Centros de salud paralizados desde 2012, una instalación policial inconclusa y un proyecto universitario sometido a auditoría revelan una deuda de infraestructura pública que atraviesa administraciones gubernamentales. La pregunta ya no es solamente cuándo terminarán las obras, sino cuánto dinero se ha desembolsado, quién debía fiscalizarlas y quién responderá por los retrasos.
Millones comprometidos, servicios que no llegan
En Colón se ha vuelto peligrosamente habitual escuchar anuncios de inversiones millonarias sin que necesariamente se traduzcan en instalaciones terminadas y servicios disponibles para la población.
El problema no es una simple percepción ciudadana. Existen antecedentes documentados que permiten identificar proyectos retrasados, recursos públicos comprometidos y una evidente necesidad de rendición de cuentas.
El 8 de mayo de 2026, la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional informó sobre una inspección a dos proyectos sanitarios en la provincia.
Los resultados merecen atención.
MINSA-CAPSI de Cuipo
78 %
Más de B/.5 millones
MINSA-CAPSI de Nueva Providencia
61 %
Más de B/.14 millones
La Asamblea Nacional reportó que ambas obras permanecían paralizadas desde 2012, al momento de la inspección de mayo de 2026. Asamblea de Panamá
Esto significa que dos instalaciones destinadas a mejorar la atención sanitaria acumulaban aproximadamente catorce años de paralización reportada.
Los porcentajes de avance físico, por sí solos, no permiten determinar cuánto se ha pagado a los contratistas ni cuánto falta para completar las obras. Esa información requiere examinar contratos, adendas, cuentas aprobadas, desembolsos y evaluaciones técnicas.
Pero existe una pregunta inevitable.
¿Cómo se explica que una obra de salud pueda permanecer más de una década sin prestar el servicio para el cual fue concebida?
La subestación policial que tampoco se terminó
El problema alcanza igualmente a la seguridad pública.
Una investigación publicada por TVN Noticias el 20 de julio de 2026 documentó que la subestación policial de Sabanitas, con un valor superior a cinco millones de balboas, permanecía inconclusa desde 2019.
Mientras las autoridades evaluaban alternativas para recuperar el proyecto, la instalación seguía sin cumplir la finalidad originalmente prevista. Tvn Panamá
No estamos frente a una estructura ornamental. Estamos hablando de una infraestructura vinculada directamente con la prestación de seguridad a la ciudadanía.
El costo del atraso, por consiguiente, no puede medirse únicamente en dinero.
El Centro Regional Universitario de Colón bajo auditoría
El 29 de agosto de 2026, La Prensa informó sobre una auditoría de la Contraloría General de la República al proyecto de remodelación y adecuación del Centro Regional Universitario de Colón.
La contratación, identificada con el número 89-18 y valorada en aproximadamente B/.9.2 millones, fue suscrita entre el Ministerio de la Presidencia y Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A.
La información publicada describió retrasos y controversias sobre la responsabilidad contractual. La Prensa Panamá
La existencia de una auditoría no acredita por sí sola irregularidades penales o administrativas. Sin embargo, plantea interrogantes legítimas sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la supervisión técnica y el manejo de los fondos asignados.
La responsabilidad no desaparece con el cambio de gobierno
Cada administración encuentra proyectos heredados. Unos son anunciados nuevamente, otros quedan sujetos a evaluaciones y algunos terminan atrapados en controversias contractuales.
Pero el cambio de autoridades no extingue automáticamente las obligaciones del Estado ni elimina las responsabilidades que pudieran establecerse.
En esta investigación consideramos indispensables cinco respuestas.
Cuánto se ha desembolsado efectivamente por cada proyecto y quién recibió esos pagos?
Qué informes de inspección justificaron los avances físicos y financieros certificados?
Qué funcionarios autorizaron pagos, prórrogas, adendas o suspensiones?
Se impusieron sanciones contractuales o se promovieron acciones para recuperar fondos, cuando correspondía?
Existe un cronograma actualizado, técnicamente sustentado y financiado para poner las instalaciones en funcionamiento?
No se trata de atribuir delitos sin pruebas. Se trata de exigir documentación comprobable y determinar si existieron incumplimientos, omisiones de fiscalización o responsabilidades patrimoniales.
La documentación pertenece al escrutinio público
La Ley 6 de 22 de enero de 2002 reconoce el derecho de las personas a solicitar información pública sin necesidad de justificar el motivo de su petición.
Ese derecho permite requerir, con las salvedades legales correspondientes, información contractual, administrativa y financiera a las instituciones obligadas.
La Contraloría dispone, además, de la plataforma VEO, destinada a la consulta y vigilancia ciudadana de proyectos públicos. Vigilancia y Ejecución de Obras
La fiscalización periodística debe continuar mediante la revisión de expedientes y la solicitud de versiones oficiales de las instituciones y contratistas involucrados.
Necesita centros de salud atendiendo pacientes, instalaciones policiales prestando seguridad y espacios universitarios disponibles para sus estudiantes.
Una obra pública no cumple su finalidad porque aparezca en un presupuesto, porque tenga un letrero o porque alguna autoridad anuncie su reactivación.
Cumple su finalidad cuando se entrega, funciona y beneficia efectivamente a la población.
Y mientras eso no ocurra, cada contrato inconcluso representa una obligación pendiente de explicar.
Colón tiene derecho a saber cuánto se contrató, cuánto se pagó, qué recibió a cambio y quién deberá responder por lo que no se hizo.
Porque el dinero público no puede terminar convertido en concreto abandonado y responsabilidades sin nombre.