En Panamá, las fiestas patrias parecen sometidas a una incertidumbre permanente: un año sí, otro año quién sabe. Los padres de familia compran uniformes, ajustan presupuestos y hacen sacrificios; las bandas ensayan durante meses, adquieren instrumentos y preparan su indumentaria. Detrás de cada estudiante que desfila hay tiempo, disciplina y dinero que muchas familias consiguen con dificultad. Todo ese esfuerzo merece una administración capaz de ofrecer información clara y decisiones responsables.
Las emergencias existen y la protección de la vida tiene prioridad. Una tormenta, un sismo o daños en las edificaciones pueden justificar cambios e incluso suspensiones. Precisamente por eso, las autoridades deben preparar alternativas, evaluar las condiciones de cada lugar y explicar sus decisiones. La inversión realizada merece respeto, aunque nunca puede convertirse en una obligación de exponer a los participantes a un peligro comprobado.
Al 21 de octubre, el panorama incluye anuncios favorables: el Ministerio de Educación confirmó los desfiles del 3 y 4 de noviembre en la capital, y el alcalde de Colón anunció la realización del desfile del 5 de noviembre, con la ruta todavía en evaluación junto a los estamentos de seguridad. Estas confirmaciones deben acompañarse de instrucciones concretas para las familias y los organizadores.
También corresponde precisar que el presidente Mulino anunció la suspensión de las dianas en la Presidencia y dejó los desfiles sujetos a evaluación. Esa distinción importa. Pero su expresión de que «no hay nada que celebrar» merece una reflexión: honrar a la patria puede ser, precisamente en momentos difíciles, un acto de solidaridad, recogimiento y reconocimiento a quienes sostienen al país.
La conmemoración admite solemnidad y sencillez. Allí donde las condiciones lo permitan, pueden evaluarse recorridos más cortos, participación escalonada, ceremonias cívicas o actos de homenaje en espacios previamente inspeccionados. Recordar a nuestros próceres y mártires también significa enseñar a las nuevas generaciones el valor de la responsabilidad colectiva y acompañar a las comunidades afectadas.
Lo cuestionable es que la ciudadanía tenga que reconstruir las decisiones del Estado entre conferencias de prensa, declaraciones dispersas y anuncios que requieren nuevas aclaraciones. Presidencia, Meduca, gobernaciones y municipios deben coordinarse y comunicar con precisión qué se realizará, dónde, bajo cuáles condiciones y quién informará cualquier cambio. Las diferencias entre territorios pueden estar justificadas; corresponde explicarlas.
Al mandatario hay que presentarle opciones sustentadas. Para eso están los ministros, asesores y demás funcionarios: para evaluar, coordinar y resolver. Una administración demuestra capacidad cuando anticipa escenarios y ofrece respuestas comprensibles. El tono tajante de una declaración jamás sustituirá ese trabajo.
¡Qué país tan pequeño y cuántos problemas de organización seguimos arrastrando! Las familias ponen el dinero; los estudiantes, la disciplina; las bandas, meses de preparación. A las autoridades les corresponde poner capacidad, respeto y previsión.
La patria merece solemnidad. Las familias merecen certezas. Y gobernar exige mucho más que anunciar, a última hora, si habrá desfile.
