Un presupuesto público debería poder reconocerse fuera del documento: en una carretera transitable, una escuela segura, una farmacia abastecida y una comunidad comunicada. Cuando las cifras crecen, la ciudadanía tiene derecho a preguntar dónde encontrará su parte en la vida cotidiana. Esa pregunta resulta especialmente pertinente para Colón.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el 26 de octubre, en primer debate, el proyecto de ley 644, correspondiente al presupuesto estatal de 2027, por B/.35,111.7 millones. El trámite continúa. Precisamente por eso, este es el momento de discutir prioridades, exigir explicaciones y conocer qué compromisos concretos se proponen para la provincia.

Mientras avanza esa discusión, la información divulgada sobre el puente de José del Mar, en Cacique, describe una necesidad inmediata: unas 50 viviendas quedaron incomunicadas y se afectó el acceso a una escuela primaria. El MOP inspeccionó la estructura y contempla habilitar un vado provisional. La comunicación consultada no precisa un plazo de habilitación.

La distancia entre ambos escenarios merece atención. En uno se discuten miles de millones; en el otro, cómo recuperar un paso. Compararlos no significa que todo el presupuesto esté disponible para esa obra ni que una reparación pueda ejecutarse sin evaluación técnica. Significa exigir que las decisiones nacionales tengan una expresión comprensible en las necesidades locales.

También corresponde investigar las causas del colapso con rigor. Una fotografía muestra daños; no determina, por sí sola, quién incumplió. Deben examinarse el diseño, la construcción, la recepción, el mantenimiento y las condiciones de uso. Si existen responsabilidades, tendrán que establecerse con documentos y pruebas. La urgencia de restablecer el acceso y el esclarecimiento de lo ocurrido deben avanzar juntos.

Para el presupuesto de 2027, la representación política de Colón debería presentar una relación pública de sus prioridades: proyecto, comunidad beneficiaria, asignación propuesta, entidad ejecutora y calendario. Si una intervención no tiene financiamiento, debe decirse. Si depende de estudios, deben identificarse. Si continúa una obra anterior, corresponde explicar cuánto se ejecutó y qué falta.

La transparencia presupuestaria tiene una prueba sencilla: que una persona pueda seguir el destino del dinero sin necesitar un intérprete de discursos. Una partida anunciada no equivale a un contrato; un contrato no equivale a una obra terminada; una obra terminada necesita funcionar y mantenerse. Cada paso merece comprobación.

A nuestro juicio, la política provincial pierde credibilidad cuando celebra gestiones sin ofrecer elementos para evaluar sus resultados. La ciudadanía puede comprender una dificultad técnica o una limitación financiera. Lo que resulta agotador es recibir una promesa nueva mientras la anterior permanece sin explicación.

Gobernación, municipios, diputados y entidades ejecutoras tienen competencias diferentes. Esa distribución debería facilitar que se identifique al responsable de cada actuación. Un cuadro de compromisos, actualizado periódicamente y accesible al público, permitiría reconocer avances y señalar retrasos con fundamento.

Colón necesita aprovechar este debate para exigir prioridades verificables. La emergencia de una comunidad tampoco puede quedar suspendida hasta el siguiente ejercicio fiscal: las autoridades deben explicar qué respuesta inmediata pueden financiar y ejecutar con los mecanismos disponibles.

El presupuesto tendrá valor cuando permita llegar a la escuela, trasladar a un enfermo, trabajar y regresar a casa con seguridad. Para quienes esperan recuperar el acceso a José del Mar, el resultado será perfectamente reconocible: poder cruzar. Esa debería ser también la medida de una buena gestión.