A mi juicio, la insistencia de la conducción policial de Colón en presentar retenes y puestos de control como respuesta a la inseguridad revela una preocupante pobreza de estrategia. La ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que uniformados deteniendo vehículos y comunicados anunciando otro operativo.
Quien dirige la seguridad de una provincia debe demostrar que sabe protegerla. El cargo exige resultados y admite responsabilidades.
Un retén puede tener utilidad dentro de una operación justificada. Lo cuestionable es convertir su repetición en una demostración automática de eficacia. Colocar unidades en una vía es una decisión operativa; demostrar que esa decisión reduce riesgos, previene delitos y protege a la comunidad es una obligación de quien la ordena.
Por eso, la pregunta debe dirigirse al mando ¿qué resultados concretos justifican seguir apostando por este mecanismo y qué evaluación demuestra que los recursos están siendo bien utilizados?
Que presenten cifras comparables. Cuántas armas fueron recuperadas, cuántas personas requeridas fueron localizadas, qué actuaciones tuvieron sustento judicial y qué efecto se observó en las zonas intervenidas. Que expliquen también cuánto personal emplearon, durante cuánto tiempo y con qué costo para otras tareas de prevención.
La población merece conocer esa evaluación. La palabra “operativo” no puede funcionar como una contraseña que cierre toda discusión.
También hay que contar el tiempo del ciudadano. Quien se desplaza a trabajar, atender una emergencia familiar o cumplir una cita tiene derecho a procedimientos justificados, respetuosos y proporcionados. Su paciencia no es un recurso ilimitado al servicio de la comodidad institucional.
Si el principal resultado visible de una intervención es una fila de automóviles, la explicación de su utilidad sigue pendiente.
La inteligencia policial exige identificar riesgos, comprender cómo operan las estructuras delictivas y orientar los recursos hacia objetivos definidos. La investigación exige seguimiento, evidencia y coordinación. La prevención exige conocer las comunidades y responder a sus denuncias. Todo ello demanda una conducción capaz de evaluar y corregir.
Ahí está el centro de mi crítica. Una jefatura que se limita a repetir procedimientos sin demostrar su eficacia termina administrando una rutina. Y la seguridad de Colón merece mucho más que una rutina con uniforme.
Las autoridades nacionales también deben responder. ¿Con qué indicadores evalúan al mando provincial? ¿Qué metas le exigen? ¿Qué decisiones toman cuando no se cumplen? Mantener a un funcionario en su puesto es una decisión que necesita razones y compromete a sus superiores.
No corresponde exigir una condena penal para cuestionar una gestión. La responsabilidad de dirigir incluye responder por decisiones deficientes, reconocer resultados insuficientes y aceptar el relevo cuando se acredita que la conducción no está a la altura.
Tampoco se pide a la Policía que prometa una provincia sin delitos. Se le exige profesionalismo, capacidad de prevención y honestidad para reconocer lo que no funciona. La complejidad del problema obliga a trabajar mejor; utilizarla como explicación permanente sería renunciar a la responsabilidad del cargo.
Colón no tiene por qué financiar indefinidamente estrategias cuya eficacia nadie le demuestra. Que el mando presente resultados verificables, explique sus fallas y diga cómo las corregirá. Si no puede hacerlo, que entregue el puesto a quien pueda asumir esa responsabilidad.
La próxima comparecencia debería comenzar por ese balance. Para colocar conos ya sabemos que hay personal. Falta demostrar que hay dirección.