A Colón se le reconoce su importancia económica con una facilidad admirable. Se habla de sus puertos, del comercio, de la actividad logística y de su posición estratégica. Sin embargo, cuando llega el momento de explicar cómo esa importancia mejora la vida de sus habitantes, el discurso pierde precisión. Sobran los elogios a la provincia productiva; faltan respuestas para el colonense que busca trabajo.
La discusión del presupuesto nacional para 2027 vuelve a colocar esa contradicción sobre la mesa. Ayer, la Asamblea aprobó en segundo debate un proyecto por B/.35,111.7 millones. Es una cifra considerable, pero su tamaño no permite concluir cuánto bienestar recibirá Colón. Para saberlo hacen falta partidas identificables, proyectos viables, responsables y mecanismos que permitan comprobar la ejecución.
Una provincia no mejora porque su nombre aparezca en una presentación. Mejora cuando una familia tiene agua, un paciente recibe atención, una escuela funciona en condiciones seguras y una persona consigue un empleo que le permita sostener su hogar. Esa debería ser la medida del éxito público. El aplauso durante una ceremonia no figura entre las necesidades básicas.
La medición de septiembre del Índice de Confianza del Consumidor, divulgada ayer, ofrece una señal que merece atención: el 41 % de los encuestados considera que tiene pocas posibilidades de conseguir empleo durante los próximos seis meses. Es un dato nacional sobre expectativas, no una tasa de desempleo colonense. Aun con esa distinción, obliga a preguntarse qué políticas concretas están ampliando las oportunidades laborales en nuestra provincia.
A nuestro juicio, uno de los mayores fracasos de la política consiste en acostumbrarse a administrar la espera. Al desempleado se le pide paciencia; al pequeño empresario, resistencia; a la comunidad afectada, comprensión. Mientras tanto, los funcionarios pueden anunciar otra reunión y presentar la convocatoria como si ya fuera parte de la solución.
El presupuesto debería servir para romper esa costumbre. En Colón necesitamos conocer qué inversiones mejorarán los servicios y qué programas vincularán la formación técnica con oportunidades reales de contratación. También corresponde exigir información sobre los resultados: cuántas personas ingresaron a un empleo, en qué condiciones y con qué continuidad. Capacitar sin evaluar las posibilidades de inserción laboral puede terminar produciendo certificados para una gaveta.
La calidad del gasto exige, además, transparencia. La propuesta de ampliar excepciones a las reglas de contratación pública, respaldada ayer por 36 diputados durante el debate presupuestario, merece un examen riguroso. Quienes la defienden deben explicar su necesidad, sus límites y los controles previstos. La urgencia de resolver problemas no vuelve innecesaria la vigilancia del dinero público.
Tampoco sería serio atribuir toda dificultad económica a una sola autoridad. Existen responsabilidades nacionales, municipales y empresariales. Precisamente por eso hacen falta compromisos claros. Cuando todos prometen contribuir, pero nadie queda obligado a responder por un resultado concreto, la coordinación se convierte en una conversación interminable.
Colón merece participar de manera efectiva en la prosperidad que ayuda a generar. Esa participación debe sentirse en los ingresos familiares, en la contratación local, en las oportunidades para emprender y en servicios que funcionen.
La provincia no puede seguir siendo indispensable para producir riqueza y secundaria cuando se distribuyen las oportunidades. El próximo presupuesto tendrá que demostrar para quién trabaja. Los colonenses ya han escuchado suficientes cifras. Ahora necesitan poder vivir de algo más que de escucharlas.

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