahora una responsabilidad histórica. Debe esclarecer este ataque con independencia, rigor científico y resultados verificables. La investigación no puede terminar en una conferencia de prensa, en una detención apresurada para satisfacer titulares ni, mucho menos, en el cómodo cementerio de los expedientes archivados.
Queremos saber quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y si alguien estuvo detrás.
Y si las investigaciones demuestran que el atentado estuvo relacionado con el ejercicio del periodismo, la respuesta institucional deberá ser tan contundente como la gravedad del ataque.
Porque una democracia que permite que el miedo sustituya a la palabra comienza a rendirse ante la barbarie.
Nuestra solidaridad con Rolando Rodríguez y su familia es firme e inequívoca. No depende de compartir sus opiniones, sus investigaciones ni su línea editorial. Defender su derecho a informar es defender el derecho de todos los panameños a conocer aquello que algunos preferirían ocultar.
Que nadie se equivoque.
No se combate una investigación con fuego. No se responde a una denuncia con terror. No se silencia a la prensa atacando a su familia.
Y que tampoco se equivoquen las autoridades. Este caso no admite indiferencia, negligencia ni impunidad.
Si el fuego fue utilizado para sembrar miedo, la respuesta de la sociedad debe ser más periodismo, más investigación y más exigencia de justicia.
Porque cuando se ataca la casa de un periodista, se amenaza la casa de todos.

¡EL PERIODISMO NO SE INCENDIA, NO SE ARRODILLA Y NO SE CALLA!

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