La administración de justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Sin embargo, su fortaleza no depende únicamente de las leyes, los edificios judiciales o la solemnidad de las audiencias. Depende, esencialmente, de la independencia de quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos.
En Panamá se habla constantemente de modernización judicial, concursos de méritos, transparencia y fortalecimiento institucional. Son expresiones que adornan los discursos oficiales, pero cuyo verdadero significado debe demostrarse en las decisiones cotidianas.
Un concurso público pierde su razón de ser cuando la ciudadanía no puede conocer con claridad los criterios utilizados para seleccionar a quienes ocuparán los cargos. La transparencia no termina con publicar una convocatoria. También exige explicar los resultados y garantizar que las designaciones respondan a parámetros objetivos.
No basta con tener títulos universitarios, especializaciones o años de servicio. La independencia de criterio, la integridad, la prudencia y el respeto por la dignidad humana son condiciones indispensables para ejercer la jurisdicción.
Un juez no está llamado a complacer al Ministerio Público, a los abogados defensores, a los grupos económicos ni a quienes ejercen el poder político. Su compromiso es con la Constitución, la ley y las garantías fundamentales.
Tampoco puede confundirse la firmeza judicial con el autoritarismo. La autoridad legítima se construye mediante decisiones motivadas, respeto a las partes y observancia rigurosa del debido proceso.
Resulta igualmente importante examinar la situación de los funcionarios que aspiran a ascender dentro de la carrera judicial. El mérito debe prevalecer sobre cualquier relación personal o recomendación externa.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se evalúa a los aspirantes, cuáles son sus calificaciones y qué razones justifican una designación.
No se trata de cuestionar anticipadamente la honorabilidad de quienes participan en los concursos. Se trata de exigir procedimientos suficientemente transparentes para proteger tanto a los aspirantes como a la propia institución.
Porque una justicia verdaderamente independiente no necesita padrinos, protectores ni intermediarios.
Necesita magistrados y jueces capaces de resolver incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes ostentan poder.
La independencia judicial no puede ser una frase decorativa en los discursos institucionales. Debe constituir una práctica permanente y verificable.
La justicia comienza a perder credibilidad cuando el ciudadano llega a creer que importa más conocer a alguien dentro del sistema que tener la razón conforme a derecho.
Ese es precisamente el riesgo que las instituciones están obligadas a prevenir.
Panamá necesita una justicia que inspire confianza por la calidad de sus decisiones y no por la influencia de sus relaciones.
Porque cuando la justicia necesita padrinos para funcionar, quien termina huérfano es el ciudadano.
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