Colón está viviendo una de las expresiones más lamentables de la mediocridad política. Una provincia con enormes riquezas, una posición geográfica privilegiada y una población que reclama oportunidades ha terminado atrapada entre autoridades que parecen más interesadas en justificar sus fracasos que en resolver los problemas de sus habitantes.
Aquí sobran los discursos, abundan las fotografías y proliferan los funcionarios que confunden la exposición mediática con la gestión pública.
Lo que escasea es capacidad para gobernar.
Esta semana, las diferencias entre el alcalde Diógenes Galván y varios representantes de corregimiento volvieron a ocupar la atención pública. La controversia alcanzó tal dimensión que se solicitó la intervención del gobernador provincial.
¡Qué espectáculo!
Un alcalde enfrentado con representantes, representantes que reclaman respuestas y un gobernador convocado para intentar recomponer lo que debería resolverse mediante responsabilidad institucional.
Mientras tanto, el ciudadano contempla una representación política que parece haber confundido el Concejo Municipal con un escenario de lamentaciones.
El pueblo no eligió autoridades para que se consuelen mutuamente. Las eligió para que administraran, fiscalizaran y resolvieran.
Y aquí surge una interrogante que nadie parece interesado en responder.
¿Dónde termina la confrontación política y dónde comienza la responsabilidad jurídica por el incumplimiento de los deberes públicos?
Porque los representantes no están sentados en el Concejo para escuchar indefinidamente explicaciones. Tienen competencias de fiscalización y la obligación de exigir rendición de cuentas, dentro de los procedimientos establecidos por la ley.
Tampoco el gobernador puede convertirse en una especie de terapeuta institucional que acude cada vez que las autoridades municipales son incapaces de ponerse de acuerdo.
Su función no consiste en repartir pañuelos, sino en ejercer las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye.
Y mientras estos señores discuten, la provincia sigue acumulando problemas.
La Universidad de Panamá ha reclamado soluciones para las instalaciones deterioradas de su Centro Regional Universitario, cuyas obras de renovación permanecen inconclusas. Las autoridades sanitarias han confirmado brotes de dengue en comunidades de Santa Isabel.
Esa es la verdadera agenda de Colón.
No las rivalidades personales. No las fotografías de reuniones. No las declaraciones cuidadosamente preparadas para los noticieros nacionales.
Una provincia no se gobierna con relaciones públicas, ni se rescata de su crisis mediante discursos pronunciados desde oficinas refrigeradas.
Resulta particularmente preocupante que, mientras las comunidades demandan soluciones, algunos dirigentes parezcan haber reducido el ejercicio del poder a una permanente disputa por protagonismo.
Los diputados tampoco pueden escapar de este examen.
La representación legislativa de Colón tiene que trascender las visitas protocolares, los anuncios ocasionales y la distribución de ayudas que, aunque puedan aliviar necesidades inmediatas, jamás sustituirán una política pública capaz de transformar las condiciones sociales de la provincia.
Colón necesita una agenda legislativa y administrativa seria, con prioridades verificables, inversión social, oportunidades laborales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
No necesita más salvadores de temporada.
Y mucho menos funcionarios que descubren la pobreza únicamente cuando aparece una cámara de televisión.
El problema de fondo es que hemos normalizado una peligrosa inversión de responsabilidades. El ciudadano debe comprender al funcionario, tenerle paciencia, justificar sus limitaciones y esperar indefinidamente.
Pero nadie parece recordar que es el funcionario quien debe responderle al ciudadano, no el ciudadano quien debe rendirle pleitesía al funcionario.
La función pública no es un premio político, una plataforma de vanidad ni una oportunidad para cultivar aduladores.
Es una responsabilidad constitucional.
Y cuando esa responsabilidad se incumple, no basta con ofrecer explicaciones. Corresponde exigir resultados y, cuando existan fundamentos jurídicos, activar los mecanismos de control y responsabilidad previstos en la ley.
Colón no está condenado a la pobreza ni a la improvisación. Lo que necesita es una dirigencia que comprenda que gobernar exige algo más que ganar elecciones.
Exige conocimiento, carácter, planificación y voluntad de enfrentar los problemas sin esconderse detrás de otros funcionarios.
Porque si el alcalde necesita que lo rescaten, los representantes necesitan que los escuchen y el gobernador necesita aparecer como mediador, cabe preguntar quién está gobernando realmente a Colón.
La respuesta, por ahora, no parece encontrarse en los resultados.
Y esa es, precisamente, nuestra mayor tragedia.
Colón no necesita más autoridades explicando por qué no pueden hacer las cosas. Necesita autoridades capaces de hacerlas.

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