Por Miguel Ángel Rodríguez
Domingo 25 de octubre de 2026
La recuperación de Colón también se juega en los pequeños negocios. Para quien depende de vender, reparar, transportar o preparar alimentos, una interrupción del trabajo puede convertirse rápidamente en un problema familiar. Por eso, cualquier iniciativa de financiamiento debe examinarse desde una pregunta concreta: ¿puede acceder a ella quien realmente la necesita?
El Ministerio de Economía y Finanzas informó el 21 de octubre sobre instrumentos de crédito y garantías por B/.310 millones para apoyar a las mipymes, incluidas las afectadas por el terremoto. El desglose importa: B/.160 millones corresponden al programa de crédito, con B/.100 millones de disponibilidad inmediata, y B/.150 millones al fondo de garantías. La canalización se realiza mediante instituciones financieras elegibles. Son mecanismos de financiamiento; el anuncio no acredita que esa suma haya sido entregada a los afectados ni asignada exclusivamente a Colón.
Reconocer esa diferencia permite discutir con seriedad. Una garantía facilita una operación crediticia; no equivale a dinero depositado en la cuenta del comerciante. Tampoco toda persona afectada se encuentra en condiciones de asumir una nueva obligación. La recuperación exige distinguir entre negocios temporalmente detenidos, actividades que pueden reanudarse con capital de trabajo y situaciones que requieren otras formas de asistencia.
A mi juicio, las autoridades provinciales deberían concentrar esfuerzos en acercar estos mecanismos a la comunidad. Una jornada de orientación útil tendría que explicar dónde presentar la solicitud, qué documentos se necesitan, cuáles son las condiciones y cuánto puede tardar una respuesta. El pequeño comerciante no debería necesitar un intérprete de comunicados para descubrir por dónde empezar.
También hace falta acompañamiento. Si una solicitud queda incompleta, debe explicarse qué falta y cómo subsanarlo. Si resulta rechazada, el solicitante necesita conocer la razón. La transparencia comienza mucho antes de la auditoría: empieza cuando una persona entiende qué puede pedir y bajo cuáles condiciones será evaluada.
Sería razonable publicar un balance provincial periódico con solicitudes recibidas, aprobaciones, desembolsos y tiempos de tramitación. Esa información permitiría evaluar el acceso sin divulgar datos personales. Conviene conocer, además, qué sectores y comunidades están siendo atendidos. Un programa puede exhibir cifras nacionales satisfactorias y mantener dificultades de acceso en determinados territorios.
No propongo repartir recursos sin controles. Propongo controles comprensibles, proporcionales y compatibles con la urgencia. La diligencia administrativa debe proteger el dinero y permitir que el apoyo cumpla su propósito. Una carpeta impecable que llega cuando el negocio ya cerró puede satisfacer el archivo; difícilmente satisfará a la familia que perdió su ingreso.
La comunicación oficial también debe resistir la tentación de presentar el financiamiento como una solución universal. Un préstamo puede ayudar, pero exige capacidad de pago. Promoverlo responsablemente implica explicar costos, compromisos y alternativas. La desesperación de una persona afectada nunca debería sustituir una valoración seria de sus posibilidades de recuperación.
Colón necesita que el anuncio nacional se traduzca en orientación cercana, decisiones explicadas y resultados comprobables. Gobernación, municipios y entidades económicas pueden contribuir identificando obstáculos y facilitando la coordinación, sin convertir el acceso en un favor personal.
El éxito deberá medirse en negocios que recuperan actividad y empleos que logran sostenerse. Las cifras grandes ocupan muy bien una presentación. La prueba decisiva será comprobar si la ayuda consigue atravesar la ventanilla antes de que el comerciante tenga que bajar definitivamente la cortina.
