La tierra tembló y Remance volvió a hablar. No fue el oro enterrado en las montañas de Veraguas lo que salió a la superficie, sino una historia de abandono que Panamá arrastra desde hace casi tres décadas. El terremoto del 9 de octubre provocó un deslizamiento en la antigua explotación minera y dejó al descubierto una deuda ambiental que ningún gobierno había logrado resolver. Se regaron los residuos tóxicos.
En agosto de 2022 publiqué en Archivos Abiertos la investigación La mina de oro, donde brilla el silencio de muchos. Documenté los antecedentes de una explotación aurífera que operó entre 1989 y 1999, testimonios sobre derramestóxicos, mortandaddepecesycamarones, ylaspreocupacionesdecomunidadesqueduranteañosconvivieronconeltemoralacontaminación.
Remanceesunazonaruraldedifícilacceso.
Sus caminos, la pobreza y las necesidades de sus habitantes contrastan con la riqueza que alguna vez salió de aquellas montañas. La explotación terminó, pero no dejó una transformación duradera en las condiciones de vida de la población.
El oro salió de Remance. La pobreza permaneció.
Hay una frase que recogí en agosto de 2022, durante mi investigación sobre Remance, y que hoy parece cobrar una vigencia inquietante. La ambientalista RaisaBanfield cuestionaba entonces las promesas de desarrollo asociadas a la actividad minera:
“No he encontrado ningún estudio, de ningún gobierno en 30 años desde que se decidió que la minería sacara al país de la inequidad”.
Cuatro años después, aquella observación merece volver al debate. Remance conoció la extracción de oro, pero sus comunidades no experimentaron una transformación duradera de sus condiciones de vida. La riqueza salió de las montañas mientras persistían la pobreza, los caminos difíciles y las necesidades de sus habitantes, así lo percibí en casa de Doña Cristina que resguarda al río Santa María.
La protección del territorio también tiene una historia jurídica. En julio de 2022, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el proyecto de ley destinado a proteger la cuenca del río Santa María, pese a las objeciones del entonces presidente Laurentino Cortizo.
Posteriormente, la Ley 339 declaró la cuenca Patrimonio Natural Nacional y área protegida. Su régimen legal, modificado en 2024, establece restricciones a la minería metálica y otras actividades que comprometan su conservación.
Mientras tanto, Greenfield Resources Inc. buscaba obtener derechos de extracción en Remance. Su estudio de impacto ambiental fue rechazado y, posteriormente, tampoco prosperó la solicitud de concesión minera.
Se cerró una puerta a la explotación, pero nadie había cerrado la herida ambiental.
El 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente anunció un plan de remediación. Reconoció que Remance llevaba 27 años abandonada, sin cierre formal, y reportó presencia de metales en el suelo y elevados niveles de coliformes fecales en muestras de agua cruda.
Aunque estos resultados aún no prueban del todo que el terremoto haya provocado un derrame de sustancias tóxicas hacia las fuentes hídricas, sí exigen una investigación ambiental rigurosa y resultados públicos. Porque la contaminación siempre estuvo latente.
Tuvieron que transcurrir casi tres décadas y ocurrir un terremoto para que se anunciara una intervención. Y ahora preguntemos, ¿Quién fiscalizó la mina? ¿Quién debía garantizar su cierre? ¿Qué responsabilidad corresponde a los antiguos operadores y a las instituciones del Estado?
Remance obliga a mirar hacia Donoso, donde el
futuro de Cobre Panamá sigue rodeado de controversias. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) cuestionó el informe gubernamental sobre el cierre minero y advirtió sobre los riesgos de vincular ese proceso con la continuidad de operaciones.
La falta de información pública suficiente sobre las decisiones y sus consecuencias alimenta la desconfianza. Las comunidades necesitan conocer los estudios, las obligaciones de las empresas y las garantías ambientales que acompañarán cualquier decisión. Una decisión que está lastimosamente en manos de un solo actor: el presidente.
Ahora, cuando se discute el futuro de Cobre Panamá, en Donoso, la pregunta de fondo sigue pendiente, queremos saber, dónde están los estudios que demuestren cuánto bienestar dejo la minería en las comunidades y qué costos ambientales tendrán que asumir cuando las operaciones terminen.
El terremoto no creó la deuda ambiental de Remance. La dejó expuesta. El país tiene ante sí una oportunidad para exigir responsabilidades antes de que el abandono vuelva a convertirse en herencia.
Remance no es solamente el pasado de la minería panameña. Puede ser el espejo donde Donoso termine mirándose.