Mientras la Fiscalía obtiene la revocatoria de medidas cautelares concedidas a dos coimputados, se conoce una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el traslado penitenciario de otro investigado. Dos resoluciones distintas que vuelven a colocar bajo la lupa el ejercicio del poder punitivo del Estado.
El caso Barrio Sur vuelve a sacudir el escenario judicial panameño. Esta vez, dos decisiones conocidas en una misma jornada reavivan el debate sobre la detención provisional, las garantías constitucionales y los límites que deben observar las autoridades durante una investigación penal.
La fiscal anticorrupción Digna Castillo ofreció declaraciones a La Estrella de Panamá luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara las medidas de depósito domiciliario concedidas a dos coimputados y ordenara su detención provisional.
De manera coincidente, este jueves se conoció, mediante el Edicto número 1613, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal el traslado de Rolando Alexis Lee Delgado desde el Centro Penitenciario de Nueva Esperanza hasta la Base Aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Isla Coiba.
Esta última resolución fue dictada el 28 de octubre de 2026, dentro de una acción de hábeas corpus correctivo presentada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez. El edicto fue fijado el 12 de noviembre a las tres de la tarde.
Dos decisiones judiciales de naturaleza diferente, pero que permiten examinar una cuestión fundamental.
¿Hasta dónde puede llegar la potestad del Estado para restringir derechos mientras investiga hechos que todavía no han sido objeto de una sentencia condenatoria?
LA DETENCIÓN PROVISIONAL NO ES UNA CONDENA ANTICIPADA
La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones representa un cambio significativo en la situación procesal de dos investigados. Sin embargo, conviene recordar que la detención provisional no constituye una sanción penal.
Su finalidad es estrictamente cautelar y debe responder a presupuestos legales concretos, individualizados y debidamente fundamentados.
Ni la gravedad de una imputación, ni la exposición mediática, ni la indignación pública pueden sustituir el análisis judicial de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de una medida restrictiva de libertad.
En un Estado constitucional, la libertad no puede convertirse en una concesión graciosa de las autoridades ni la detención en una respuesta automática frente a investigaciones de alto perfil.
La prisión preventiva no puede utilizarse para demostrar que la justicia está funcionando. La justicia debe demostrar que funciona precisamente cuando decide restringir la libertad de una persona.
COIBA Y LOS LÍMITES DEL PODER PENITENCIARIO
La decisión del Pleno introduce otro aspecto de particular interés.
La Corte declaró legal un traslado penitenciario hacia Isla Coiba. No obstante, la parte resolutiva publicada no permite conocer los fundamentos utilizados para alcanzar esa conclusión.
Tampoco permite establecer, por sí sola, si fueron examinadas todas las circunstancias relacionadas con las condiciones materiales de reclusión, la atención médica, las comunicaciones con los abogados o el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
La distinción resulta esencial.
Una cosa es determinar si una autoridad tenía competencia y fundamento jurídico para disponer un traslado. Otra es establecer si las condiciones concretas de permanencia respetan los derechos fundamentales de la persona privada de libertad.
La primera cuestión no resuelve necesariamente la segunda.
La ubicación geográfica de un establecimiento penitenciario tampoco puede convertirse en un obstáculo injustificado para la comunicación con la defensa técnica, el acceso a la justicia o la protección de la integridad personal.
La Constitución no pierde vigencia en la puerta de una prisión. Mucho menos por tratarse de un establecimiento ubicado en una isla.
EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA, LOS TRIBUNALES DECIDEN
Las declaraciones de los fiscales forman parte de la información pública sobre investigaciones de interés nacional. Sin embargo, conviene distinguir entre la exposición institucional de una investigación y la acreditación judicial de una responsabilidad penal.
Una entrevista no reemplaza una prueba.
Una imputación no equivale a una condena.
Y una medida cautelar, por severa que resulte, no constituye una declaración anticipada de culpabilidad.
La responsabilidad penal es individual. Por tanto, las circunstancias atribuidas a un investigado no pueden trasladarse automáticamente a otro, aunque ambos aparezcan vinculados a una misma investigación.
En el caso Barrio Sur, la ciudadanía tiene legítimo interés en conocer el destino de los recursos públicos investigados, la trazabilidad de las operaciones financieras y las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse.
Pero ese interés no autoriza a debilitar las garantías procesales.
Investigar posibles irregularidades con los fondos públicos y respetar la presunción de inocencia no son propósitos contradictorios. Son exigencias inseparables de una justicia legítima.
UN VOTO RAZONADO QUE MERECE ATENCIÓN
Otro elemento relevante aparece en la resolución constitucional.
El Edicto 1613 registra un voto razonado del magistrado Carlos E. Villalobos Jaén.
Su existencia merece atención jurídica, aunque no corresponde atribuirle una discrepancia con la decisión adoptada sin conocer previamente su contenido.
Será necesario examinar la sentencia íntegra para establecer los fundamentos del Pleno, los argumentos sometidos a su consideración y el alcance de las observaciones consignadas por el magistrado.
En materia de garantías constitucionales, conocer el resultado de una decisión es importante. Comprender su fundamentación resulta indispensable.
La justicia no solamente debe decidir. También debe explicar, con razones jurídicas suficientes, por qué decide.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ADMITE EXCEPCIONES MEDIÁTICAS
Las investigaciones penales relacionadas con presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos deben desarrollarse con rigor, independencia y transparencia.
Nadie puede pretender impunidad amparándose en garantías constitucionales. Pero tampoco puede justificarse la restricción arbitraria de derechos invocando la necesidad de combatir la corrupción.
El proceso penal no es un escenario para satisfacer expectativas de castigo.
Es el instrumento mediante el cual el Estado debe demostrar, con pruebas y respetando las reglas del debido proceso, si una persona tiene responsabilidad penal.
La presunción de inocencia no depende de la popularidad del investigado, de su trayectoria política, de la gravedad de los señalamientos ni de la intensidad de la cobertura periodística.
Es una garantía que protege a todos.
Y precisamente por eso resulta peligrosa cualquier tendencia a presentar las medidas cautelares como triunfos definitivos de la persecución penal.
DOS DECISIONES Y UNA LECCIÓN PENDIENTE
La coincidencia informativa de estas resoluciones no significa que exista contradicción entre ellas. Cada tribunal resolvió una controversia distinta, conforme a su competencia y al objeto de la respectiva actuación.
Sin embargo, ambas permiten recordar que el ejercicio de la potestad punitiva debe permanecer sometido a controles judiciales efectivos.
La sociedad tiene derecho a exigir investigaciones exhaustivas sobre el manejo de los recursos públicos.
Los investigados tienen derecho a defenderse y a ser tratados conforme a la Constitución.
Y las autoridades tienen la obligación de garantizar que ninguna medida restrictiva de libertad pierda su naturaleza cautelar para convertirse, en los hechos, en una sanción anticipada.
Porque la justicia no se fortalece con detenciones espectaculares, declaraciones estridentes ni titulares de impacto. Se fortalece con investigaciones sólidas, pruebas legítimas, decisiones motivadas y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
El caso Barrio Sur continuará su curso en los tribunales.
Lo verdaderamente importante será que las responsabilidades se determinen con pruebas y que las garantías constitucionales no terminen convertidas en simples formalidades.
La lucha contra la corrupción exige firmeza. La administración de justicia exige, además, legalidad, independencia y equilibrio.
Y ninguna de esas obligaciones puede sacrificarse en nombre de la otra.

TERMÓMETRO DIGITAL PANAMÁ

La justicia no se mide por la cantidad de personas detenidas, sino por la solidez de sus decisiones y el respeto a la Constitución.